El exdirector de la Faffe Fernando Villén, a su salida de la Audiencia de Sevilla, en una imagen de archivo
La causa de la corrupción y malversación en la Faffe se reactiva: el juez imputa a 21 personas
El magistrado ve «indicios» de delito en 84 contratos 'a dedo' en la Junta de Andalucía bajo gobiernos socialistas
Un total de 21 personas han quedado imputadas por posibles delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en la causa de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), relacionados con la contratación de proveedores de servicios y personal.
En el auto, con fecha del 30 de enero, el juez que investiga la causa acuerda ampliar las investigaciones por otros seis meses más. De momento, serán citados a declarar en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, entre el 11 de mazo y el 1 de abril, una docena de directivos, jefes de área y técnicos de la extinta fundación. Entre ellos, figuran el ex director general del organismo, Fernando Villén, su hermano Manuel, y la ex directora económica, Anna Valls, que ya fueron condenados en el pasado por el uso de las tarjetas en los prostíbulos.
Irregularidades en la contratación
Todos estos indicios de delito en la extinta fundación acaecieron cuando el PSOE gobernaba la Junta de Andalucía. El magistrado José Ignacio Vilaplana analiza dos vías distintas para concluir que hubo o pudo haber esa malversación y prevaricación: por un lado, concesiones de ayudas del SAE (Servicio Andaluz Empleo) para contratos de personal, servicios y proveedores; y por otro, contrataciones a ‘dedo’. Hasta 84 personas pudieron entrar a trabajar en la Faffe ‘enchufados’, en lo que se conocía como una ‘administración paralela’ sin un proceso legal, propio de cualquier concurso público. El caso más vergonzoso, el de ex alcalde socialista de Lebrija.
Así, estas personas se integraron en personas público con sueldo de la Junta, manteniendo una categoría que no les correspondía «en distintos puestos» creados ad hoc. Además, el juez encuentra «irregularidades» en la contratación de proveedores, que fueron llevadas a cabo mediante licitaciones y adjudicaciones de contratos a favor de diferentes empresas al margen de la legalidad administrativa.
Para más inri, todo esto sucedió en los años 2008, 2009 y 2010, cuando se quebraron «los principios de libertad de acceso a las licitaciones» e incluso «a la publicidad, obstaculizando así la libre concurrencia».
Según pasaron los años, la entidad, presidida por Fernando Villén, llegó a tener alrededor de 1.200 empleados durante su existencia, estando en funcionamiento hasta 2011. Posteriormente, fue disuelta e integrada en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que absorbió su estructura.
Tal y como ha denunciado el PP-A en numerosas ocasiones, la Faffe «se convirtió en un vergonzoso espejo del abuso y el derroche que ha plagado a los gobiernos socialistas andaluces durante años».
Si bien fue concebida como un instrumento para formar a los desempleados de Andalucía, en la práctica, «se convirtió en una agencia de colocación para miembros, familiares y amigos del PSOE Andaluz, garantizando sueldos considerables y seguridad laboral sin importar la competencia o la ética».
