Zapatero lideraba la presunta red criminal mientras Sánchez se gastó dos millones en pagarle su oficina y le renovó un pasaporte diplomático

Los españoles se han dejado dos millones de euros en mantener la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, mantenida por La Moncloa y destinada exclusivamente a sus actividades como expresidente, aunque en realidad se dedicó a liderar, presuntamente, una organización criminal internacional. Pese a las dudas ya antiguas sobre sus verdaderas ocupaciones, Pedro Sánchez prolongó ese privilegio y además le renovó el pasaporte diplomático, todo ello sin cuestionarse el papel como lobista de su predecesor en el PSOE.

La supuesta «trama organizada de ejercicio ilícito de influencias» liderada por José Luis Rodríguez Zapatero que describe el juez Calama en el auto por el que imputa al expresidente socialista los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, falsedad documental y tráfico de influencias y apropiación indebida, no puede entenderse sin la presencia de Sánchez en la Moncloa, que sigue defendiendo sin tapujos al expresidente. Él dio luz verde al rescate de la aerolínea Plus Ultra, inyectando 53 millones de euros, vía Consejo de Ministros, y también ha dado soporte económico a su oficina, lo que le ha permitido acumular alrededor de 2.2 millones de euros procedentes de las arcas públicas en los últimos años, a los que habría que sumar los salarios públicos de su primo asesor y de un administrativo, un coche oficial con chófer y la escolta policial asignada por razones de seguridad.

Según el auto del Magistrado Calama, María Gertrudis Alcázar, secretaria vinculada a Zapatero, ocupa un papel operativo esencial dentro de la red organizada (…) actuando desde la oficina utilizada por José Luis Rodríguez Zapatero, sita en la calle Ferraz 35 de Madrid. Dicha oficina constituye el centro físico de coordinación, elaboración y archivo de la documentación que sustenta la actividad económica y financiera del entramado”.

De hecho, esa oficina es la que ha sido registrada por la UDEF por orden del juez Calama, tal y como consta en el auto en el que descartaba realizar una intervención en el domicilio de Zapatero. Así, señala que «la investigación dispone de vías alternativas que permiten obtener la información relevante sin necesidad de acceder al domicilio privado del investigado, como son el registro de la oficina desde la que ejerce sus funciones como expresidente del Gobierno y que ha sido autorizada en la presente resolución».

Según publicó El Mundo, la oficina pertenece al PSOE. Este periódico se ha puesto en contacto con el PSOE, sin que a fecha de cierre de edición el partido haya aportado prueba documental alguna referente a la propiedad del inmueble, o si el mismo ha sido alquilado y, en tal caso, el importe de la mensualidad abonada y a quién se le paga. De igual manera, el PSOE no se ha pronunciado sobre si la nómina de María Gertrudis Alcázar corre a cuenta del partido.

Presidencia del Gobierno se ha negado igualmente, a fecha de cierre de edición, a aclarar a este periódico si la retribución de Gertrudis Alcázar la paga Moncloa con cargo a la dotación presupuestaria anual de la Oficina del expresidente Zapatero como una de las dos personas asignadas a la misma y elegidas libremente por Zapatero. Tampoco ha querido pronunciarse acerca de si dentro de la dotación anual destinada al pago de alquileres, Presidencia ha realizado algún pago de la oficina situada en Ferraz 35, «la oficina desde la que ejerce sus funciones como expresidente del Gobierno», según el auto que imputa a Zapatero.

El Estado financia a Zapatero las retribuciones de dos personas, elegidas por él, con categorías equivalentes a los niveles 30 y 18 de la Administración Pública, aunque sean ajenas a ella y puedan ser escogidas por libre designación, con un coste estimado en 100.000 euros anuales, a los que habría que añadir el coste de su Seguridad Social (26.000 euros al año).

Una de ellas, tal y como confesó Moncloa y publicó este periódico, era su primo José Miguel Vidal Zapatero. El que fuera director adjunto del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en los tiempos en los que el dirigente socialista fue jefe del Ejecutivo ocupaba, «en calidad de personal eventual, el puesto de Vocal Asesor Ex Presidentes, N30», por lo que, según la relación de personal de Presidencia del Gobierno (RPT), su sueldo rondaría los 70.000 euros.

Sin embargo, Moncloa no quiso facilitar la identidad del auxiliar administrativo que tiene Zapatero a su servicio, amparándose en la necesidad de proteger sus datos personales, pues, a su juicio, «los titulares de los dos puestos de trabajo que tiene adscritos a los expresidentes no tienen implicación directa en la actuación de las Administraciones Públicas, ni intervienen en la toma de decisiones públicas o en el manejo de fondos públicos». Sin embargo, todo apunta a que se trataría de su fiel secretaria Gertrudis Alcázar, una de las señaladas por su papel imprescindible en «la actividad económica y financiera del entramado».

De hecho, el auto del instructor sitúa a la secretaria del expresidente como «pieza operativa esencial dentro de la red organizada, desarrollando su actividad desde la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero», actuando como «usuaria principal» de la cuenta de correo electrónico del expresidente, «lo que la convierte en un nodo central de comunicación y gestión documental». «El principal canal de comunicación interna de la red».

Pero el papel de Sánchez va mucho más allá del soporte económico, pues, tal y como reveló este periódico, el presidente también optó por proteger a Zapatero cuando salió a la luz la reunión clandestina que mantuvo con el empresario Julio Martínez. Una cita que realizó en el monte de El Pardo y rodeado de escoltas, tan solo 72 horas antes de la detención del intermediario de Plus Ultra del que recibió jugosas cantidades de dinero, pero Sánchez optó por darle cobertura legal aduciendo «razones de seguridad nacional».

