Almería, desprotegida frente al narco: patrulleras viejas, ningún helicóptero y 'petaqueo' sin castigo

La provincia de Almería se encuentra al borde de una crisis de seguridad sin precedentes, debido al auge del narcotráfico y la inmigración ilegal, que se ha convertido en un negocio emergente para las propias mafias de la droga. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) han denunciado la falta de recursos y avances legislativos, que sitúan a los agentes en clara desventaja frente a estas mafias.

Ambas organizaciones señalan que el Congreso acumula un retraso inaceptable en dos iniciativas clave: la declaración de Policía Nacional y Guardia Civil como profesiones de riesgo, con hasta 39 prórrogas, y la modificación del Código Penal para castigar el petaqueo, pospuesta en 21 ocasiones. En este segundo caso, el bloqueo legislativo deja a los agentes sin respaldo jurídico ante quienes suministran combustible a las narcolanchas.

La presencia de embarcaciones petaqueras es cada vez mayor en la provincia. Las calas del Parque Natural de Cabo de Gata se transforman incluso en narcogasolineras improvisadas cuando hay temporal; una situación que denuncian recurrentemente los alcaldes de la zona ante la «dejación de funciones» del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien reclaman una respuesta frente a estas narcolanchas auxiliares.

Sin embargo, pese a este auge del narcotráfico y el petaqueo, las fuerzas del orden no disponen de helicópteros ni de ningún otro medio aéreo en la provincia. Además, los sindicatos policiales advierten de que las embarcaciones disponibles están obsoletas, en contraste con las gomas, rápidas y perfectamente equipadas, de las organizaciones criminales. Esta brecha tecnológica convierte cada operación en un reto casi imposible para las patrullas que vigilan la costa.

La inmigración ilegal complica aún más el trabajo policial, especialmente en verano, cuando se multiplica la llegada de pateras a las costas de Almería. Los sindicatos denuncian que la aplicación de la Ley de Extranjería se ve limitada por la falta de acuerdos bilaterales con países de origen y tránsito como Argelia o Marruecos, de donde suelen proceder los ocupantes de estas embarcaciones. Esto provoca que numerosos procedimientos de devolución queden bloqueados.

Los sindicatos reclaman también que Andalucía sea reconocida como 'Frontera Sur' para dotar a los cuerpos policiales de los recursos necesarios para afrontar su realidad geográfica y social, teniendo en cuenta que la mayoría de la droga y de la inmigración ilegal entra por la costa. Los profesionales subrayan que la situación actual no solo afecta a los agentes, sino que tiene consecuencias directas sobre la seguridad de la población.

Hace unos días, representantes de la AUGC y el SUP se reunieron con la diputada nacional del PP Maribel Sánchez Torregrosa para analizar la complicada situación que atraviesan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia, sobre todo tras el verano. Torregrosa se comprometió a trasladar sus demandas al Congreso, subrayando que «no pueden seguir demorándose medidas que afectan directamente a la seguridad y protección de quienes velan por la ciudadanía en nuestras costas».