Las diez claves del escrito del presidente de Plus Ultra al juez que comprometen a Zapatero

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha remitido al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que instruye el caso Plus Ultra, un escrito en el que asegura que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y el empresario Julio Martínez Martínez «tenían la pretensión de cobrar» por las gestiones a la hora de conseguir un préstamo del Estado para «salvar» la aerolínea. Martínez Sola revela que la aerolínea suscribió un contrato con una empresa de Martínez Martínez en el que se asumía el pago de «elevadas cantidades de dinero -el 1 %» por las labores de «acompañamiento» en el préstamo para la aerolínea, siendo conscientes de su relación con Zapatero. A continuación, resumimos las diez claves de un escrito que pone a Rodríguez Zapatero contra las cuerdas:

1. Un escrito para desmarcarse de Rodolfo Reyes

El documento, presentado ante el Tribunal Central de Instancia de la Audiencia Nacional, en el marco de las Diligencias Previas 77/2024, tiene como principal objetivo trasladar el peso de la responsabilidad penal hacia Rodolfo Reyes Rojas, accionista mayoritario y director general de Plus Ultra entre 2017 y 2021, y hacia su círculo de confianza, entre ellos el consejero Raif El Arigie. Julio Martínez Sola, vicepresidente ejecutivo y cofundador de la aerolínea junto a Fernando González Enfedaque en 2011, se presenta como una figura que compartió la gestión de la compañía, pero que careció del control real sobre las decisiones financieras más comprometidas, atribuido en el relato a Reyes desde que este se convirtió en accionista de referencia a través de su sociedad SNIP Aviation. El escrito subraya que, tras la salida de Reyes del capital en 2025, Martínez Sola y Roberto Roselli Miele descubrieron irregularidades en la filial venezolana y que la compañía emprendió acciones penales contra Reyes y El Arigie en Venezuela. La estrategia procesal combina, así, el descargo personal de Martínez Sola con la construcción de una narrativa en la que Reyes aparece como el verdadero artífice de las operaciones opacas objeto de investigación.

2. La historia societaria de Plus Ultra y sus sucesivos accionistas

El escrito dedica su primer bloque a reconstruir la evolución accionarial de la aerolínea desde su fundación. Tras obtener el certificado de operador aéreo en 2015, Plus Ultra buscó inversores para crecer, lo que en 2016 y 2017 propició la entrada de un grupo empresarial venezolano liderado por Camilo Ibrahim Issa. Dos ampliaciones de capital en 2017 desplazaron a Fernando González Enfedaque como accionista de control, en beneficio de Rodolfo Reyes, que llegó a controlar un 64% del capital a través de SNIP Aviation. En 2019, Ibrahim transmitió su participación a Reyes y a su esposa, Aurora López, desvinculándose de la empresa. La salida de estos últimos no se produjo hasta 2025, cuando la sociedad Sky Solutions adquirió sus acciones y las de la sociedad Fly Spain, en una operación cuyo pago quedó parcialmente retenido por las cláusulas del contrato ante las irregularidades detectadas posteriormente. El documento también perfila a una quincena de personas mencionadas en los informes policiales —desde asesores legales hasta intermediarios—, precisando el grado de relación, a menudo nula o marginal, que cada una mantuvo con Martínez Sola y con la propia compañía.

3. El origen del rescate: la crisis del Covid-19 y la búsqueda de contactos

El segundo gran bloque del escrito se centra en la ayuda pública de 53 millones de euros concedida a Plus Ultra por la SEPI. Según el relato, la paralización del tráfico aéreo en el primer trimestre de 2020 dejó a la compañía en una situación financiera crítica, agravada por la negativa sistemática de la banca a conceder créditos ICO. Ante ese callejón sin salida, fue Rodolfo Reyes quien pidió a Martínez Sola que activara sus contactos personales en busca de personas con capacidad de influencia que pudieran ayudar a desbloquear alguna vía de financiación pública. Esa petición llevó a Martínez Sola a ponerse en contacto con el intermediario Manuel Fajardo, a quien ya conocía por gestiones previas relacionadas con la situación de la aerolínea en Venezuela durante el cierre de fronteras por la pandemia. El escrito insiste en que la iniciativa de buscar apoyos políticos no partió de una estrategia premeditada de tráfico de influencias, sino de la urgencia de una empresa al borde del colapso, que veía cómo los cauces ordinarios de financiación se cerraban uno tras otro mientras la crisis sanitaria se prolongaba.

