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El Tribunal Supremo ha dado dos días al Gobierno para que acredite la seguridad de los 61.603 dispositivos contratados para leer los códigos QR del DNI digital en las mesas electorales del 29-N

El Supremo da dos días al Gobierno para acreditar la seguridad de los 61.603 dispositivos del DNI digital para el 29-N

Tras el recurso de Iustitia Europa basado en las últimas investigaciones de El Debate sobre las grietas de seguridad de los lectores QR que el Gobierno instalará en las mesas electorales, el Alto Tribunal exige a Interior que certifique los controles realizados y aporte las pruebas técnicas que los acrediten

El Tribunal Supremo ha dado dos días al Gobierno para que acredite la seguridad de los 61.603 dispositivos contratados para leer los códigos QR del DNI digital en las mesas electorales del 29-N. La decisión llega tras las últimas investigaciones de El Debate sobre las posibles grietas de seguridad de estos terminales y supone una exigencia que va mucho más allá de la solución anunciada por el Ejecutivo para permitir votar con MiDNI: no basta con disponer de lectores QR. El Ministerio del Interior deberá acreditar que los dispositivos utilizados para verificar la identidad de los electores han superado los controles de seguridad legalmente exigidos.

La resolución, dictada en el procedimiento ordinario 2317/2026, pieza de medidas cautelares 0001, responde a las actuaciones judiciales promovidas por Iustitia Europa, la formación política presidida por el abogado Luis María Pardo, que ha recurrido ante el alto tribunal la utilización del DNI digital en las elecciones.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado este 17 de noviembre una providencia en la que requiere a la directora general de Política Interior para que certifique, bajo su responsabilidad, si los 61.603 terminales contratados por el Gobierno han sido sometidos a los controles de seguridad previstos en el artículo 22 del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, que regula el Esquema Nacional de Seguridad.

El plazo concedido es de dos días desde la notificación de la resolución judicial, a solo doce días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El Supremo no se conforma con una respuesta afirmativa del Ministerio del Interior. Si el Gobierno asegura que ha realizado los controles, deberá aportar también la documentación técnica que permita justificarlos.

La decisión judicial afecta directamente al núcleo de las últimas investigaciones de El Debate: la seguridad de los propios dispositivos encargados de comprobar los códigos QR que presentan los votantes. Porque una cosa es que el código generado por MiDNI disponga de mecanismos criptográficos de autenticación y otra distinta que los terminales empleados para verificarlo hayan sido sometidos a los controles exigibles.

El Gobierno tendrá que demostrar qué controles ha realizado

El Gobierno había planteado la instalación de lectores de códigos QR como solución para que los ciudadanos pudieran identificarse con MiDNI ante las mesas electorales. Sin embargo, las investigaciones de este periódico han puesto el foco en las garantías de seguridad de esos aparatos y en la necesidad de comprobar si han sido auditados o sometidos a las verificaciones correspondientes.

El pasado 12 de noviembre, El Debate publicó las advertencias de un experto en seguridad digital de la Unión Europea sobre los lectores de MiDNI. Ignacio Alamillo y Julián Inza señalando que el riesgo se encontraba en la gestión de los terminales y distinguió entre la seguridad de la aplicación y la de los dispositivos utilizados para verificarla. Ahora el Supremo exige una respuesta oficial.

La directora general de Política Interior deberá certificar si, después de la celebración del contrato de suministro en régimen de alquiler, se han realizado sobre los dispositivos los controles de seguridad exigidos por la normativa. La precisión temporal es relevante. El Tribunal no pregunta simplemente si el fabricante ofrece garantías o si el modelo de dispositivo dispone de determinadas características técnicas. Pregunta por los controles realizados sobre los terminales contratados para las elecciones. Y si Interior confirma que se han efectuado, deberá entregar las pruebas documentales.

La providencia obligaa al Ejecutivo a justificar técnicamente las comprobaciones realizadas antes de que los aparatos se utilicen para identificar a los votantes. El Supremo deberá resolver después sobre las medidas cautelares pendientes.

Siete millones de euros y 61.603 terminales

El 3 de noviembre, El Debate reveló que el Gobierno había publicado en el BOE en pleno luto oficial por las víctimas del accidente ferroviario de Urda la orden para introducir los lectores QR en las mesas electorales. Al día siguiente, documentó que la normativa garantizaba la trazabilidad de los dispositivos, pero no la auditoría de cada identificación. Posteriormente, la investigación detalló el contrato de emergencia de 7.000.455 euros adjudicado a Telefónica Defensa y Seguridad para alquilar 61.603 terminales. Iustitia Europa ha recogido estas cuestiones en su actuación ante el Supremo y, tras la providencia del 17 de noviembre, ha solicitado el expediente íntegro de contratación, la identificación de los fabricantes y las pruebas técnicas de seguridad de los aparatos.

Tras conocer la providencia, la formación de Pardo ha presentado este mismo 17 de noviembre un nuevo escrito ante el Supremo solicitando que amplíe el requerimiento documental dirigido al Gobierno. Reclama la entrega íntegra del expediente de contratación de emergencia, incluido el acuerdo de adjudicación, el contrato y la documentación técnica disponible.

También solicita conocer la identidad de los fabricantes y suministradores efectivos de los terminales, así como su marca, modelo, sistema operativo y características técnicas de seguridad.

Hay, además, una petición especialmente significativa: identificar los dispositivos o lotes concretos sobre los que se han realizado los controles de seguridad y comprobar que corresponden a los equipos que se instalarán en las mesas electorales. La formación quiere conocer las pruebas practicadas y su correspondencia con los terminales destinados a las elecciones.

El escrito exige igualmente información sobre el tratamiento, transmisión y eventual almacenamiento de los datos personales utilizados durante la verificación criptográfica de la identidad, así como las medidas de protección aplicables.

Esta ampliación documental todavía no ha sido acordada por el Tribunal Supremo. Se trata de una petición adicional de Iustitia Europa, que solicita su tramitación urgente ante la proximidad de los comicios.

Luis María Pardo, considera que la resolución representa un avance en la exigencia de garantías para la identificación electoral. «Hemos conseguido que el Tribunal Supremo exija al Gobierno que acredite la seguridad de los 61.603 dispositivos con los que se pretende identificar a los españoles en las urnas», afirma. Pardo insiste en la necesidad de conocer las características de los terminales contratados, las verificaciones realizadas y las garantías que ofrecen.

La formación ha aportado también un dictamen pericial de un ingeniero de Telecomunicación especializado en ciberseguridad, centrado en las garantías de autenticidad de MiDNI y sus mecanismos de verificación.

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