El consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, este martes en rueda de prensa
Crisis migratoria
Andalucía reclama al Gobierno una negociación con todas las autonomías sobre el reparto de menores inmigrantes
La Junta rechaza el acuerdo bilateral entre el Ejecutivo de Sánchez y el canario para una reforma urgente de la Ley de Extranjería que alivie la presión migratoria sobre las islas
El Gobierno andaluz ha criticado este martes el acuerdo «unilateral» entre el Ejecutivo central y el de Canarias para el reparto de menores inmigrantes, «sin tener en cuenta al resto», cuando sí van a «pagar las consecuencias», y ha reclamado que haya una reunión en la que se concite la opinión de todas las autonomías.
El portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado en rueda de prensa que Andalucía tiene «la máxima sensibilidad y conciencia social» para solucionar el asunto, pero cree que todas las comunidades afectadas deben formar parte de la decisión. Así, el Ejecutivo autonómico reclama «información, estar sentados en la mesa donde se toman decisiones que afectan a Andalucía», ya que no comparte los acuerdos bilaterales.
La Junta esperará a tener «toda la información» para explicar su postura oficial, pero, «de primeras», insiste en reclamar su presencia en todos los ámbitos donde se adopten decisiones «que afecten a los andaluces».
El Gobierno de Pedro Sánchez y el de Canarias, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), pactaron ayer una reforma urgente de la Ley de Extranjería para distribuir a los menores inmigrantes no acompañados llegados a las costas españolas entre todas las comunidades autónomas y aliviar la presión migratoria sobre aquellas que registren una situación de «emergencia» en la materia, como Canarias.
Antes de su aprobación, la iniciativa será debatida en una conferencia sectorial con todas las comunidades autónomas, aunque el ministro Ángel Víctor Torres, expresidente canario, advirtió de que la norma establecerá la obligatoriedad y que el Gobierno central podrá imponer el reparto de los menores si no hay acuerdo.
Con esta reforma legislativa, el Gobierno de Sánchez pretende establecer una distribución de responsabilidades entre las regiones españolas, que tendrán que acoger de forma obligatoria a un porcentaje de los menores no acompañados llegados a Canarias.
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