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Escándalo censal a doce días del 29-N: el INE no aclara dónde están inscritos 35.925 nacionalizados por la ley de nietos

La Abogacía del Estado reconoce ante el Supremo que solo ha localizado en el CERA a 117.723 de los 153.648 registros examinados. Iustitia Europa exige explicaciones urgentes: «El censo se revisa antes de votar, no después»

La batalla judicial por la ley de nietos destapa un nuevo escándalo censal a solo doce días de las elecciones generales del 29 de noviembre. La Abogacía del Estado ha reconocido ante el Tribunal Supremo que, de los 153.648 registros de nacionalizados sometidos a comprobación, únicamente ha localizado 117.723 en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). La diferencia es de 35.925 personas cuya situación censal no queda identificada en la documentación remitida al Alto Tribunal.

La revelación se produce en el procedimiento judicial impulsado por Iustitia Europa, tras las investigaciones de El Debate sobre las consecuencias electorales de la ley de nietos y la ampliación de la nacionalidad española mediante la instrucción de Sofía Puente del 25 de octubre de 2022. «No se puede pedir a los españoles que confíen ciegamente en un censo cuyas cifras el propio gobierno no termina de explicar», denuncia el presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo.

Los documentos incluyen un escrito de la Abogacía del Estado fechado el 13 de noviembre, un informe complementario de la Oficina del Censo Electoral (OCE) del día 11 y una providencia del Supremo del 16 de noviembre que concede a las partes hasta el jueves 19 para presentar alegaciones.

La pregunta es dónde figuran esos 35.925 registros y si alguno corresponde a personas cuyo derecho de voto está suspendido. Su ausencia del CERA no demuestra por sí misma una irregularidad: podrían estar inscritos en el censo de residentes en España (CER), no haber accedido todavía al censo electoral o encontrarse en otras situaciones administrativas. Sin embargo, la documentación presentada no permite conocer su distribución.

De 163.355 nacionalizados a 113.326 votos suspendidos

El escrito presentado por el abogado del Estado Manuel Garrido Mora reconstruye las operaciones realizadas para ejecutar las medidas cautelares del Supremo.

El punto de partida es un listado nominal elaborado por Exteriores con 163.355 registros de personas que adquirieron la nacionalidad española al amparo del primer inciso del apartado 1 de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

De los 163.355 nacionalizados incluidos en el listado de Exteriores, el Gobierno solo certificó la condición de exiliados de 901 personas, apenas el 0,55 % del total. La Oficina del Censo Electoral (OCE) excluyó inicialmente 9.707 registros correspondientes a menores de edad o personas que adquirieron la nacionalidad después del cierre del censo electoral. Quedaron así 153.648 registros.

Sin embargo, al contrastarlos con el CERA, el INE únicamente identificó 117.723. De ellos, 729 correspondían a personas cuya condición de exiliadas había sido certificada por Exteriores, por lo que quedaron excluidas de la suspensión cautelar. Las otras 172 personas con exilio certificado no aparecieron en ese contraste con el CERA.

El resultado fue de 116.994 registros. Tras depurar posibles duplicidades, quedaron 114.799 electores. Tras excluir a otros 1.283 electores inscritos antes de la Ley de Memoria Democrática y a 190 más detectados el 11 de noviembre, la cifra definitiva de votos suspendidos para el 29-N quedó en 113.326. Sin embargo, el INE sigue sin aclarar dónde están inscritos los 35.925 nacionalizados que no aparecieron en el CERA.

Pardo: «¿Dónde están? ¿En qué censo figuran?»

El presidente de Iustitia Europa considera que la documentación presentada abre un interrogante que debe resolverse antes de las elecciones. «Llevamos meses reclamando garantías electorales ante los tribunales. El Supremo ha tenido que intervenir y ahora nos presentan unas cifras que dejan 35.925 registros sin una explicación censal suficiente. ¿Dónde están? ¿En qué censo figuran? ¿Quién ha comprobado su situación? Exigimos que se cumplan las resoluciones judiciales y que cada voto se contabilice conforme a la ley», denuncia Pardo.

La formación anuncia un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo para exigir que el INE identifique la situación censal de esas personas, determine si se han producido traslados desde el CERA al CER y precise las fechas. La diferencia es jurídicamente relevante. El CERA comprende a los españoles residentes en el extranjero, mientras que el CER corresponde a quienes residen en España. La ausencia de una persona del primero no significa necesariamente que carezca de inscripción electoral.

Iustitia Europa quiere comprobar si alguno de esos registros corresponde a personas afectadas por las medidas cautelares y si su eventual traslado de censo puede tener consecuencias sobre la ejecución de la suspensión.

El INE introduce avisos informáticos para impedir el voto

La documentación revela otra novedad: la Oficina del Censo Electoral ha implantado mecanismos para identificar a los electores suspendidos tanto en los consulados como durante el escrutinio general. Según el informe del 11 de noviembre, las listas electorales remitidas a Exteriores para su utilización en las oficinas consulares excluyen previamente a los afectados.

Además, el INE ha modificado la aplicación IDA-CELEC, utilizada por los consulados para consultar los datos de los electores y expedir certificados de inscripción durante la votación presencial. Cuando se consulta a una persona afectada, el sistema muestra una advertencia sobre la suspensión de su derecho de sufragio e impide emitir el correspondiente certificado. El mismo mecanismo se ha incorporado a los ficheros que reciben las juntas electorales provinciales para realizar el escrutinio general. Si se lee el certificado censal de un elector suspendido, el sistema muestra un aviso que permite identificarlo.

La Administración asegura así haber establecido controles informáticos en dos momentos decisivos: la votación consular y el escrutinio definitivo. Sin embargo, el informe no detalla el procedimiento material completo de separación de los votos que pudieran recibirse por correspondencia de electores suspendidos. Iustitia Europa exige que se acredite cómo se impedirá su contabilización efectiva.

El Supremo exige alegaciones antes del jueves

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha reaccionado mediante una providencia del 16 de noviembre. En el procedimiento ordinario 1013/2026, pieza separada de medidas cautelares 0001, la Sala ordena trasladar el escrito de la Abogacía del Estado y el informe del INE a las partes personadas.

El plazo para presentar alegaciones termina improrrogablemente el jueves 19 de noviembre a las 15.00 horas, apenas diez días antes de las elecciones. La providencia no modifica las medidas cautelares vigentes ni declara la existencia de irregularidades en los 35.925 registros. Abre un trámite para que las partes examinen las explicaciones de la Administración.

La controversia se remonta al auto del 10 de septiembre, que acordó suspender cautelarmente determinados efectos electorales de las nacionalizaciones concedidas al amparo de la interpretación de la ley de nietos cuestionada ante los tribunales. Desde entonces, la OCE ha tenido que identificar expedientes, comprobar certificaciones de exilio, depurar duplicidades y revisar inscripciones anteriores. El resultado es una cifra oficial de 113.326 electores suspendidos y 35.925 registros cuya situación censal sigue sin desglosarse en la documentación presentada ante el Supremo.

Luis María Pardo recuerda que ya advirtió de este escenario en su denuncia ante la Junta Electoral Central y concluye con una frase que resume la urgencia del conflicto: «El censo se revisa antes de votar, no después».

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