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Carles Puigdemont, en una imagen de archivo

Carles Puigdemont, en una imagen de archivoEuropa Press

No podrá volver a España

El Constitucional mantiene la orden del Supremo para detener a Puigdemont

Del mismo modo, el Pleno ha desestimado una petición similar formulada por los exconsejeros catalanes Antoni Comín y Lluis Puig que, junto al ex presidente catalán, también están huidos de la Justicia española

El Pleno del Tribunal Constitucional ha rechazado este martes la petición del prófugo de la Justicia y expresidente catalán Carles Puigdemont de levantar la orden de detención nacional que pesa contra él, dictada y confirmada por el magistrado instructor de la causa del procés Pablo Llarena.

La Corte de Garantías ha debatido y aprobado –con tan solo un voto en contra, el del magistrado izquierdista Ramón Sáez– el borrador de la también magistrada izquierdista Laura Díez, que abogaba por desestimar la suspensión cautelar de la medida, tal y como planteó la defensa de Puigdemont, en espera de que se resuelva el recurso de amparo que el ex presidente catalán presentó contra la decisión del Alto Tribunal de no aplicarle la Ley de Amnistía.

Del mismo modo, el Pleno ha desestimado una petición similar formulada por los exconsejeros catalanes Antoni Comín y Lluis Puig que, junto a Puigdemont, también están huidos de la Justicia española.

El eurodiputado Antoni Comín, interviene durante el acto de presentación del nuevo gobierno del Consejo de la República, a 1 de marzo de 2024, en Ribesaltes (Francia). Fuente: Europa Press

Antoni Comín y Puigdemont en una imagen de archivoEuropa Press

Puigdemont solicitó el pasado noviembre al Tribunal Constitucional la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión formuladas contra él y pidió que esta suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte una sentencia firme.

En su escrito, la defensa del Puigdemont hacía referencia a las conclusiones del abogado general sobre la Ley de Amnistía, que afirman que es plenamente compatible con el derecho de la Unión.

El prófugo también argumentaba que el pronunciamiento del abogado general, unido a la declaración de constitucionalidad de la ley, «elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo».

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