El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont
El Constitucional rechazará suspender la detención de Puigdemont y evitará desautorizar al magistrado Llarena
La ponencia de los magistrados incide en que la constitucionalidad de la amnistía no obliga a levantar ya las medidas cautelares
La defensa del líder independentista denuncia que «la fase cautelar no puede convertirse en un instrumento para reabrir indirectamente un debate constitucional ya cerrado»
El Tribunal Constitucional se encamina a ratificar la vigencia de la orden de busca y captura nacional contra Carles Puigdemont en el pleno que arranca este martes pedido por el expresidente catalán con la pretensión de retirar su orden de arresto.
La corte de garantías tiene sobre la mesa el borrador elaborado por la magistrada Laura Díez —quien aboga por desestimar la suspensión cautelar solicitada por la defensa del líder independentista— mientras el Constitucional resuelve el fondo del recurso de amparo interpuesto contra la negativa del Alto Tribunal a aplicar la amnistía. Del mismo modo, se debatirán las ponencias de los magistrados Enrique Arnaldo y César Tolosa que, en la misma línea, se oponen a levantar las medidas que pesan sobre los exconsejeros huidos Antoni Comín y Lluís Puig.
En el mes de noviembre, Puigdemont solicitó al Tribunal Constitucional la suspensión de las órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión y que la suspensión se mantenga hasta que el Tribunal dicte sentencia firme.
No hay obligación de retirar ya las medidas cautelares
La resolución judicial del magistrado instructor del Supremo Pablo Llarena impide actualmente el retorno de Puigdemont y la ponencia del tribunal busca evitar cualquier interferencia con la labor del juez o anticipar un veredicto definitivo, además de aclarar que la validez legal de la amnistía no obliga a retirar automáticamente las medidas cautelares vigentes.
Frente a esta postura, la defensa del prófugo fundamenta su impugnación en que la norma ha sido declarada constitucional por el TC. Por ello, «no puede ser privada de eficacia práctica por la persistencia de medidas penales restrictivas» al tiempo que denuncia que «la fase cautelar no puede convertirse en un instrumento para reabrir indirectamente un debate constitucional ya cerrado».
Los letrados de Puigdemont sostienen que la plena vigencia de la ley y el contexto jurídico europeo actual «elimina cualquier fundamento jurídico para mantener viva una orden de detención mientras se tramita el amparo», advirtiendo a los magistrados de que persistir en la limitación de su libertad de movimientos tras casi una década de proceso supondría incurrir en un «sacrificio desproporcionado e innecesario, incompatible con los principios de proporcionalidad, necesidad y mínima injerencia que rigen en esta fase».
