El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo
Andalucía recurrirá ante el Constitucional el reparto de menas de Sánchez
La Junta denuncia que se invaden las competencias de las comunidades autónomas y que el Ejecutivo central no aporta los fondos suficientes para poder atender a los menores
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha instado este miércoles a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad a iniciar las actuaciones necesarias para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el reparto de menores extranjeros no acompañados (menas) pactado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y Junts, el partido del prófugo Carlos Puigdemont.
La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno la decisión de su Ejecutivo de recurrir el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
El Gobierno andaluz considera un agravio el reparto de menas y denuncia que se invaden las competencias de las comunidades autónomas y que el Ejecutivo central no aporta los fondos suficientes para poder atender a los menores.
Según la consejera, la decisión adoptada este miércoles supone el «pistoletazo de salida» del recurso, de forma que cuando sea efectivo se conocerán las cuestiones por las que se presenta.
Preguntada sobre si hay un cálculo de cuánto puede suponer para Andalucía acoger a esos nuevos menores, la también consejera de Economía ha dicho que no se ha calculado exactamente esta situación, aunque ha recordado que para los casi 600 inmigrantes que se «colaron por la puerta de atrás», al considerarlos menores cuando eran mayores de edad, tuvo un coste de 17 millones.
La portavoz del Ejecutivo andaluz ha añadido que la Junta va a seguir insistiendo en que la distribución planteada por el Gobierno es «de una deslealtad absoluta» desde el momento en que en la comisión sectorial no se informó de ella, pactada con Junts para que a Cataluña solo fueran 26 menas, una cifra que contrasta con los casi 800 que llegarían a Andalucía.
Ha indicado que el Gobierno andaluz, desde el primer momento, iba a acatar la ley pero que también se iba a poner esta decisión en manos de los servicios jurídicos, porque el acuerdo del Ejecutivo de Pedro Sánchez no solo va contra la Constitución, sino contra el Estatuto de Autonomía.
La consejera se ha preguntado cómo es posible proceder a este reparto sin hablar con las comunidades autónomas y con una ausencia de medios y de infraestructuras, una previsión que «brilla por su ausencia» en manos del Gobierno porque los recursos de acogida en Andalucía están ya al 96 por ciento.
Considera que el reparto «injusto» de menas provoca un desequilibrio y pone en riesgo el sistema de distribución de los menores que «colapsa y revienta el sistema», según ha recalcado la consejera, quien ha añadido que en el caso de Andalucía la infraestructura está «al límite».
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recalcaba a principios de este mes que era «probable» que su Gobierno recurriera en los tribunales el reparto de menores migrantes no acompañados acordado por el Ejecutivo nacional con Junts, porque es un «atropello total».
Moreno insistía en el «agravio absoluto» del Gobierno central con el asunto del reparto de menores migrantes no acompañados y, sobre todo, que el líder de Junts, el prófugo Carlos Puigdemont, «a 2.500 kilómetros nos dice a 49 millones de españoles lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer». Ante ello, criticaba que Cataluña no pusiera «los datos sobre la mesa» y planteaba por qué «tiene que recibir menos menores no acompañados que el resto de comunidades autónomas».
