El Gobierno maniobra ante el Supremo para ocultar a El Debate el expediente íntegro del rescate a Plus Ultra investigado por la Policía

¿Por qué el Gobierno se resiste, incluso ante la Audiencia Nacional, a que se conozca el expediente íntegro del rescate a Plus Ultra, una empresa hoy bajo la lupa de la Policía Nacional? El Debate ya logró acceder al informe cruzado entre José Luis Ábalos y María Jesús Montero que ésta utilizó para impulsar una operación de concesión de 53 millones de euros a una compañía sin aviones propios, con escasos pasajeros, en pérdidas desde antes de la pandemia y rodeada de indicios de sus lazos con el régimen venezolano, con José Luis Rodríguez Zapatero y hasta con Begoña Gómez, al menos según el exministro hoy en prisión y su hijo. Pero falta conocer el conjunto del montaje seguido.

Y Pedro Sánchez intenta evitarlo por todos los medios en plena tormenta con la SEPI, la entidad encargada de gestionar el chorreo de millones que también llegó a Air Europa.

El Gobierno sigue tratando de frenar por todos los medios, tras la sentencia de la Audiencia Nacional a favor de El Debate, la publicación del expediente completo del rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en plena pandemia.

Para el Ejecutivo de Sánchez, El Debate no debe publicar el expediente completo del rescate de Plus Ultra por «la ausencia de interés público». Una empresa cuyo máximo dirigente acaba de ser detenido tras el registro de la aerolínea, por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional que ha recabado todos sus datos fiscales en medio de una investigación por la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales utilizando parte de esos fondos del rescate, en el marco de las nuevas diligencias instruidas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

Anticorrupción investiga a la aerolínea por haber sido, presuntamente, firmante y beneficiaria de unos contratos de préstamo con tres sociedades de una organización criminal implicada en las ventas de oro de Venezuela y que habría saldado en cuentas en el extranjero con el dinero concedido a través de las ayudas públicas del Gobierno.

Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez, acorralado por la corrupción, sigue utilizando los servicios de la Abogacía del Estado para ocultar el expediente completo de la concesión, que no solo incluiría el informe del Ministerio de Transportes desvelado por este periódico, sino todos los informes previos y los análisis necesarios para la misma, llevando el asunto hasta el Tribunal Supremo, tal y como advierten fuentes jurídicas personadas en el proceso en defensa del derecho constitucional a informar de El Debate.

El Gobierno acude al Tribunal Supremo, al que Sánchez atacó tras la condena de su ex fiscal general

El Alto Tribunal ha admitido a trámite un recurso de casación para dirimir si la información que contiene el expediente debe ser reservada, pese a que la Audiencia Nacional ya sentenció que la SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, debía facilitar a El Debate toda la documentación, tras advertir que «resulta innegable que existe un interés público en conocer dicho expediente ante la importante cuantía de dinero público concedido a una entidad privada», sobre la cual destaca que el Gobierno no pudo probar que fuera estratégica, «y su solvencia ha suscitado dudas desde su creación». Tras las últimas detenciones y con la investigación abierta, la necesidad de que el gobierno haga público el expediente íntegro del polémico rescate parece aún más necesaria.

En concreto, el Supremo tendrá que pronunciarse acerca de si art. 2.17 del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, por el que se creaba el Fondo de Apoyo a las Empresas Estratégicas, y calificaba la información recabada para ello como reservada «con las excepciones previstas en la normativa vigente», «configura un régimen específico de acceso a la información u otorga a dicha información un carácter reservado que suponga su aplicación preferente sobre las previsiones de la Ley de Transparencia, a los efectos previstos en el apartado dos de su disposición adicional primera».

