Óscar Puente no desmiente la participación de Zapatero en el rescate de Plus Ultra, pero esconde si hubo reuniones

¿Estuvo Zapatero reunido en el Ministerio de Transportes con sus responsables para presionar a favor del rescate de Plus Ultra? La sencilla pregunta sobre un caso con conexiones venezolanas y objeto de una investigación judicial de hondas consecuencias resulta sin embargo imposible de responder para el titular actual de la cartera, Óscar Puente: no se atreve a desmentirlo y, a la vez, se escuda en un tecnicismo para intentar justificar su negativa a aclararlo.

La figura del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra en plena pandemia es una de las oscuras cuestiones que rodean a un Gobierno que vive enmarañado por varias tramas de corrupción interrelacionadas entre sí.

De hecho, el propio José Luis Ábalos confirmó la existencia de presiones que llegaban de parte del expresidente para reflotar la aerolínea vinculada al chavismo en plena pandemia, cuyos dirigentes fueron detenidos en diciembre, algo que Transportes no se ha atrevido a desmentir.

En concreto, Ábalos en una entrevista en OkDiario de finales de este año relató que «Zapatero me presionó para facilitar el rescate de Plus Ultra». Además, el comisionista de la trama Víctor de Aldama desveló en Cuatro que el exjefe del Ejecutivo se reunió con Ábalos en el ministerio.

Aldama expresó que la conversación entre ambos socialistas «fue para decirle que había que rescatar la compañía Plus Ultra, que era necesario rescatar a Plus Ultra», y que Ábalos le trasladó a Koldo que no daba «crédito» porque «me ha venido a pedir que rescate Plus Ultra, que lo tengo que hacer sí o sí, y que es una orden directa del presidente».

Sea como fuere, mientras el Gobierno insiste en defender la «pulcritud» del rescate, Óscar Puente, actual ministro de Transportes, no ha negado la intervención de Zapatero en el rescate de Plus Ultra ni la existencia de tales reuniones en Transportes, amparándose en un presunto vacío legal por el que la obligación inherente a todo alto cargo de Gobierno y de sus ministros, incluido el presidente del Gobierno, relativa a documentar todas sus reuniones y agendas solo resultaría aplicable a aquellas que tuvieran lugar en el ejercicio de sus funciones, excluyendo las que queden «fuera del ámbito estrictamente institucional», tal y como consta en un documento al que ha accedió en exclusiva este periódico, fechado el pasado 18 de septiembre y que lleva la firma de la directora General de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Belén Villar.

Montero lo niega categóricamente

Por su parte, cabe recordar que el rescate de 53 millones de euros que recibió Plus Ultra llegó a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el gran conglomerado empresarial del Gobierno, dependiente directamente del Ministerio de Hacienda, cuya titular, María Jesús Montero, según Aldama, se ofreció para facilitar el rescate aunque, según el documento oficial en poder de El Debate, asegura no haberse reunido con Zapatero para ello.

Sin embargo, el propio Gobierno ha intentado por todos los medios esconder los entresijos del rescate. Tanto es así que El Debate se encuentra inmerso en una batalla judicial en el Tribunal Supremo con el Ejecutivo, ya que la SEPI se ha negado una y otra vez a entregar a este periódico todos los informes que conforman el expediente íntegro del rescate, pese a que la Audiencia Nacional ya dio la razón a este periódico en su sentencia del pasado 22 de marzo al estimar que la actuación del Gobierno «vulnera el derecho porque no fomenta, sino todo lo contrario, la transparencia y buen gobierno en España».

Este periódico sí logró hacer público el informe confidencial que emitió Transportes analizando la situación de la aerolínea en el que se evidenciaba la fragilidad de la empresa «desde el inicio de su operativa», lo que, en principio impedía su rescate ya que las beneficiarias debían haber entrado en crisis por el covid y debían ser estratégicas, un requisito que Plus Ultra no cumplía dada su escasa implantación en el mercado.

De ahí la importancia de todos los documentos que conforman este expediente de la concesión, que no solo incluiría el informe del Ministerio de Transportes desvelado por este periódico, sino todos los informes previos y los análisis necesarios para la misma, que podrían incluir algunos contrarios a rescatar a la aerolínea.

Zapatero se reunión con uno de los directivos de Plus Ultra detenidos

Por ello, la intermediación de Zapatero en este asunto está llena de sombras desde el inicio. Unas sombras que se acrecentaron cuando salieron a la luz sus reuniones con uno de los dirigentes de la aerolínea, que han sido acusados de la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias.

De hecho, el «uso indebido» del dinero del rescate es lo que ahora vuelve a investigar la jueza Esperanza Collazos en una pieza declarada secreta que ha iniciado tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en la que asegura que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad (Plus Ultra) por otras de la supuesta trama delictiva», que conformarían una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

En concreto, el dinero público español se habría usado para devolver unos préstamos a una empresa radicada Suiza, y a través de este entramado se habrían llevado a cabo operaciones de blanqueo de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)».

Zapatero tendrá que acudir al Senado, que también investiga el rescate de la aerolínea

Por todo ello, la comisión de investigación del caso PSOE en el Senado ha ratificado la citación de Zapatero, –aún sin fecha–, así como la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo; el presidente y dueño de la compañía Plus Ultra Julio Martínez Sola y su consejero delegado, Roberto Roselli. También ha citado a Julio Martínez Martínez, «empresario detenido por la UDEF en el mismo operativo que los directivos de Plus Ultra y que horas antes había mantenido una reunión secreta con Zapatero en El Pardo».

Además, ha requerido numerosa documentación sobre el rescate de la aerolínea, tanto a la SEPI y al Ministerio de Hacienda, entre ellos el «expediente íntegro del rescate concedido a Plus Ultra», incluyendo el «detalle de consumo de mercancías (queroseno)» con contratos de suministro de combustible, facturas, proveedores, precios y condiciones como descuentos, revisiones de precio e intermediarios.

De forma paralela, la Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra Zapatero por su posible colaboración con el régimen chavista de Maduro, para investigar si la actuación de Zapatero «no se limitó a un papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Maduro».

De hecho, la relación entre Zapatero y la dictadura chavista siempre ha sido estrecha y para ello solo hay que recordar dos cuestiones recientes, la intermediación del expresidente en el exilio de Edmundo González y su reciente papel en la liberación de presos políticos tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, un movimiento que más que ‘amnistiarle’ no hace más que certificar su proximidad con el régimen.

Es más, el propio gobierno español ha alabado al expresidente socialista por su «buen hacer», según el propio Pedro Sánchez, que ha visto en la figura de Zapatero a uno de sus grandes valedores en el seno del partido. De hecho, su presencia ha sido habitual en los actos del PSOE e incluso su relación es tan estrecha que ha sido el interlocutor con Carles Puigdemont, tras la salida de Santos Cerdán.

No obstante, Moncloa no ha querido confirmar si este verano ha habido alguna reunión entre ambos en La Mareta (Lanzarote), ya que Zapatero suele veranear habitualmente en la isla. De hecho, tal y como ha publicado El Debate, Sánchez ya está obligado a ello, en virtud de la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, número 1403-2025 del pasado 21 de noviembre.

En ella, se ordenaba a Sánchez a hacer pública la «relación de invitados que han acudido a la residencia, con indicación de la razón de su permanencia en la residencia vacacional del Jefe del Ejecutivo y secretario General del PSOE», después de que Moncloa se negase a hacerlo, alegando que únicamente «organiza las actividades del jefe del Ejecutivo en el ejercicio del cargo y registra la información que de ellas pudiera derivarse», tal y como ya publicó este periódico.