Zapatero utilizó su escolta policial para hacer una reserva en un restaurante de lujo para el comisionista Julio Martínez

Las investigaciones que giran entorno al expresidente Zapatero han puesto de manifiesto, tal y como ha desvelado El Debate, la conexión existente entre las estructuras de Moncloa, el PSOE y el propio expresidente Zapatero. Además del uso de una oficina que cuenta con una dotación presupuestaria de carácter público, a la que se suma la existencia de dos trabajadores de Presidencia del Gobierno, se manejan cuentas de correo del PSOE, como en el caso concreto de Gertrudis Alcázar, y los agentes han reflejado en sus informes que el expresidente utilizaba sus escoltas para fines personales y estrechamente vinculados con la trama que investiga el juez del ‘caso Plus Ultra’.

En concreto, el informe 1907/26 de la UDEF del pasado 22 de abril, muestra un dato muy revelador: el uso de la escolta oficial de Zapatero para otros fines distintos a su protección. El informe detalla, respecto a las «instrucciones en relación a la constitución de una sociedad en Dubái», cómo Gertrudis Alcázar enviaba un correo electrónico desde la cuenta del expresidente a Cristóbal Cano, gestor de Julio Martínez, en la que ésta le facilita «el contacto del restaurante Portonovo, donde según refiere existen problemas de comunicación para realizar una reserva».

«Finalmente – describen los investigadores- la reserva se realiza y, para formalizarla, acude un escolta de José Luis Rodríguez Zapatero. La reserva es para dos personas, a nombre de Julio». Además, los agentes consideran que, «del hecho de que la iniciativa parta de Gertrudis como del empleo de un escolta, se deriva que necesariamente las instrucciones tienen que partir de José Luis Rodríguez Zapatero, que concierta una reunión a la que tiene que acudir Julio Martínez».

Esto implica nuevamente una connivencia general entre todas las partes implicadas: Moncloa, Zapatero y el PSOE. Según las fuentes jurídicas consultadas esta situación podría abrir la puerta a la imputación del expresidente por un delito de malversación pues estaría utilizando los recursos del Estado en su propio beneficio: una oficina, dos empleados públicos y unos escoltas a los que utiliza para hacer recados, relacionados con la trama, además de gastos de atenciones de carácter social.

De hecho, la cápsula de seguridad del expresidente también estuvo presente en la reunión clandestina que mantuvo con el empresario Julio Martínez. Una cita que realizó en el monte de El Pardo y rodeado de escoltas, tan solo 72 horas antes de la detención del intermediario de Plus Ultra del que recibió jugosas cantidades de dinero, pero Sánchez optó por darle cobertura legal aduciendo «razones de seguridad nacional».

En concreto, según Moncloa, explicar por qué Zapatero fue escoltado con un gran despliegue policial como el que desveló la exclusiva de El Debate pondría en peligro la vida de Zapatero, suponiendo nada menos que un riesgo y «un perjuicio para la Seguridad Nacional».

Es más, Presidencia reconoció que Sánchez no había dado ninguna instrucción, «ante la evidencia de la realización de actos presuntamente delictivos por los interlocutores del expresidente del Gobierno, amparados y facilitados por funcionarios del Estado y la escolta del expresidente, para impedir la utilización de recursos públicos en tales actividades».

Del mismo modo, no poseía ningún informe «alertándole de la utilización de recursos públicos por parte del expresidente Rodríguez Zapatero para sus actividades privadas y en su beneficio exclusivo sin ningún encargo institucional», pese a que los escoltas del expresidente le acompañaban en la cita y también se han encargado de otras gestiones, como la reserva en un restaurante que han desvelado los investigadores de la UDEF en su informe.

Además, tampoco tendría en su poder ninguna copia de los informes facilitados por estos miembros del equipo de seguridad sobre las actividades mantenidas por el expresidente en los últimos tiempos, lo que lleva a pensar que Sánchez no ha tenido ninguna intención de frenar el carácter lobista de la actividad de Zapatero ni interesarse por la legalidad de sus labores.

