Sánchez dio cobertura a la reunión secreta en un monte público de Zapatero con el intermediario de Plus Ultra detenido

Pedro Sánchez ha decidido proteger a su antecesor en el PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, y se niega a explicar nada concerniente a la reunión clandestina que el exlíder socialista mantuvo en un espacio público, con coche y escoltas del Estado, con un intermediario de Plus Ultra para el que trabajaba y horas después fue detenido, tal y como consta en la documentación oficial a la que ha accedido El Debate.

Aquel encuentro en El Pardo, desvelado por este periódico, no merece para el actual presidente aclaración alguna y, lejos de exigirle explicaciones a su sucesor en el partido por una cita con un detenido sospechoso de blanqueo de capitales al que Zapatero facturaba como consultor, y también sus hijas, ha optado por darle cobertura legal con razones peregrinas.

El expresidente Zapatero, quien días atrás reconocía haber cobrado «cantidades globales» del empresario Julio Martínez, pudo reunirse gracias al amparo legal de Moncloa, de manera clandestina con aquel en una finca de acceso restringido y vigilado por Patrimonio Nacional, dependiente de Presidencia del Gobierno. El empresario sería detenido por la UDEF tan solo 72 horas después de aquel encuentro amparado desde Moncloa, por blanqueo de capitales en Plus Ultra.

Quién autorizó la entrada libre de Zapatero y el empresario Julio Martínez luego detenido, qué instrucciones se impartieron desde Moncloa a los funcionarios de Patrimonio Nacional, así como la identidad de los mismos funcionarios que franquearon el paso a una zona sin cobertura telefónica, son preguntas que el Gobierno esconde alegando un hipotético perjuicio para la «seguridad pública» y un acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 26 de agosto por el que aprobaba el Plan de Protección del Monte de El Pardo, en el que se regula la llamada «Zona de Reserva con Características Especiales ».

Según Patrimonio Nacional, en un documento al que ha accedido en exclusiva El Debate y firmado por su presidenta Ana Cuevas el pasado 16 de enero, «este régimen implica la existencia de zonas de acceso restringido, así como de procedimientos internos de control y gestión de accesos cuya divulgación a terceros podría comprometer la seguridad del espacio», que eleva a perjuicio para la seguridad pública de conformidad con el artículo 14.1.d) de la ley 19/2013.

Según el acuerdo citado, esta zona estaría restringida debido a que «su acceso cuenta con un nivel superior de seguridad por razones inherentes a la Jefatura del Estado. Además de los servicios de guardería de Patrimonio Nacional, su vigilancia está regulada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado».

No obstante, pese a que el acuerdo se celebró en agosto y su publicación en el Boletín Oficial del Estado se dilató hasta septiembre, cabe precisar que, según el mismo, «se mantiene la zonificación tal y como se planteaba en el Plan de protección medioambiental de la Orden de 31 de julio de 1997».

La reunión clandestina entre Zapatero y el empresario Julio Martínez, tan solo 72 horas antes de que fuera arrestado en medio de una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias, se celebró en una de las zonas de acceso restringido a la que el expresidente accedió tras la apertura de una cancela por parte de un empleado de Patrimonio Nacional, según desveló Alejandro Entrambasaguas en El Debate.

Según las fuentes jurídicas consultadas por este periódico y que ya han recurrido la decisión del Gobierno por entender que la misma supone un menoscabo del derecho de acceso a la información, «derecho de rango constitucional según ha reconocido el Tribunal Supremo», no se entiende por qué el Gobierno de Sánchez da cobertura a las reuniones secretas de Zapatero en una finca pública con acceso restringidos y alegue el perjuicio para la seguridad pública cuando el empresario luego fue detenido.

«Nos parece mayor peligro que Zapatero se sirva de sus privilegios de su condición de expresidente del gobierno para reunirse con presuntos delincuentes», afirman estas mismas fuentes, advirtiendo que «la condición de expresidente del Gobierno no autoriza a deambular por espacios protegidos, debe ser autorizado y la publicación de tal autorización no puede perjudicar ningún dispositivo de seguridad», concluyen las fuente personadas en el recurso interpuesto.

El rescate de Plus Ultra con dinero público, en el punto de mira

De momento, lo único cierto es que la cúpula de la aerolínea tendrá que rendir cuentas ante la jueza Esperanza Collazos, que vuelve a retomar una investigación sobre Plus Ultra, después de cerrar provisionalmente la que inició tras el rescate de la compañía, a la que el Gobierno le concedió 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el gran conglomerado empresarial del Gobierno.