Quién autorizó la entrada libre de Zapatero y el empresario Julio Martínez, luego detenido, qué instrucciones se impartieron desde Moncloa a los funcionarios de Patrimonio Nacional, así como la identidad de los mismos funcionarios que franquearon el paso a una zona sin cobertura telefónica, son preguntas que el Gobierno esconde alegando un hipotético perjuicio para la «seguridad pública» y un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 26 de agosto por el que aprobaba el Plan de Protección del Monte de El Pardo, en el que se regula la llamada «Zona de Reserva con Características Especiales».

Según Patrimonio Nacional, «este régimen implica la existencia de zonas de acceso restringido, así como de procedimientos internos de control y gestión de accesos cuya divulgación a terceros podría comprometer la seguridad del espacio», algo que, a su juicio, supondría un perjuicio para la seguridad pública. Esta zona estaría restringida debido a que «su acceso cuenta con un nivel superior de seguridad por razones inherentes a la Jefatura del Estado. Además de los servicios de guardería de Patrimonio Nacional, su vigilancia está regulada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», sentencia.

Del mismo modo, según Moncloa, explicar por qué Zapatero fue escoltado por un gran despliegue policial como el que desveló la exclusiva de El Debate pondría en peligro la vida del lobista Zapatero, suponiendo nada menos que un riesgo y «un perjuicio para la Seguridad Nacional».

Es más, Presidencia reconoció que Sánchez no había dado ninguna instrucción, «ante la evidencia de la realización de actos presuntamente delictivos por los interlocutores del expresidente del Gobierno, amparados y facilitados por funcionarios del Estado y la escolta del expresidente, para impedir la utilización de recursos públicos en tales actividades».

Pero también trató de desvincular a Sánchez de cualquier operación, insistiendo en que el jefe del Ejecutivo no poseía ningún informe «alertándole de la utilización de recursos públicos por parte del expresidente Rodríguez Zapatero para sus actividades privadas y en su beneficio exclusivo sin ningún encargo institucional», pese a que los escoltas del expresidente le acompañaban.

Junto a ello, y con la excusa de que Moncloa no realiza «funciones relacionadas con la actividad privada de los expresidentes del Gobierno», da vía libre a sus actividades, oculta si Sánchez ha realizado algún encargo a Zapatero sobre Plus Ultra y si dispone de alguna solicitud del exdirigente socialista «para la disposición de la escolta para reunirse en la finca de Patrimonio Nacional situada en El Pardo», pese a que la propia Presidencia del Gobierno, junto con el Ministerio del Interior, son los encargados de la seguridad de los expresidentes.

Además, tampoco tendría en su poder ninguna copia de los informes facilitados por estos miembros del equipo de seguridad sobre las actividades mantenidas por el expresidente en los últimos tiempos, lo que lleva a pensar que no tiene ninguna intención de frenar el carácter lobista de la actividad de Zapatero.

No obstante, el Gobierno sabe los movimientos que realiza el expresidente Zapatero, pues da cobertura al despliegue de seguridad que le acompaña, como en el caso de esta reunión. Así lo confirmó la propia Moncloa en un documento publicado por este periódico, en el que, cuestionado por los habituales desplazamientos que realiza, trató de mantenerlos en secreto, asegurando que no los organiza, aunque reconoció, a continuación, «que no dispone de otra información en relación a los mismos que la correspondiente a la cobertura de las necesidades de seguridad asignadas a estas autoridades».

Así, por un lado, el equipo de Sánchez dice desconocer los viajes de su predecesor por no tener la obligación de organizarlos; pero por otro, le monta y sufraga un dispositivo que le permite, sin el menor asomo de duda, conocer con exactitud su agenda en Venezuela y cualquiera de los países donde se desplace sin una misión aparentemente oficial, pero con consecuencias diplomáticas para España, gracias además a que en virtud de su cargo posee un pasaporte diplomático renovado hace poco menos de un año.

A esto hay que añadir que, tal y como publicó este periódico, Zapatero no es un misterioso verso suelto, pues, en todo momento, está controlado por el Gobierno sin ninguna mención crítica a sus «gestiones». Algo que quedó también reflejado en otro documento oficial del Ministerio de Exteriores, en el que se señala que «no consta (…) en este Ministerio (…) un listado elaborado de los desplazamientos realizados por los exmandatarios fuera del territorio nacional en los que hayan contado con el apoyo de los servicios diplomáticos. La información que se solicita no existe y difícilmente puede ser, por tanto, suministrada al interesado», reza el documento.

Sin embargo, Zapatero viaja, y mucho. Tanto es así que tenía previsto volar desde Madrid a Santo Domingo en un vuelo comercial, con escala previa antes de continuar hacia Caracas en un vuelo privado, pero la UDEF frustró sus intenciones y sus relaciones internacionales han sido fundamentales para el Gobierno de Sánchez.

De hecho, estas relaciones van desde reuniones con Maduro hasta su intermediación en la salida de Edmundo González de Venezuela, a lo que hay que sumar su presunta condición de lobista de intereses de China o Marruecos y la sospecha de que todo ello afecta a las decisiones diplomáticas del propio Pedro Sánchez. Pero no solo las diplomáticas, sino que, a la vista del auto del juez, también parece influir y mucho en las económicas. Eso sí, gracias a una contrapartida millonaria.