Un restaurante de lujo y un sindicalista como 'chef': así se 'cocinó' otro fraude en la Andalucía de los ERE

En Sevilla, concretamente en la calle Betis, a orillas del Guadalquivir, se encuentra el restaurante Río Grande, famoso por su privilegiada ubicación, con vistas a la Giralda y la Torre del Oro, y por su cocina y selecta clientela. No obstante, en el pasado, y bajo otra propiedad, se coció en sus fogones algo mucho más turbio que un plato mal servido: un presunto fraude millonario con cargo al fondo de reptiles de la trama de los ERE.

En 2005, la entonces propietaria de Río Grande, María del Carmen García, decidió recurrir al mecanismo de ayudas públicas para pagar las indemnizaciones por despido de 12 empleados, presentando un expediente de regulación de empleo (ERE). El problema es que, económicamente, no tenía motivos reales para hacerlo. La empresa, lejos de atravesar una crisis, acababa de cerrar 2004 con más de 1,2 millones de euros en beneficios.

Para ello contactó con la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía, dirigida entonces por el ya fallecido Francisco Javier Guerrero, que estaba entregando subvenciones de forma arbitraria a través del conocido sistema de los ERE fraudulentos. En el proceso fue fundamental el papel de Juan Lanzas, un antiguo sindicalista de UGT que hacía de intermediario entre empresarios y altos cargos de la Junta de Andalucía socialista.

La mujer de Juan Lanzas, Beatriz N. M.; Antonio Albarracín y Francisco González, directivo y comercial de la consultora Vitalia, respectivamente; Eduardo L. D. R., miembro de la empresa Atrado Mensajería, y un abogado del bufete Estudios Jurídicos Villasís, Carlos L. B., completaban el engranaje. Todos ellos, según la Fiscalía, formaban parte de una trama para obtener fondos públicos de forma ilícita, cobrando comisiones encubiertas mediante facturas falsas, 'pagos cruzados' y rentas vitalicias que no quedaban reflejadas en los registros públicos.

El sistema de 'pagos cruzados' permitía, supuestamente, desviar fondos públicos sin que quedaran registrados formalmente en las cuentas oficiales. La consultora Vitalia, con la colaboración del despacho de abogados Estudios Jurídicos Villasís, facilitó la tramitación irregular del ERE, incluyendo como intermediario a Juan Lanzas, quien usó su influencia y relaciones sindicales para agilizar la concesión fraudulenta.

La empresa Atrado, propiedad de Lanzas, fue usada para facturar, recibir fondos públicos y generar dinero en efectivo para repartir entre los implicados. Beatriz N. M. debe sentarse en el banquillo de los acusados, precisamente, por su papel en la recepción de estas cantidades, que se entregaban como comisiones por la intermediación en la concesión de las ayudas.

La trabajadora fantasma

Uno de los episodios más grotescos de esta historia fue la inclusión de una mujer llamada Carmen Fontela en el ERE del restaurante. Según la investigación, nunca trabajó en Río Grande, pero fue incluida en la lista de despedidos y recibió más de 155.000 euros en prestaciones. De esa suma, solo una pequeña parte quedó en sus manos. El resto, presuntamente, fue repartido entre los integrantes de la trama, convirtiéndola en una intrusa del ERE.

El expediente de Río Grande incluía además a una trabajadora que fue contratada apenas tres meses antes de cumplir los 65 años, edad que ya había alcanzado cuando se autorizó el expediente. A pesar de ello, fue incluida para recibir una indemnización financiada casi en su totalidad por la Junta de Andalucía.

En total, el ERE permitió despedir a 12 de los 33 empleados del restaurante alegando motivos organizativos. Sin embargo, no se presentó ningún informe económico que justificara la falta de recursos de la empresa. A pesar de esta carencia, la Junta asumió el 90,7 % de los costes de las indemnizaciones, con una media de 140.693,29 euros por trabajador, según el juez.

El juicio, 20 años después

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla inició el juicio sobre el ERE de Río Grande este pasado jueves, 20 años después de los hechos encausados y después de que se suspendiera el pasado mes de marzo a petición de la defensa de Juan Lanzas, quien se ausentó de esta primera sesión por causa médica, al estar sometiéndose a una intervención quirúrgica.

La Fiscalía Anticorrupción presentó cargos en 2021 contra ocho personas, incluyendo a Lanzas, su pareja, la antigua dueña del restaurante, los directivos de Vitalia, el abogado del bufete implicado en la trama y la intrusa Carmen Fontela. Entre los delitos que se les imputan están la prevaricación y la malversación de caudales públicos.

Se da la circunstancia de que el Ministerio Público ha rebajado su petición de cárcel a tres años para todos ellos, excepto para Fontela, para quien pide dos, en virtud del artículo 65.3 del Código Penal, que admite «la pena inferior en grado a la señalada por la ley» para los cooperadores necesarios.

Aparte de las penas de prisión, la Fiscalía exige que todos los acusados, excepto Carmen Fontela, devuelvan 1.531.299,51 euros a la Junta de Andalucía por los daños y perjuicios causados. Fontela, en particular, debería restituir 155.427,74 euros a la Administración autonómica. A Juan Lanzas y al abogado Carlos L. B. se les pide además 93.090,17 y 26.054,56 euros, respectivamente, por las ganancias supuestamente obtenidas mediante el fraude.

La historia del restaurante es solo un capítulo más de un escándalo mayor, pero resume bien el patrón: empresas que se beneficiaban de subvenciones públicas sin cumplir requisitos; funcionarios y consultores que lo permitían o directamente promovían, y una red de intermediarios que se lucraba con ello. Todo, a costa del contribuyente y con dinero destinado a quienes realmente necesitaban ayuda. Así funcionaba la Junta de Andalucía en la época del PSOE.