Al guion de Sánchez para resucitar la legislatura le falta lo principal

Con los años, Pedro Sánchez ha desarrollado una increíble habilidad para faltar a la verdad, enredar o directamente engañar a la prensa sin mover un solo músculo de la cara. Retrocedamos al 15 de diciembre. Esa mañana, el presidente del Gobierno compareció en la Moncloa para su habitual balance de fin de año. Allí anunció un nuevo abono transporte para media distancia, cercanías y autobuses de la red nacional que el Consejo de Ministros aprobaría en su última reunión de 2025, vía real decreto ley.

Por la tarde, Sánchez volvió a ver a los periodistas en la tradicional copa de Navidad que ofrece el Ejecutivo. Ya en un ambiente más distendido, y conociendo sus antecedentes y triquiñuelas, estos le preguntaron si en ese real decreto ley aprovecharía para introducir otras medidas que necesitaba prorrogar en 2026. Su respuesta fue que no, que el abono transporte iría solo porque «los socios» (no dijo «mis socios», dijo «los socios») ya le habían dejado en anteriores ocasiones que no les gustan los decretos ómnibus.

Parecía, pues, que había escarmentado de polémicas anteriores. Pero no. Pasaron ocho días y llegó el último Consejo de Ministros del año, el 23 de diciembre. Éste aprobó el decreto ley del abono transporte sin más adornos, cierto, pero también un decreto ómnibus con la subida de las pensiones. Solo ocho días después de aquella conversación con la prensa. Este periódico tituló el 24 de diciembre: Sánchez mete la revalorización de las pensiones en otro 'decreto trágala' para usarlo contra el PP. No veníamos del futuro para saber lo que iba a pasar; veníamos del pasado. Porque no era la primera vez que lo hacía.

Después de la conveniente campaña de agitprop contra el PP –que no contra Junts– y de tratar de meter el miedo en el cuerpo a millones de pensionistas, el Gobierno aprobará un nuevo decreto ley con la subida de las pensiones pactado con los de Carles Puigdemont y presumirá de haber resuelto un problema que, en realidad, él mismo quiso crear. Como decíamos, no venimos del futuro para saberlo; venimos del pasado. Del año pasado.

Y así, la política entra este domingo en el segundo mes del año, marcado por las elecciones en Aragón del próximo domingo, la investigación del accidente de Adamuz, la comparecencia de Sánchez en el Congreso del día 11, la vuelta de la actividad ordinaria al Parlamento y… los Presupuestos. Supuestamente. En la Moncloa siguen sosteniendo, a preguntas de este periódico, que este mes de febrero María Jesús Montero elevará al Consejo de Ministros las cuentas públicas de 2026 para su aprobación y envío al Congreso. El presidente y su vicepresidenta primera llevan toda la legislatura en rebeldía constitucional, incumpliendo un mandato de la Carta Magna.

Ello explica los movimientos del presidente para recomponer la maltrecha mayoría de investidura e intentar resucitar la legislatura, que hoy yace moribunda.

El 10 de diciembre, el PSOE desbloqueó en la Comisión de Justicia del Congreso la proposición de ley contra la multirreincidencia de Junts, una de sus exigencias para levantar el castigo a Sánchez. Ésta se aprobará en el Pleno del jueves 12 de febrero –tiene también el aval del PP y de Vox– y será enviará al Senado.

El 22 de diciembre, los socialistas pactaron con Bildu la prórroga de las medidas del escudo social, incluida esa moratoria de la prohibición de los desahucios a colectivos vulnerables que, según el PP y Junts, favorece la inquiokupación.

El 8 de enero, Sánchez recibió en la Moncloa al inhabilitado líder de ERC, Oriol Junqueras, para cerrar la reforma del modelo de financiación autonómica que propone el Ministerio de Hacienda. Un nuevo modelo que garantizaría a Cataluña 4.700 millones de euros extra y el cumplimiento del principio de ordinalidad en su caso –solo en su caso–: si es la tercera que más aporta, será la tercera que más reciba.

El 16 de enero, los gobiernos central y vasco cerraron el traspaso de cinco competencias más, en una venta del Estado al peso que no acaba nunca: las prestaciones de desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social (ambas serán efectivas desde el 1 de enero de 2027), Salvamento Marítimo, Seguro Escolar y el Centro de Verificación de Maquinaria de Barakaldo. El propio Sánchez y el lendakari, Imanol Pradales, ratificaron ese acuerdo en un encuentro en la Moncloa el pasado martes. En él acordaron agilizar más traspasos pendientes, como el de los aeropuertos vascos, y la renovación del cupo vasco.

El 26 de enero, el presidente acordó con Podemos una regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros mediante un real decreto del Consejo de Ministros que no necesitará convalidación del Congreso (ni, por lo tanto, el voto de los morados ni de nadie). En abril de 2024, todos los partidos de la Cámara Baja menos Vox apoyaron la toma en consideración de una iniciativa legislativa popular que pretendía precisamente eso y que desde entonces languidecía en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin avances. No tenía ningún viso de salir de ahí, porque ni el PP ni Junts podían permitírselo, dado el auge de Vox y de Alianza Catalana. Así que Sánchez optó por el camino corto: el de sus reales decretos.

Ello, a su vez, desbloqueará la proposición de ley orgánica sobre la delegación de competencias en materia de inmigración a Cataluña redactada por el PSOE y Junts y que Podemos tumbó en su primer asalto parlamentario, en septiembre de 2025. Fuentes gubernamentales confirman que la volverán a llevar al Pleno en breve, una vez que hayan pulido la exposición de motivos, que es lo que más chirriaba a Podemos, puesto que vinculaba la inmigración a «riesgo para la convivencia y la cohesión social».

Y la guinda del pastel llegó el miércoles, con la renuncia de José Luis Ábalos a su escaño. Con ella, el PSOE recupera un voto y, además, abarata los de Junts (aunque menos de lo que quisieran los socialistas): para la aprobación de leyes ordinarias y reales decretos leyes le volverá a bastar con la abstención de los de Puigdemont, en lugar de necesitar su voto favorable como venía pasando desde que Ábalos entró en prisión provisional.

Puigdemont, el obstáculo de siempre

Van encajando algunos personajes y escenas, sí, pero a este guion le falta lo principal; le falta el actor principal: ¿Qué pasa con Puigdemont? Porque en el Ejecutivo saben que la legislatura pasa por que el prófugo pueda regresar. En la Moncloa contaban con que el Tribunal Constitucional rechazara el martes, como así lo hizo, el recurso presentado por Puigdemont pidiendo la suspensión cautelar de la orden de detención que mantiene contra él el juez del Supremo Pablo Llarena. Era, dicen, perder una batalla para ganar la guerra: en el Gobierno dan por hecho que el órgano presidido por Cándido Conde-Pumpido resolverá favorablemente el recurso de amparo de Puigdemont contra la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía al delito de malversación. Lo que ocurrirá –pronostican– una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avale la ley de la amnistía, siguiendo el camino marcado por su abogado general a mediados de noviembre. Ése es el esquema que manejan los de Sánchez para el primer semestre del año. O para el primer cuatrimestre, según las previsiones más optimistas. Resiliencia o... contumacia.