Así multaba la República por ser católico, monárquico o tener una bandera roja y amarilla

En la Monarquía se puede ser republicano, pero en la II República no se podía ser monárquico. Meses después de su proclamación en España, el régimen no soportaba las críticas ni la libertad de expresión y empezó a perseguir a todo aquel que no pensara como ellos. El 21 de octubre de 1931 se aprobó la Ley de Defensa de la República que permitía al régimen actuar al margen de los tribunales de Justicia. Se multaron y suspendieron más de cien periódicos, muchas veces con el argumento de que publicaban noticias falsas y tendenciosas, y en España empezaron a vivirse situaciones insólitas y a veces pintorescas.

Llevar un crucifijo colgado del cuello, conservar una bandera roja y amarilla, en lugar de la tricolor; lucir una flor de lis o cualquier emblema monárquico, participar en manifestaciones católicas, gritar «vivas» a la Virgen, tener retratos de los Reyes, abuchear a un ministro o interpretar la Marcha Real se castigaba con multas y detenciones.

Todos los casos que se citan a continuación ocurrieron en 1932 y vienen recogidos en el anuario que hizo José Gutiérrez-Ravé, quien recopiló los principales acontecimientos vividos ese año en España. Después, todo fue a peor, hasta que estalló la Guerra Civil, pero en 1932 ya se podía presentir que aquello no acabaría bien.

Las monjas que cuidaban niños

El gobernador de Guadalajara ordenó el cierre de los colegios que regentaban las hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl en Sigüenza e impuso una multa de 1.000 pesetas a la superiora por su «falta de adhesión al régimen». La medida dejó en la calle y sin formación a muchos niños pobres, por lo que varias señoras acudieron al Ayuntamiento a protestar contra ese atropello. El gobernador multó a cada una de ellas con 250 pesetas, lo que motivó un escrito de protesta, y a cada uno de sus firmantes se les sancionó con el pago de 500 pesetas.

A la joven María del Rosario López de Letona la detuvieron cuando iba en un tranvía, a petición de dos jóvenes, porque llevaba prendido en el pecho un crucifijo con una cinta roja y amarilla que se negó a quitarse. Ella alegó que eran los colores de la bandera a la que su padre, que fue coronel del regimiento de Húsares de Pavía, juró fidelidad. La Dirección de Seguridad la puso en libertad tras imponerle una multa de 250 pesetas. Algunos socios de la Gran Peña de Madrid acordaron hacer una suscripción para pagar dicha multa y organizar un banquete en honor de la joven, pero el ministro de la Gobernación lo prohibió.

El Archiduque de Austria Carlos de Habsburgo y Borbón, pretendiente carlista a la Corona de España, fue detenido en Barcelona y multado con 10.000 pesetas por llevar en el automóvil de su propiedad emblemas monárquicos. Y el párroco de Villovela de Esgueva, Miguel Abad Jorge, fue trasladado a la cárcel de Burgos por haberse negado a pagar una multa que le impuso el gobernador por haber hablado mal del régimen.

Por dar «vivas» a la Virgen

El gobernador de León multó a varios vecinos de Turienzo de los Caballeros que repicaron las campanas en el mes de agosto creyendo que había caído la República. Y el alcalde de Campo de Criptana (Ciudad Real) impuso un centenar de multas de 25 pesetas a otros tantos vecinos por dar vivas a la Virgen, patrona del pueblo, durante una procesión.

En Palma de Mallorca, el gobernador impuso multas a varias personas que no se descubrieron en la plaza de toros mientras se tocaba el Himno de Riego. Y en Guipúzcoa los organizadores de un acto celebrado en Villafranca de Ordizia se les multó con 500 pesetas porque se interpretó la Marcha Real.

Ocho señoras de Algemesí (Valencia) fueron encarceladas por negarse a pagar unas multas que les fueron impuestas por protestar contra el derribo de algunas cruces de su localidad. Y en varias localidades, como Fuengirola (Málaga) y La Carolina (Jaén), unas mujeres fueron detenidas y multadas por protestar contra los alcaldes, que les prohibían llevar crucifijos. También en Molina de Segura (Murcia) fueron encarcelados quince vecinos por protestar contra la retirada de los crucifijos en las escuelas.

El cura ecónomo de Benimamet (Valencia), Manuel Gil, fue multado con 500 pesetas por haber asistido con cruz alzada a un entierro sin que nadie le hubiera comunicado que eso estaba prohibido.

Colgaduras rojas y amarillas

Con motivo de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, los balcones de muchas casas de Madrid y del resto de España se engalanaron con colgaduras, y se multó a muchos propietarios porque eran de color rojo y amarillo. Y en Madridejos (Toledo) fue multado con 500 pesetas el vecino Juan Rodríguez González porque pintó en la fachada de su casa dos banderas rojas y amarillas.

Manuel Senante, hijo del director del periódico El Siglo Futuro, fue denunciado por dos telegrafistas por llevar en el ojal de la solapa una flor de lis, emblema de la Casa de Borbón. Y dos tenientes fueron arrestados en Santa Pola (Alicante) por responder con un «Viva España» al grito de «Viva la República».

Un día el ministro del Tribunal de Cuentas, Calixto Ramos, visitó en privado la Casa del Labrador, de Aranjuez, y recriminó al conserje David Hidalgo que, al enseñar a los visitantes un taco de billar que era una obra de arte, con incrustaciones de oro y marfil, dijera que perteneció al Rey Fernando VII. Según el ministro, a aquel Monarca no se le debía ni nombrar. Otro visitante dio la razón al conserje y en la discusión algunos de los presentes llegaron a las manos.

La banderita de la paciente

Un día del mes de mayo de 1932 un médico entró en la habitación de una paciente, «la señorita Liñán», que estaba ingresada en el Hospital de San José y Santa Adela de la Cruz Roja, de Madrid, y le arrebató una diminuta bandera roja y amarilla que tenía en la mesita de noche. La existencia de esa bandera motivó el despido del director del hospital, doctor Víctor Manuel Nogueras, que llevaba quince años en el puesto sin recibir sueldo alguno. Le sustituyó el médico que había arrebatado la banderita, el doctor Sadí de Buen Lozano, quien ordenó que se retiraran del hospital todos los crucifijos, imágenes religiosas y retratos de la Reina Victoria Eugenia, que lo había fundado. Todos los médicos y enfermeras que salieron en defensa del doctor Nogueras fueron destituidos o suspendidos de empleo y sueldo. Años después, cuando estalló la guerra de 1936, Sadí de Buen fue fusilado.

A 18 señoras de Santander que enviaron una felicitación por su santo al Rey Alfonso XIII, que estaba en el exilio, se las sancionó con multas que iban de las 500 a las 5.000 pesetas a cada una. También el gobernador de Guipúzcoa impuso una multa de 500 pesetas al librero «señor Barba» por tener el manifiesto con el que el Rey Alfonso XIII anunció su partida de España.