Vista general del municipio almeriense de El Ejido

Vista general del municipio almeriense de El EjidoCreative Commons

Granada

El Ejido se opone a la decisión del Gobierno de acoger a 200 inmigrantes ilegales en un hotel del municipio

El alcalde de este municipio pide al Gobierno que rectifique su decisión porque El Ejido no puede soportar más presión migratoria, ya que la capacidad de acogida está desbordada

el municipio almeriense de El Ejido planta cara y se levanta ante las decisiones unilaterales en política inmigratoria del Gobierno de España, que cada vez tiene menos en cuenta la opinión de los municipios más afectados por este fenómeno.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha mostrado su rotundo rechazo a la decisión de la Subdelegación del Gobierno de alojar a casi 200 inmigrantes ilegales, que han llegado a Canarias de manera irregular, y alojarlos en las instalaciones de un hotel del casco histórico de la ciudad. Góngora ha explicado que «esta medida podría tensionar aún más la convivencia por la que llevamos trabajando durante años en una localidad que no puede soportar más presión migratoria, ya que la capacidad de acogida está desbordada».

Según la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, El Ejido no acogerá a 200 inmigrantes en situación de ilegalidad, sino a 114 personas solicitantes de protección internacional pendientes de formalizar en la provincia de Almería. Algo en lo que difiere el regidor de esta localidad, que ha insistido en que el Gobierno ha contratado 200 camas por el periodo de un año.

El regidor ejidense ha mostrado su incomprensión y se ha preguntado «¿cómo es posible que un municipio con esta presión migrante, que ya tiene que soportar la falta de inversiones del Estado, de ese principio de solidaridad con los servicios públicos, tenga ahora que aliviar a otras zonas?»

Presión migratoria más alta de España

Francisco Góngora ha asegurado que «El Ejido es el municipio de España que presenta la presión migratoria más alta del país, ya que cuenta una población de 90.000 habitantes en la que más del 30% es de origen extranjero. Además, de los 29.100 extranjeros que hay, 4.000 son irregulares con carácter permanente».

A pesar de las dificultades económicas y de la falta de apoyo por parte del gobierno central, el municipio ha creado del Consejo Municipal de la Integración, en el que da cursos de formación en ciudadanía, explica las costumbres o normas de convivencia, da formación en lengua española y talleres para las mujeres inmigrantes.

Góngora pide al Gobierno que rectifique su decisión y solicita más efectivos de la Guardia Civil, tanto marítimos como aéreos porque «sumamos 27 kilómetros de costa, siendo punto de entrada de inmigración ilegal, con mafias que actúan con impunidad con las llamadas ‘narcolanchas’ y recibiendo pateras, a lo que tenemos que hacer frente a diario con una falta total de efectivos y medios terrestres, marítimos y aéreos».

El regidor ha solicitado por escrito al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, una reunión para abordar todas estas cuestiones y un refuerzo de medios, pero no ha obtenido respuesta.

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