La Guardia Civil encuentra una huella que apunta a Moncloa en la filtración del audio que Puente usó para culpar a un técnico

La Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo ha encontrado una huella que apunta a Moncloa en la filtración de los audios del centro de control de Adif que se publicaron la noche del accidente de Urda. Según ha podido saber El Debate, las pesquisas de los investigadores han hallado el rastro de la secretaría de Estado de Comunicación en los metadatos de las grabaciones que difundieron medios próximos al Gobierno. El hallazgo se ha producido en el marco de las diligencias técnicas de oficio, a la espera de que la magistrada acuerde abrir una pieza separada por un presunto delito de revelación de secretos.

Entre los detalles a los que ha tenido acceso este periódico, los agentes ya han accedido a las grabaciones originales completas. Las han extraído directamente de los sistemas informáticos de Adif en la estación de Atocha. En paralelo, las están comparando con las versiones que se publicaron para comprobar si fueron editadas o recortadas. Los investigadores quieren saber si lo que se escuchó fue la conversación íntegra o una selección.

Los agentes están cotejando la huella digital, denominada hash, del archivo original con la de los ficheros difundidos y analizan los metadatos de estos últimos. Es decir, el formato y el códec de compresión, el programa con el que se editó o exportó el audio, las fechas de creación y modificación, el nombre del archivo y los campos de autoría. Según las pesquisas, es en ese último apartado donde aparece un rastro que apunta a la secretaría de Estado de Comunicación y a un envío selectivo mediante WhatsApp.

También están analizando si hubo cortes y la cinta se difundió editada. Los investigadores comprueban si los fragmentos que publicaron los tres medios coinciden al segundo, con los mismos silencios y los mismos recortes. Si coinciden, significa que no hubo una edición propia de cada redacción, sino que partieron de un mismo material ya preparado. De la misma manera, los agentes han solicitado el control de accesos de esos audios para saber quién entró en ellos y quién los descargó.

El audio se extrajo del sistema de registro del centro de control de Atocha el mismo 28 de octubre, el día del accidente. La cinta pasó por la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif, la presidencia del ente y el gabinete del ministro. Tres horas después, acabó en la prensa. La causa está blindada. La juez del Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz, que investiga el siniestro, acordó el secreto de sumario. Por eso nada de lo anterior ha trascendido hasta ahora. Y por eso la investigación del origen de la filtración se limita, de momento, a lo que sale de las diligencias técnicas.

El Debate se ha puesto en contacto con la secretaria de Estado de Comunicación para conocer su versión de los hechos pero se ha negado a hacer declaraciones.

El miércoles 28 de octubre, a media tarde, el ministro de Transportes, Óscar Puente compareció en el Centro de Control de Adif en Madrid. Era la primera vez que señalaba al operario del centro de control. Calificó de «inexplicable» la decisión de ordenar al AVE que continuara y dijo que «es el origen del accidente». Según el ministro, la orden de reanudar la marcha se dio sin limitar la velocidad, cuando los protocolos exigen circular «a la vista» a unos 40 kilómetros por hora. Anunció también que se investigarán las responsabilidades de un operario con experiencia. Puente reconoció que escuchó las grabaciones antes de que se publicaran.

El Sindicato de Circulación Ferroviario presentó el viernes 30 de octubre un escrito en el juzgado de Orgaz pidiendo que se abran las diligencias «a fin de esclarecer el origen de la filtración». Sostiene que los audios debían estar bajo custodia oficial y que se difundieron sin anonimización suficiente. UGT ha anunciado que denunciará las filtraciones y CCOO exige el «inmediato cese» del ministro y llama «absolutamente irresponsable» a la filtración. CSIF la califica de «infamia». Semaf y CGT piden que se investigue su origen y varios sindicatos acusan a Puente de haber convertido al trabajador en un «chivo expiatorio». Puente descartó dimitir el 30 de octubre y también este martes. El accidente ha dejado al menos 69 víctimas mortales.