Es decir, lo que tendrá que determinar el Alto Tribunal, dado que no existe jurisprudencia al respecto, es si prevalece el carácter reservado impuesto en el real decreto dictado por Sánchez durante la pandemia o si, por el contrario, la norma que rige es la establecida en la legislación vigente y que pretende garantizar el derecho constitucional a la información, tesis sostenida por la Audiencia Nacional en la sentencia que ahora el Gobierno trata de enmendar en el Supremo para esconder los entresijos de un rescate que no ha dejado nunca de estar bajo la lupa.

De hecho, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional tuvo que recordar al Gobierno el «papel de «perro guardián» de la democracia frente a los abusos de poder» que tiene la prensa, tras casi cuatro años de litigios y recursos, pues la SEPI siempre se negó a hacer público el expediente del rescate solicitado por este periódico.

Además, al respecto del asunto nuclear que ahora tendrá que decidir el Supremo, la Sala consideró que el Gobierno no puede restringir el acceso a tales documentos, puesto que dicho decreto «no tiene por finalidad alterar el régimen constitucional y legal regulador de la transparencia de la actuación de las administraciones públicas». Es decir, este decreto jamás podría colocarse por encima de la Ley de Transparencia, a lo que hay que añadir que ya existe una ley expresa, la Ley 9/1968, de 5 de abril sobre Secretos Oficiales, que recoge literalmente que sólo podrán ser considerados como tales «los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado».

De hecho, el rescate de la aerolínea ha sido uno de los asuntos más controvertidos del Gobierno de Pedro Sánchez, llegando a ser investigado por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el mismo que ahora ha puesto en marcha la pieza separada por el posible blanqueo de capitales, no solo por la procedencia de la compañía, vinculada al chavismo, sino porque las empresas rescatadas por el Gobierno debían haber entrado en crisis por la influencia en su actividad del coronavirus y las restricciones que ocasionó, pero Plus Ultra ya estaba en esa situación desde un lustro antes de que se desatara la pandemia.

De hecho, la Sala hizo especial hincapié en la importancia de la prensa, una cuestión que, a su juicio, no es «indiferente a los efectos» de valorar si deben primar los intereses económicos y comerciales de la empresa o el derecho de los ciudadanos a ser informados, y deja claro, que, pese a las pretensiones del Gobierno de ocultar el expediente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya sentó jurisprudencia al respecto, reconociendo «una posición cualificada de los periodistas en cuanto a su acceso a la información pública», pues realizan «un papel de «perro guardián» de la democracia frente a los abusos de poder».

Así, ratificaba que «de acuerdo con la interpretación realizada del artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos por el TEDH, el acceso a la información pública que ha sido denegado goza de la protección del derecho a la libertad de recibir y difundir informaciones recogido en aquel precepto, de aplicación en el orden nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución Española».

Por todo ello, por intentar socavar el derecho a una información veraz, poniendo por encima los intereses de una empresa particular frente al derecho de periodistas y de la ciudadanía a conocer cómo se gestó un rescate que ahora ha terminado con los dirigentes de la compañía detenidos, la Sala propinó un rapapolvo al Gobierno, pues consideró que su actuación «vulnera el derecho porque no fomenta, sino todo lo contrario, la transparencia de la actividad administrativa y el buen gobierno en España».

El Debate desveló el informe confidencial que el Gobierno ocultó para rescatar a Plus Ultra

Sin embargo, no es la primera vez que El Debate se enfrenta a los intentos del Gobierno de esconder los entresijos del rescate. De hecho, hay que añadir las trabas que puso el Ministerio de Transportes, entonces liderado por el hoy procesado José Luis Ábalos para acceder a los informes que emitió su departamento analizando la situación de la aerolínea. De hecho, tanto la SEPI como Transportes utilizaron todo tipo de estratagemas durante año y medio que fueron desde apelar a la cita Ley de Secretos Oficiales hasta la judicialización del caso, para ocultar un informe que finalmente consiguió publicar El Debate, en el que se evidenciaba la fragilidad de la empresa, mucho antes de la llegada del covid.

