El Debate desveló el informe confidencial que el Gobierno ocultó para rescatar a Plus Ultra con 53 millones

La aerolínea Plus Ultra, de bandera española pero con profundas raíces en Venezuela, tuvo la «suerte» de ser rescatada por el Gobierno, a través de la SEPI, con una aportación económica de 53 millones de euros que, desde el primer momento, suscitó sospechas. ¿Por qué a esta empresa sí y a tantas otras no? La pregunta, estimulada por el borroso «Caso Delcy» y por los lazos de una parte del Gobierno con el régimen venezolano, no tuvo respuesta hasta que el 26 de julio de 2022 El Debate publicó el informe confidencial que el Gobierno ocultó para rescatar a Plus Ultra con 53 millones.

Se trata de un documento de 22 páginas, bajo el sello de «Confidencial», firmado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, entonces encabezado por José Luis Ábalos.

Un documento que pone de manifiesto a las claras que se trataba de una empresa irrelevante en el sector: «Plus Ultra ha venido mostrando una posición débil en resultados desde el inicio de su operativa. Desde 2015, todos los años ha cerrado sus ejercicios con pérdidas. Dichas pérdidas fueron especialmente negativas en 2017». La confesión escrita del propio Ministerio es relevante porque derriba, ya de entrada, la justificación que imponía la ley para proceder a inyecciones de dinero público: las empresas rescatadas debían haber entrado en crisis por la influencia en su actividad del coronavirus y las subsiguientes restricciones, pero Plus Ultra ya estaba en esa situación desde un lustro antes de que se desatara la pandemia.

Tal y como publicó El Debate, el Fondo Covid se creó, según establece el RDL 25/2020 de 3 de julio en su artículo 2.2, para apoyar a empresas «que atraviesen severas dificultades de carácter temporal a consecuencia de la pandemia de la covid y que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional (…)». La crisis de Plus Ultra era su estado natural desde mucho antes, pese a la cual recibió un «premio» de 9.000 millones de las viejas pesetas.

Es una de las «joyas» del informe, que redactaba cada una de sus páginas bajo el sello «Confidencial» por la dificultad, probablemente, para defender en público la justificación de un rescate negado a tantas otras, con el caso de Abengoa tan reciente, un gigante con 11.000 empleos en vilo ignorado por la SEPI, el mismo organismo que sí mimó a Plus Ultra pese a tener poco de «estratégica», otra de las exigencias para recibir dinero público.

El propio Ministerio lo reconoce en el informe, al glosar la paupérrima cifra de negocio, de clientes y de presencia en el mercado de la compañía: «Tiene una cuota del 0.2 % en relación al volumen de pasajeros (…) y esta cuota se sitúa en el 0.1 % en términos de ingresos».

Para hacerse una idea de la irrelevancia de la compañía no hace falta fabular: basta con consultar lo que el propio Ministerio de Transportes recogía en su informe, un retrato feroz de la realidad de Plus Ultra.

Maquillar la realidad

Por mucho esfuerzo que los responsables del informe intentar hacer para maquillar la realidad, sus propias conclusiones estadísticas son demoledoras: Plus Ultra parece por debajo incluso de aerolíneas menores, cuando no desconocidas para el gran público, como Wamos Air, Evelop, Canary Fly o Volotea, todas ellas con cifras de pasajeros entre tres y diez veces superiores.

«Este volumen de actividad sitúa a la compañía en el puesto 77 en el ranking de compañías en 2019 (año que se utiliza de referencia) en España, con una cuota inferior al 0.1 % del tráfico de pasajeros en la red de AENA», confiesa el estudio secreto.

«La cifra de negocios de Plus Ultra se encuentra lejos de las de otras compañías españolas, no solo del nivel de Iberia, Air Europa o Vueling, sino también del segmento de compañías con u volumen de facturación del entorno de los 500 millones de euros (como Iberia Express, Air Nostrum o Volotea). Con respecto a compañías como Wamos o Evelop, la facturación se sitúa en torno a la mitad de las anteriores», añade el informe.