La oficina del expresidente Zapatero

La oficina del expresidente, cuyo gasto público habría ascendido a alrededor de dos millones de euros desde que Sánchez llegó a Moncloa, «no constituiría un mero espacio administrativo, sino que desde allí se opera como un núcleo de emisión de instrucciones que serían canalizadas en parte a través de los distintos soportes informáticos, concretamente, desde los equipos que usa el personal a su disposición, según se ha podido saber principalmente, María Gertrudis Alcázar, evidenciándose las indicaciones impartidas a través del correo electrónico presidentezapatero@presidentezapatero.com», tal y como consta en los informes del sumario.

Junto a ello, el acta de entrada y registro de los agentes de la UDEF, incorporada en el sumario del 'caso Plus Ultra', recoge que los agentes guardaron los correos electrónicos «contenidos en la bandeja» de las cuentas de e-mail Ideas***@psoe.es y z***as@psoe.es, así como todas las carpetas y archivos compartidos a través de las mismas que manejaba la secretaria de Zapatero, María Gertrudis Alcázar, para gestionar los negocios del expresidente del Gobierno, y que estaban vinculadas a alojamientos y dominios web propiedad del partido.

Así pues, se constata una mezcla de recursos procedentes tanto del PSOE como de Moncloa, que habría servido para tejer una trama liderada por el expresidente Zapatero, al que se le atribuye la comisión de los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias y apropiación indebida.

De hecho, el informe 1907/26 de la UDEF considera que «el conjunto de indicios recabados en el marco de las presentes diligencias muestra la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias a partir de los contactos ostentados por José Luis Rodríguez Zapatero», que, a su vez sería el «beneficiario final de los fondos obtenidos» junto con la sociedad administrada por sus hijas, WHATHEFAV.

«El ejercicio de las influencias sería a favor de terceros, clientes», explican los investigadores, que a su vez «abonarían a la red los servicios prestados» en forma de contratos, generalmente de asesoría, «que actuarían como una mera justificación documental de cara a terceros».

A esto añaden, que «las gestiones diarias de la red serían llevadas a cabo por un tercer nivel jerárquico, conformado por la secretaria de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar Jiménez, quien ejecutaría las órdenes directamente dictadas por éste», lo que llevó al juez Calama a definirla en su auto como «principal canal de comunicación interna de la red».

Las ‘cloacas’ del PSOE marcaron sus prioridades por ‘orden del one’

De esta forma, se constata cómo el Gobierno y el PSOE han estado estrechamente vinculados con la trama de Zapatero, pero también está muy presente en el nuevo escándalo que ha llevado a los agentes a registrar la sede de Ferraz en el marco del llamado ‘caso Leire’. Según el auto del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, las causas relacionadas con el fraude de los impuestos de los hidrocarburos fueron consideradas «una línea prioritaria de la organización», y en palabras de «Leire, esta línea habría sido prioridad de Santos Cerdán 'por orden del one’», expresión que la trama del caso Koldo utilizaba para referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El auto señala que «las actuaciones practicadas permiten apreciar que la organización desplegó una actividad continuada y estructurada, articulada a través de diversas líneas de actuación coordinadas entre sí y orientadas a la consecución de sus fines», que pasaba por sobornar a fiscales o corromper a mandos policiales, gracias a una financiación irregular con una cobertura documental ficticia para ocultar los pagos, con la intención de obstaculizar los procedimientos que se siguen en los tribunales y amenazan el futuro de Pedro Sánchez.

El magistrado enumera en su escrito algunas de estas presiones e intentos de soborno, citando en primer lugar el caso del fiscal José Grinda González, encargado de causas vinculadas a varios de los investigados. A través del periodista Pere Rusiñol Costa, el grupo habría hecho llegar a dicho fiscal, el 27 de febrero de 2025, un ofrecimiento que el auto cuantifica en 300.000 euros, a cambio del archivo «de diversas causas judiciales de él dependientes o la aportación de información sobre Alejandro Luzón», el fiscal jefe Anticorrupción.

Pero este sería solo un ejemplo de cómo operaba la trama, que arrancó dos días después de que Sánchez publicara su célebre 'Carta a la Ciudadanía' para anunciar un período de reflexión tras la imputación de Begoña Gómez, y que ha puesto de manifiesto la presunta existencia de una red con la que el partido del Gobierno pretendía controlar todo el sistema judicial y policial en su propio beneficio.