Así, en este informe se señalaba que «Plus Ultra ha venido mostrando una posición débil en resultados desde el inicio de su operativa. Desde 2015, todos los años ha cerrado sus ejercicios con pérdidas. Dichas pérdidas fueron especialmente negativas en 2017», evidenciando un trato de favor más que evidente, pues las empresas rescatadas debían haber entrado en crisis por la influencia en su actividad la pandemia.

A esto hay que sumar las informaciones publicadas por The Objective que apuntan a que el propio expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo una reunión en el Ministerio de Transportes con el entonces ministro José Luis Ábalos con el objetivo de interceder a favor de la aerolínea Plus Ultra. De hecho, en una entrevista en El Confidencial el propio Ábalos ha reconocido el encuentro, «porque quería llegar a Sánchez», y apunta a la implicación del exdirigente socialista en el rescate de la aerolínea, aunque se desvincula de dicha operación. «Dado que era un tema de Transportes, deberían haber tenido el detalle de informarme y, sin embargo, no se me informó», aseguró.

En el encuentro, según The Objective, Ábalos y Zapatero se habrían confabulado para actuar de forma coordinada y presionar al entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para avalar cuanto antes el rescate, concediendo a Plus Ultra la categoría de «empresa estratégica», requisito indispensable para poder acceder al fondo de apoyo creado por la SEPI.

Sin embargo, el propio informe confidencial desvelado por este periódico ya mostraba la poca implantación de la aerolínea, al glosar la paupérrima cifra de negocio, de clientes y de presencia en el mercado de la compañía: «Tiene una cuota del 0.2 % en relación al volumen de pasajeros (…) y esta cuota se sitúa en el 0.1 % en términos de ingresos».

De hecho, incluso reseñaba que «la cifra de negocios de Plus Ultra se encuentra lejos de las de otras compañías españolas, no solo del nivel de Iberia, Air Europa o Vueling, sino también del segmento de compañías con un volumen de facturación del entorno de los 500 millones de euros (como Iberia Express, Air Nostrum o Volotea)», lo que dejaba claro el carácter marginal de la aerolínea rescatada, que registra un patrimonio neto de -40.520.947, 52 euros en su último ejercicio depositado en el Registro Mercantil, con unas pérdidas antes de impuestos superiores a los 12 millones de euros.

La SEPI recurre a la Justicia para esconder los rescates que ha renegociado con otras empresas

Pero no solo Transportes intentó echar tierra sobre este asunto, sino que también la hoy vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable final de la SEPI colabora en el asunto, pues no solo Plus Ultra ha litigado para mantener oculto el expediente, sino que es la propia entidad empresarial pública la que hace las veces de abogado defensor de la aerolínea y así ocultar cómo fue posible que 53 millones de euros terminasen en manos de una compañía con una escasa implantación y que, según las investigaciones en curso, fue pieza clave para lavar dinero de la corrupción venezolana.

Es más, la SEPI mantiene en secreto la «relación de empresas que habiendo sido beneficiarias de crédito a través del Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas han solicitado una renegociación del crédito concedido» y los informes que han servido de base para ello, ya que ha recurrido ante la Audiencia Nacional la resolución 2024-0374, dictada el 3 de abril de 2024 por el Consejo de Transparencia tras la reclamación interpuesta por este periódico tras la negativa de la entidad pública.

En ella, el organismo independiente señalaba que ya existe doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo que descartaba la posibilidad de declarar reservados estos documentos puesto un real decreto no puede limitar el acceso a la información ya que la Ley de Transparencia «únicamente queda desplazada en su aplicación como ley básica y general cuando existan en nuestro ordenamiento otras normas con rango de ley» que establezca una normativa específica, pero aun así el Gobierno sigue pleiteando y recurriendo a la Justicia para ocultar cómo ha utilizado el dinero público para rescatar a determinadas compañías, que, como en el caso de Plus Ultra, podrían haberlo utilizado de forma ilícita.