Las joyas incautadas a Zapatero estaban en manos de un asesor nombrado a dedo y pagado por Moncloa

El jefe de gabinete de Zapatero, que al menos hasta hace poco era su primo y fue contratado en cualquier caso a dedo y pagado con dinero público, custodiaba en su despacho, también sufragado por el contribuyente, la ya célebre caja fuerte en la que el expresidente guardaba un botín de joyas de incierto origen cuyo valor los especialistas han tasado provisionalmente en hasta cuatro millones de euros, según la documentación a la que ha accedido El Debate.

Se da la circunstancia de que toda la oficina se mantiene con recursos públicos, con el objeto de atender la actividad de Zapatero como antiguo presidente, pero no como sede de una actividad comercial y, no digamos si se concretan las sospechas, criminal.

Cuando los agentes de la UDEF entraron en la oficina del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, comenzaron con un registro pormenorizado de cada uno de los despachos. Empezaron por el de Gertrudis Alcázar, la fiel secretaria del expresidente, a la que el juez Calama sitúa como «pieza operativa esencial dentro de la red organizada» y sobre la que tanto el PSOE como Presidencia del Gobierno se han negado a aclarar quién es el pagador de su nómina, si bien todo apunta a que la leal secretaria de Zapatero es el asistente nivel 18 designada por aquél y cuyo coste anual se pagaría con el dinero público destinado a la oficina del expresidente Zapatero.

Posteriormente, la UDEF registraría el despacho 2 «del jefe de gabinete», localizando «una caja fuerte» con diversas joyas «algunas de las mismas son herencia de Doña Sonsoles y regalos de viajes», según refiere el acta de registro. Todo apunta que el jefe de gabinete de la oficina del expresidente, su asesor más especial y escogido directamente por Zapatero, sería quien le acompaña desde sus primeras andanzas en el PSOE: José Miguel Vidal Zapatero. Moncloa, a fecha de cierre de edición, no ha querido confirmar si el primo de Zapatero ocupa actualmente este mismo cargo.

Según la documentación a la que ha accedido este periódico, Vidal Zapatero es el primo del expresidente y es el asesor de nivel 30 al que Moncloa le pagaba religiosamente una jugosa nómina de al menos 70.000 euros anuales entre 2018 y 2024.

En cualquier caso, y ante el silencio sepulcral tanto del PSOE como de Moncloa respecto a este asunto, lo cierto es que el registro tuvo lugar en la oficina del expresidente, que según el Real Decreto 405/1992, de 24 de abril, por el que se regula el Estatuto de los Ex Presidentes del Gobierno, dispone de una dotación de dinero público para cubrir el salario de un asesor especial de nivel 30 de libre designación. Lo cierto es que es el «jefe de gabinete» quien aparece en el acta de registro de la UDEF en la causa por la que se le atribuyen a Zapatero los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental, tráfico de influencias y apropiación indebida. Según fuentes jurídicas consultadas, se trata además de la única oficina del expresidente registrada, denegando por ello mismo el Juez Calama el registro de su domicilio particular.

El instructor considera a Zapatero el presunto líder de una «estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias» para «la obtención de beneficios económicos», en el marco del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en plena pandemia.

Según el acta de entrada y registro que la UDEF ha elevado al juez que investiga el caso Plus Ultra, en el despacho de la oficina del expresidente del Gobierno, situada en la calle Ferraz, 35, los investigadores llamaron al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional para abrir la caja, aunque finalmente no hizo falta, porque «el abogado presente» ofreció la posibilidad «de realizar una llamada telefónica con la finalidad de conseguir una llave que permita su apertura».

La caja fuerte del despacho 2, jefe de gabinete

Dicha caja fuerte pertenecía, según explicó Gertrudis Alcázar a los agentes, a la vivienda de Zapatero y su esposa, y se localizan diversas joyas manifestando la secretaria de Zapatero que son «herencia de doña Sonsoles y regalos de viajes», entre los que se encuentran algunas piezas sencillas mezcladas con otras mucho más ostentosas cargadas de piedras. Según ha afirmado este martes el presidente del Ateneo de Madrid, Luis Arroyo, que ejerce como portavoz autorizado del expresidente del Gobierno, estas joyas estarían valoradas «entre 30.000 y 50.000 euros», aunque los investigadores tendrán que analizarlas para establecer su valor.

Pero al margen de la espectacularidad de lo incautado en el registro, el acta muestra cómo se entremezcla el papel de varias instituciones: el expresidente, Moncloa y el propio Partido Socialista. De hecho, tal y como ha publicado este periódico, el juez resaltó que el despacho de la calle Ferraz es en el que Zapatero «ejerce sus funciones como expresidente del Gobierno». Esta oficina estaría sufragada con fondos públicos, pero ni el PSOE ni Presidencia del Gobierno han contestado a las aclaraciones solicitadas por este periódico al respecto de si existe algún pago en concepto de alquiler, ya sea por esta oficina o por cualquier otra.

Del mismo modo, tampoco han respondido a las preguntas relacionadas con los salarios de Vidal Zapatero y Gertrudis Alcázar, «el principal canal de comunicación interna de la red», mientras que el PSOE no ha revelado si los trabajadores que se encontraban en el momento del registro, como Judith Wells o Carmen Brasa están a sueldo del partido.

Por tanto, uno de los grandes epicentros de la trama, el lugar desde donde «se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria», estaría parcialmente sostenido con fondos públicos, lo que según los expertos juristas consultados por este periódico abriría la puerta a la atribución a Zapatero de nuevos delitos como el de malversación, ya que desde que Sánchez llegó al poder el expresidente ha tenido un presupuesto asignado, entre oficina y personal que podría rondar los dos millones de euros.

Del mismo modo, el oficio policial refleja que los agentes intervinieron varios correos electrónicos con el dominio web del PSOE en el ordenador de Gertrudis Alcázar, así como carpetas compartidas en red, igualmente con el dominio del PSOE. A lo que hay que sumar que, durante el registro, también estuvo presente otra trabajadora de la oficina del expresidente Zapatero, a la que se identifica como Judith Wells, y a la se intervinieron dos cuentas de correos electrónico con dominio web del partido así como Carmen Brasa, quien se identificó ante la UDEF como «empleada en la oficina».

Esto implica, nuevamente una connivencia general y entre todas las partes implicadas, Moncloa, Zapatero y el PSOE, pues los correos corporativos estarían asignados y, por tanto, financiados por el partido. No obstante, los investigadores han hecho acopio del contenido de estos correos electrónicos con el fin de analizarlos y ver el alcance de su contenido.

Mientras tanto, el juez del 'caso Plus Ultra' ha concedido a Zapatero el aplazamiento su declaración como investigado prevista inicialmente para el próximo 2 de junio, ya que su letrado alegaba que la extensión de la causa hacía necesario retrasar la citación. Así, la ha trasladado a los días 17 y 18 de junio y será entonces cuando el expresidente tendrá que dar las explicaciones pertinentes acerca de la procedencia de las joyas y si realmente se sirvió de los recursos del Estado para liderar presunta organización criminal que se documenta en las decenas de folios que componen la causa.