Sánchez, contra las cuerdas: le obligan a explicar su ayuda en las reuniones entre Zapatero y «Julito» Martínez en espacios del Estado

Unas horas antes de que la Policía Nacional detuviera a «Julito» Martínez, el presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, ambos se reunieron en un espacio propiedad del Estado, con escoltas sufragados por el erario y entre sospechas de que intentaban capear la tormenta, desvelada por Alejandro Entrambasaguas en este periódico, que puede acabar con el expresidente socialista condenado a muchos años de prisión.

Y, hasta ahora, el «ahijado» político de la leyenda del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho todo lo posible para auxiliar a su mentor, intentando esconder la sorprendente utilización de espacios públicos para reuniones siniestras y manteniendo el discurso de la inocencia y el valor político de un dirigente muy cerca del banquillo. Todo eso ha saltado por los aires con una resolución legal que pone al actual líder socialista contra las cuerdas y, por primera vez, le obliga formalmente a dar explicaciones.

Moncloa no puede seguir parapetándose tras la excusa de la Seguridad Nacional y debe explicar por qué facilitó secretamente la entrada de Zapatero para reunirse con ‘Julito’ Martínez, su presunto testaferro en los negocios por los que el expresidente se encuentra ahora investigado en la Audiencia Nacional. El Debate desveló la reunión celebrada en los terrenos públicos especialmente protegidos de El Pardo entre el expresidente Zapatero y su presunto testaferro, Julio Martínez. Se trata de una zona protegida por Acuerdo del Consejo de Ministros del 26 de agosto de 2025 y perteneciente Patrimonio Nacional a la que Zapatero pudo acceder acompañado de sus escoltas.

El Gobierno se agarró nada menos que a la excusa de la seguridad nacional para mantener la furtiva reunión en el más absoluto secreto, pero ahora, gracias a este periódico, la Presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva, nombrada por el propio Sánchez, tendrá que explicar por qué Zapatero pudo acceder a una «zona de acceso restringido» para reunirse con quien tan solo 72 horas después fue detenido por la UDEF.

La mano derecha de Sánchez en Patrimonio Nacional debe poner ahora sobre la mesa todos los documentos que hicieron posible que el expresidente pudiera disfrutar de una zona restringida y de cuyo uso se sirvió personalmente para sus actividades, las mismas que le han sentado ante la Justicia. Zapatero ya está acusado de organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales, a los que se les añaden los delitos de contrabando y contra la Hacienda Pública por las joyas encontradas en la caja fuerte de su despacho, a lo que hay que sumar la petición de Anticorrupción de que se agregue el delito de malversación.

Ahora, ha sido el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), en su resolución 2026-1096 de este 21 de octubre, el que enmienda la plana a Patrimonio Nacional, después de que los servicios jurídicos que asesoran a El Debate alegaran que la zona está restringida no «por motivos de seguridad pública, sino por motivos medioambientales», según manifiesta Julio R. Naranjo, Socio Director General de la firma ITCD personada en este procedimiento.

Se supone que cualquier persona, para acceder a un espacio limitado, tiene que pedir una autorización, esa autorización puede ser concedida o denegada y tiene que haber un responsable que emita la autorización y, una vez concedida, trasladarla a los funcionarios oportunos que han de ejecutarla. Todo ello, con el correspondiente soporte documental, que ahora tendrá que hacerse público para conocer quién permitió que Zapatero utilizase un espacio público protegido para sus negocios privados y reunirse con «Julito» Martínez, su presunto testaferro, detenido por la UDEF 72 horas después del encuentro furtivo desvelado por El Debate.

Así, el CTBG considera que la excusa de proteger la seguridad nacional no puede ser un argumento genérico para seguir ocultando una información que permitiría conocer la verdadera implicación del Gobierno, ya que, por ejemplo, la normativa reguladora del acceso a esta finca «reviste un indudable interés público», al igual que la copia de la solicitud de acceso cursada por Zapatero y su concesión, si es que realmente existen.

Del mismo modo, estima que las instrucciones que permitieron el acceso del expresidente y sus escoltas a la finca no son procedimientos operativos de seguridad, tal y como sostenía Patrimonio Nacional, sino que «aluden a unas actuaciones específicas, dirigidas a unos destinatarios concretos» y, por tanto, con un evidente interés público dadas las circunstancias.

Sánchez intenta proteger a Zapatero tras su reunión en un monte público

No obstante, El Debate ya demostró cómo Sánchez intentó proteger al expresidente al reconocer que no dio ninguna instrucción, «ante la evidencia de la realización de actos presuntamente delictivos por los interlocutores del expresidente del Gobierno, amparados y facilitados por funcionarios del Estado y la escolta del expresidente, para impedir la utilización de recursos públicos en tales actividades», tras insistir en que el jefe del Ejecutivo no posee ningún informe «alertándole de la utilización de recursos públicos por parte del expresidente Rodríguez Zapatero», pese a que acudió allí acompañado de sus escoltas.

Además, cabe recordar que Julio Martínez sería detenido por la UDEF tan solo 72 horas después de aquel encuentro amparado desde Moncloa, en el marco de una investigación internacional que consideraba que el dinero público español concedido para el rescate de la aerolínea Plus Ultra se habría usado para devolver unos préstamos a una empresa radicada Suiza, y a través de este entramado se habrían llevado a cabo operaciones de blanqueo de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)».