4. La llamada de Rodríguez Zapatero y la entrada de Julio Martínez Martínez

El episodio clave del escrito narra cómo, apenas un día después de que Martínez Sola contactara con Manuel Fajardo, recibió una llamada desde un número oculto que resultó ser el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. En una conversación de unos diez minutos, Martínez Sola expuso la delicada situación financiera de Plus Ultra y la necesidad de acceder a un crédito público, a lo que Zapatero respondió que podía ayudar y que, en adelante, las comunicaciones se canalizarían a través de una persona de su confianza: Julio Martínez Martínez. El escrito precisa que en aquella llamada no se mencionaron honorarios ni contraprestación alguna, y que Martínez Sola no conocería personalmente a Zapatero hasta 2024, en un encuentro en el Hotel Santo Mauro de Madrid. A partir de ese momento, fue Martínez Martínez quien asumió el papel de interlocutor permanente con la aerolínea, primero para intentar desbloquear los créditos ICO ante el Banco Santander y, poco después, para acompañar el proceso de solicitud de ayuda ante el recién creado Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

5. Los contratos y la comisión del 1 % sobre el rescate

Según el escrito, la relación con Julio Martínez Martínez se formalizó primero mediante un contrato de asesoramiento de doce meses, firmado en julio de 2020 entre Plus Ultra y la sociedad Análisis Relevante, por un importe de 5.000 euros mensuales más IVA. Más adelante, en enero de 2021, se negoció un segundo acuerdo, con la sociedad Idella Consulenza Estratégica, que vinculaba directamente la retribución al resultado del expediente: un 1% del importe finalmente concedido por la SEPI, cifra que ascendería a unos 641.300 euros. El documento aclara que este segundo contrato no llegó a firmarse formalmente, aunque una copia sin rubricar quedó almacenada en un dispositivo, pero que su contenido sí se ejecutó en la práctica: Plus Ultra terminó abonando ese 1 % —alrededor de 530.000 euros— a través de pagos fraccionados a tres sociedades distintas controladas por Martínez Martínez. El escrito reconoce que los propios Martínez Sola y Roselli asumieron, ya en 2020, que el entorno de Zapatero tenía intención de cobrar por sus gestiones, y que decidieron aceptarlo como parte de una estrategia desesperada de supervivencia empresarial.

6. Las conversaciones de WhatsApp intervenidas en el teléfono de Rodolfo Reyes

Buena parte de las pruebas que sustentan el relato proceden de conversaciones de WhatsApp localizadas en el teléfono móvil intervenido a Rodolfo Reyes. En una de ellas, fechada en mayo de 2020, Reyes y Roselli comentan con tono jocoso que el entorno de Zapatero había montado una «finance boutique» para cobrar por sus gestiones, en referencia a una comisión que definen coloquialmente como «la mordida». En otra, de julio de ese mismo año, Reyes pregunta directamente cuánto podrían llegar a cobrar por el proceso, sugiriendo un porcentaje sobre las ayudas que pudieran obtener aerolíneas como Iberia o Europa. Al mismo tiempo, la defensa se apoya en estos mismos mensajes para reforzar la idea de que fue Reyes quien lideró la interlocución estratégica sobre el asunto, mientras que Martínez Sola aparece principalmente como ejecutor de los contactos y de las gestiones administrativas concretas.

7. Las facturas de «servicios» sin contenido real

El escrito detalla con extremo nivel de precisión el circuito de facturación que permitió canalizar el pago del 1% pactado con Martínez Martínez, a través de tres sociedades sucesivas: Análisis Relevante, Voli Analítica e IoT Domotic Europe. Las facturas de la primera consignaban mensualmente el concepto «honorarios por elaboración de informe», pese a que, según reconoce el propio escrito, o no llegó a existir tal informe o los pocos elaborados carecían de relevancia real para la compañía. Las de Voli Analítica aludían a «servicios de gestión de vuelos Madrid-Caracas» y las de IoT Domotic a «gestión de vuelos operados por SACSA», conceptos que el documento califica igualmente de inciertos. En total, entre 2020 y 2025 se emitieron decenas de facturas mensuales que sumaron cerca de 460.000 euros, a los que se añadió un pago en especie de 69.000 euros mediante 46 billetes de avión en clase business puestos a disposición de Martínez Martínez, hasta completar aproximadamente el 1 % del rescate concedido. El escrito advierte de que una regularización contable definitiva de estas cantidades quedó frustrada por la operación policial que dio origen a la causa.

