Detenido el presidente de la Diputación de Almería (PP) por contratos irregulares en la compra de mascarillas

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido este martes al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, así como al vicepresidente de la institución provincial, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos ellos políticos del PP, dentro de una investigación por corrupción en la compra de mascarillas.

Tanto Giménez como Sánchez ya se encontraban investigados judicialmente dentro del conocido como caso Mascarillas, que indaga presuntas comisiones ilegales en contratos de suministro de material sanitario adjudicados por la Diputación durante la pandemia.

La investigación está siendo dirigida por un juzgado de instrucción de Almería y no guarda relación con los casos de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en los que están involucrados José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García.

Los agentes han accedido al Palacio Provincial a primera hora de este martes, sobre las 8:00 horas, para realizar un registro exhaustivo en despachos de Presidencia y ordenadores, conforme al auto judicial emitido por la instructora, María Belén López, que había solicitado expedientes relacionados con las contrataciones. Además, se prevén registros en domicilios particulares a lo largo del día.

La investigación busca esclarecer el posible cobro de comisiones ilegales mediante la adjudicación de un contrato de material sanitario por valor de 2.036.186,24 euros mediante un procedimiento de urgencia realizado en abril de 2020, ya que el coste del mismo hecho efectivo al proveedor no alcanzó el millón de euros y se observan indicios de posibles mordidas.

En el marco de la investigación judicial, el PSOE solicitó el pasado mes de octubre a la juez instructora que llamase a declarar como testigo al presidente de la Diputación al considerar que había una «falta de concordancia» entre las declaraciones de los testigos y los investigados.

Caso abierto en 2021

El caso, que hasta ahora mantiene a 14 personas y a siete empresas bajo investigación judicial, estalló en junio de 2021, cuando la UCO procedió a realizar un registro en las dependencias del Área de Fomento, principalmente. En ese momento, el entonces vicepresidente tercero de la Diputación, Óscar Liria, estaba al frente de este departamento, de modo que fue arrestado y enviado durante varios meses a prisión preventiva.

Durante aquel registro se hizo entrega del expediente de contratación del material sanitario con Azor Corporate Ibérica, así como de otros 16 expedientes de obras adjudicados a la empresa Pulconar, cuyo administrador es Kilian L. S., también investigado por su relación con Liria y por su papel como nexo entre la Diputación y la empresa suministradora.

El contrato investigado originalmente preveía la adquisición de 500.000 mascarillas, así como monos de protección y guantes de nitrilo, mediante el decreto firmado el 8 de abril de 2020 por un importe superior a los dos millones de euros a través de un expediente que se instruyó a través de Presidencia. Liria fue el que dio el nombre de Azor a Presidencia para realizar ese contrato.