Ahora, trabaja en una pieza declarada secreta que ha iniciado tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en la que asegura que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad (Plus Ultra) por otras de la supuesta trama delictiva», que conformarían una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

En concreto, el dinero público español se habría usado para devolver unos préstamos a una empresa radicada Suiza, y a través de este entramado se habrían llevado a cabo operaciones de blanqueo de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)».

No obstante, esta nueva investigación vuelve a poner de relieve las conexiones entre la aerolínea rescatada y Zapatero, sobre el que sigue la sospecha de que presionó al Gobierno para que concediera dinero público a una empresa carente de solvencia, tal y como confirmó José Luis Ábalos, en una entrevista en OkDiario de finales año. Es más, en una entrevista en Telecinco, el hijo del exministro, Víctor Ábalos, ha acusado al expresidente de haber hecho «negocio» y «enriquecerse» con el rescate.

Puente no desmiente que Zapatero presionase a Ábalos para rescatar a la aerolínea

Estas presiones no han sido desmentidas por el actual titular de Transportes, Óscar Puente, según publicó este periódico, amparándose en un presunto vacío legal por el que la obligación inherente a todo alto cargo de Gobierno y de sus ministros, incluido el presidente del Gobierno, de documentar todas sus reuniones y agendas solo resultaría aplicable a aquellas que tuvieran lugar en el ejercicio de sus funciones, excluyendo las que queden «fuera del ámbito estrictamente institucional».

Aun así, este periódico sigue pleiteando en el Tribunal Supremo para acceder a todos los documentos que conforman el expediente de rescate de la aerolínea, tanto los que se mostraban a favor de su concesión como los que no lo hubieran hecho, ya que la SEPI se ha negado una y otra vez a entregarlos, pese a que la Audiencia Nacional ya dio la razón a este periódico en su sentencia del pasado 22 de marzo al estimar que la actuación del Gobierno «vulnera el derecho porque no fomenta, sino todo lo contrario, la transparencia y buen gobierno en España».

Sin embargo, El Debate sí que pudo publicar el informe confidencial que emitió Transportes analizando la situación de la aerolínea en el que se evidenciaba la fragilidad de la empresa «desde el inicio de su operativa», lo que, en principio impedía su rescate ya que las beneficiarias debían haber entrado en crisis por el covid y debían ser estratégicas, otro requisito que Plus Ultra no cumplía dada su escasa implantación en el mercado.

Por todo ello, la comisión de investigación del caso PSOE en el Senado ha ratificado la citación de Zapatero, –aún sin fecha–, así como la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo; el presidente y dueño de la compañía Plus Ultra Julio Martínez Sola y su consejero delegado, Roberto Roselli. También ha citado a Julio Martínez Martínez, el empresario que se reunió con Zapatero y ha requerido numerosa documentación sobre el rescate de la aerolínea, tanto a la SEPI y al Ministerio de Hacienda, entre ellos el «expediente íntegro del rescate concedido a Plus Ultra».

De forma paralela, también se ha aprobado la creación de una comisión de investigación en el Senado sobre la SEPI, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuviera, el pasado mes de diciembre, a la exmilitante del PSOE Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Además, según han explicado desde el PP, esta comisión servirá para dar respuesta a preguntas que aún siguen en el aire como por qué se consideró a Plus Ultra como una empresa «estratégica» para su rescate, «qué pinta» el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en este asunto y «qué ocurrió» en la visita de la entonces vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España en 2020.

Anticorrupción y la UDEF ya investigan a Zapatero

De momento, quien intenta aclarar la vinculación entre Zapatero y el empresario con el que se encontró en El Pardo es la propia Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, que indagan en los trabajos de consultoría prestados por el expresidente a Julio Martínez, según publica ABC.

En concreto, los investigadores quieren saber cuánto dinero pagó Martínez a Zapatero a través de una sociedad suya, si se trata de servicios de consultoría global que no tienen nada que ver con la ayuda pública a Plus Ultra, como sostiene el expresidente del Gobierno, y si las ganancias por sus servicios fueron declaradas a Hacienda de forma correcta. De hecho, Zapatero ya reconoció que cobró dinero del empresario, pero no concretó ni el importe con el que se ha lucrado ni tampoco qué labor ha llevado a cabo para esta persona.