Pero este fue solo el inicio de una investigación que ha ido más allá y que ha terminado con la imputación de Zapatero por haber recibido una jugosa comisión, –el 1% de los 53 millones del rescate– por la intermediación del expresidente en su concesión, tal y como declararon en la Audiencia Nacional los dirigentes de la aerolínea. Según la investigación, esta mordida se desglosó en pagos efectuados a varias empresas controladas por Julio Martínez, que habría hecho las veces de testaferro de Zapatero, y a la empresa de las hijas del ex presidente, Whatthefav.

De hecho, en su declaración ante el juez Calama, Martínez reconoció que él era «el enlace» entre los directivos de Plus Ultra y el expresidente del Gobierno e iba «informando al presidente Zapatero de las necesidades o no en el caso de Plus Ultra», ya que su rutina pasaba precisamente por ir correr a este paraje restringido de El Pardo y después desayunar y hablar de sus negocios.

Además, puso sobre la mesa los vínculos del expresidente socialista con otros negocios en Venezuela, que le habrían servido para seguir amasando grandes cantidades de dinero a través de los hermanos Amaro, unos empresarios del país caribeño que tenían un acuerdo de participación con el régimen de Nicolás Maduro y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, para la explotación de petróleo y «tierras raras», gracias a las labores de intermediación de Zapatero.

Junto a ello, la investigación a Zapatero y los registros en su despacho de la calle Ferraz reveló la existencia de unas joyas de dudosa procedencia, cuyo valor rondaría los 1,3 millones de euros según la tasación realizada por Ansorena, y que el expresidente ha tratado de argumentar que fueron un regalo del rey de Arabia que recibió en 2007. Sin embargo, no ha aportado ninguna prueba de ello y no aparecen en el listado de regalos recibidos durante su estancia en Moncloa. De hecho, según ha revelado Alejandro Entrambasaguas, un testigo ha asegurado en la Fiscalía Anticorrupción que estas alhajas fueron entregadas al expresidente Zapatero en el año 2019, como una mordida por llevar el AVE a Arabia Saudí.

Un triángulo entre Moncloa, el PSOE y Zapatero

Pero estas joyas no fue lo único relevante que salió de los registros efectuados en la oficina del expresidente, sino que permitió aflorar un triángulo de complicidades entre Zapatero, el PSOE y Moncloa. De hecho, las joyas aparecieron en una caja fuerte ubicada en la oficina del jefe de Gabinete de Zapatero, que resultó ser su primo, José Miguel Vidal Zapatero, un asesor de nivel 30, cuyo coste anual cercano a los 100.000 euros corre a cuenta de Presidencia del Gobierno, gracias al Estatuto de los Expresidentes del Gobierno.

Además, existe un segundo puesto en la Oficina de Zapatero que él libremente escoge y Presidencia del Gobierno designa como parte de su personal de confianza. Se trata de Judith Laure Wells Sutton, una persona que también consta en el acta del registro practicado por la UDEF en el despacho que compartía con la polémica Gertrudis Alcázar, investigada como «pieza operativa esencial dentro de la red organizada» según el juez Calama.

En concreto, en el registro «de la habitación número 1, despacho de doña Gertrudis y doña Judith», según consta en el acta de entrada y registro del 19 de mayo del 2026, la policía judicial se incautó de diversas carpetas y agendas con información delicada. Asimismo, a Judith Wells Sutton se le intervinieron en su ordenador dos cuentas de correo electrónico vinculadas directamente al PSOE, lo que demuestra la relación entre las tres partes.

El instructor, en su auto de imputación a Zapatero, definió a esta oficina como el lugar desde donde «se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria» de la trama. Además, recoge cómo Zapatero remitía «gestiones y directrices a través de dos empleadas administrativas, María Gertrudis Alcázar Jiménez y Judith Laure Wells Sutton, que dan cobertura formal y documental a su ilícita actividad, desde la oficina ubicada en la calle Ferraz».

Pero, además de los recursos regulados en el RD 405/1992 que cubren, entre otros, los gastos por atenciones sociales y, en su caso, alquileres de inmuebles, que el Gobierno aún sigue escondiendo, gracias a una dotación anual de alrededor de 75.000 euros, Zapatero cuenta con los beneficios de la protección de un pasaporte diplomático, renovado en junio de 2025, pese a que por aquellos entonces las sombras ya se cernían sobre él. Junto a ello, Zapatero dispone de un coche oficial y un dispositivo de seguridad, es decir, sus escoltas, que, según la investigación, utilizaba para hacer algunos recados e incluso realizar reservas en restaurantes para reunirse con su amigo y comisionista Julio Martínez, como en el caso de la marisquería Portonovo.

Esta reunión reviste una especial importancia pues los investigadores creen que ahí se gestó la idea de crear una sociedad offshore en ‘Dubai’ para canalizar la comisión ilegal por el rescate de Plus Ultra. Zapatero aseguró no recordar nada de este asunto durante su declaración ante el juez. Sin embargo, el otro comensal, ‘Julito’, sí confirmó la asistencia del expresidente, ya que «no era lo habitual», pero aseguró que la sociedad no se llegó a constituir, por lo que las mordidas se habrían canalizado a través de otras empresas.