8. La intermediación ante las autoridades venezolanas

Además de su papel en la obtención del rescate, el escrito atribuye a Julio Martínez Martínez otras gestiones desarrolladas en Venezuela en beneficio de Plus Ultra, entre ellas la negociación de un aplazamiento a cinco años y sin intereses de una deuda por combustible con la petrolera estatal PDVSA, cifrada en casi 8 millones de dólares, así como la obtención de mejores condiciones para una operación chárter destinada a un turoperador polaco con destino a Isla Margarita. El episodio más detallado se refiere a los permisos de vuelo que, en marzo y julio de 2021, fueron repentinamente denegados por el entonces presidente del organismo de aviación civil venezolano, el general Juan Manuel Teixeira, bajo el argumento de impagos pendientes de la aerolínea. El escrito reproduce capturas de conversaciones de WhatsApp en las que Martínez Martínez intercede directamente ante Teixeira, con la participación puntual de Rodríguez Zapatero, hasta lograr el desbloqueo de las autorizaciones. Estos episodios se presentan como prueba de que la red de contactos activada durante el proceso del rescate se extendió también a la resolución de problemas operativos concretos de la aerolínea en Venezuela.

9. La red financiera atribuida a Rodolfo Reyes y la investigación por blanqueo

El tercer gran bloque del escrito se dedica a exponer la investigación por blanqueo de capitales, centrada en una red de entidades financieras —Andcapital Bank, Panacorp Casa de Valores y Commonwealth Bank and Trust— vinculadas al entorno personal de Rodolfo Reyes. El documento describe una operación de titulización de deuda articulada en 2019 a través de una sociedad luxemburguesa, Modus Securitisation, que terminó en la entrega de un avión Airbus A340 en dación de pago y su posterior arrendamiento a la propia aerolínea. Describe también una serie de préstamos puente recibidos entre octubre de 2020 y febrero de 2021, por algo más de un millón de dólares y 1,35 millones de euros, procedentes de sociedades como Wailea, Allpa Wira, Panacorp y Valerian, devueltos de forma casi inmediata tras el cobro del rescate mediante transferencias a cuentas en Reino Unido, Suiza, Montenegro, Mauricio, Puerto Rico y Gibraltar. Una conversación citada en el escrito muestra a Reyes admitiendo ante Roselli que la sociedad inversora Valerian era, en realidad, suya, contradiciendo lo que había hecho creer previamente a los responsables financieros de la compañía sobre la identidad de los inversores.

10. La defensa económica de Plus Ultra como empresa viable

El escrito cierra con un bloque dedicado a defender la legitimidad empresarial de Plus Ultra, presentándola como una compañía en funcionamiento real y no como una sociedad instrumental. Aporta cifras de facturación que se habrían multiplicado por 3,8 entre los ejercicios 2021/2022 y 2025/2026, hasta superar los 215 millones de euros, junto con una plantilla que ha pasado de 329 a 679 empleados en el mismo periodo. El documento detalla también las aportaciones fiscales y a la Seguridad Social realizadas por la compañía, que suman más de 46 millones de euros entre 2021 y 2026, así como el pago de casi 12 millones de euros en intereses del préstamo participativo concedido por la SEPI, lo que a juicio de la defensa acredita el cumplimiento sustancial de sus obligaciones frente al Estado. El escrito invoca además el papel de la aerolínea en vuelos humanitarios durante la pandemia y en el mantenimiento de la conectividad con Venezuela tras los terremotos que dañaron el aeropuerto de Maiquetía en junio de 2026, como argumentos adicionales para sostener que, pese a los errores cometidos bajo la anterior dirección, Plus Ultra constituye hoy una empresa con un impacto económico y social positivo y verificable.