Es decir, para el propio Ministerio la aerolínea era marginal, acumulaba pérdidas desde su nacimiento, apenas tenía pasajeros, era superada por todas las compañías de «tipo A» (así se califica a las que pueden realizar servicios aéreos comerciales de pasajeros, carga y/o correo)… y, sin embargo, se merecía 53 millones de dinero público.

Ni siquiera el argumento de que, pese al desastroso cuadro general, era estratégica por la naturaleza exclusiva del servicio, aguanta la opinión que el propio Ministerio vierte en su informe preceptivo para liberar la millonada.

Porque, de manera casi hilarante, intenta justificar el valor de la empresa argumentando que «centrando la vista en el sur del continente americano, se puede señalar que Plus Ultra es la única compañía española que opera de forma regular en el mercado Madrid-Latinoamérica».

Pero añade a continuación una frase definitiva: «Aparte de las compañías de la red Iberia y Air Europa, aunque como se ha indicado, con un volumen de actividad muy inferior». Es decir, Plus Ultra tenía alternativas y, de hecho, frente a ellas su volumen de pasajeros era ínfimo.

Para dejarlo aún más claro, y hacer más extravagante el rescate, el Ministerio también se ve obligado a reconocer su irrelevancia frente a más competidores: «Su presencia en el hub madrileño es minoritaria, muy por debajo de las grandes compañías tanto españolas (Iberia y Air Europa) como latinoamericanas que ofrecen conexiones regulares desde sus países de bandera hasta Madrid (Avianca, LATAM Airlines, Aeroméxico y Aerolíneas Argentinas) y los turoperadores Evelop y Wamos Air».

Y un dato más, bien curioso: «Si el análisis se centra únicamente en los enlaces que opera la compañía, sus cuotas son reducidas en comparación con sus competidoras. Solamente en el caso de Venezuela (con conexión con algunos de los accionistas de la compañía), la presencia de Plus Ultra cobra cierta relevancia, llegando al 19.4 % de cuota)».

Las conclusiones del departamento de Ábalos tampoco mejoran el panorama y hacen aún más inexplicable el socorro prestado a una empresa dominada por Snip Aviation mayoritariamente, la sociedad en la que se ubican empresarios de larga trayectoria en Venezuela:

«(…) Se perfila una situación complicada para la compañía de cara a afrontar la recuperación durante los próximos años, debida a su elevada exposición al largo radio con Latinoamérica, mercado para el que se anticipa una recuperación más lenta que para otros mercados internacionales (…)».

Con un pasado de pérdidas, un presente modesto y un futuro negro, en palabras del propio Gobierno, ¿por qué accedió a un «regalo» inabordable para tantos y por qué se clasificó todo ello de confidencial?

La información de El Debate terminaba así: «Esas respuestas siguen pendientes. Quizá puedan darlas José Luis Ábalos, destituido al poco de esta operación, o María Jesús Montero, ministra de Hacienda, nueva número dos del PSOE y responsable final del SEPI, desde donde se extendió el jugoso cheque». Casi tres años y medio después, la UCO y los tribunales comienzan a tener respuesta para todas esas incógnitas a un rescate incomprensible.

La Audiencia Nacional, por último, resolvió a favor de que el expediente completo del rescate se hiciera público, tal y como solicitó El Debate. El Gobierno y la propia aerolínea han recurrido ante el Tribunal Supremo como último cartucho para evitar que se conozca la tramitación íntegra del rescate. Según fuentes jurídicas personadas en el proceso, este es un asunto clave, que permitiría comprobar todos los informes previos y en su caso las incidencias relativas a un informe final del Ministerio que entonces dirigía el hoy preso Ábalos, con el que la SEPI propuso el rescate que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó. Hoy la Policía Nacional ha registrado las oficinas de Plus Ultra y detenido a su presidente, nada menos.