Sánchez, obligado a desvelar sus invitados a La Mareta como presidente y líder del PSOE tras gastarse 45.000 euros

¿Con quién se gastó 45.000 euros Pedro Sánchez este verano, pese a usar un palacio cedido a Patrimonio del Estado por Juan Carlos I? Mientras España ardía, el líder socialista se pegó unas vacaciones de más de tres semanas en La Mareta (Canarias) y ha intentado por todos los medios esconder el coste de ese lujo y las compañías que, quizá, lo disfrutaron. Hasta ahora.

Nuevo varapalo para el presidente del Gobierno por esconder a quién invita a La Mareta durante sus lujosas vacaciones. El Debate ha accedido en exclusiva a un documento en el que Moncloa admite que la factura final asciende a 44.975,19 euros, frente a los 26.000 inicialmente reconocidos. De este nuevo importe, 11.322,65 corresponden a alojamiento; 22.711,41 euros a manutención y 10.941,13 euros en concepto de locomoción, personal de seguridad excluido, si bien Moncloa se niega a hacer entrega de las facturas que soporten tales gastos por razones de Seguridad Nacional, la misma que no ha apreciado en supuestos como la Dana, el apagón y los incendios que asolaron España este pasado verano.

Lo que no detalla Moncloa es a qué se refiere con los conceptos de manutención o alojamiento, pues, en principio, la presencia del presidente no debería suponer un coste más allá del de su propia estancia, incluyendo gastos de comida y otros suministros básicos, y no un montante total de casi 45.000 euros, como si de un hotel de lujo se tratase.

La política de opacidad que lleva a cabo Moncloa vuelve a ser desmontada y Sánchez tendrá que explicar quiénes han sido sus invitados en el palacio Real de La Mareta.

En una resolución que supone el primer precedente legal en la materia, según Julio R. Naranjo, Socio Director General de la firma que asesora a este periódico en asuntos públicos y en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, «el mandato del CTBG es claro a este respecto. Haciéndose eco de nuestros argumentos, Presidencia del Gobierno deberá hacer pública la lista de invitados por el presidente, que es también secretario general del PSOE, admitiendo así que lo sustantivo es precisamente que se trata de residencias públicas sufragadas con fondos públicos. Es un paso más para acabar con la práctica habitual de Sánchez de usar los bienes públicos para asuntos de partido,», concluye Julio R. Naranjo.

Asimismo, Presidencia deberá aclarar el importe de las dietas que se hubieran abonado a la Guardia Civil por su permanente vigilancia durante los 23 días de las lujosas vacaciones del presidente. Esta cifra no es menor, pues cabe reseñar, además, que, en total, casi medio centenar de agentes de la Guardia Civil se trasladaron a Lanzarote este mes de agosto, pues estaba previsto que Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero se reunieran en la isla, donde el expresidente cuenta con una villa valorada en 1,2 millones de euros, en la urbanización Famara Bungalows, ubicada en el municipio de Teguise. De esta manera, a los 30 agentes integrantes del dispositivo de seguridad de Sánchez, habría que añadirle una decena más para proteger a Zapatero, aunque según otros medios como The Objetive, esta cifra podría subir hasta los 95 agentes, si se tienen en cuenta otras unidades desplegadas pertenecientes también a la Policía Nacional.

Un enorme dispositivo no exento de críticas por parte de las propias asociaciones de guardias civiles, que denunciaron las deplorables situaciones que tenían que vivir, pues según señalaron fueron movilizados «con las dietas congeladas y poniendo dinero de su bolsillo para trabajar», ya que solo disponen de 77 euros diarios para alojamiento y manutención.

Ambos mandatos se recogen en la Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, número 1403-2025 del pasado 21 de noviembre, dictada por el Consejo de Transparencia a instancias de El Debate, amparando las acciones legales emprendidas por este periódico. La Autoridad Administrativa Independiente que preside José Luis Rodríguez López, reprocha a la Secretaría General de Presidencia dificultar considerablemente su labor. «Este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional», señala la resolución ejecutiva que ampara la labor investigadora de El Debate.

Una orden que llega después de que Moncloa se negase a detallar quiénes fueron los acompañantes de Sánchez en La Mareta, alegando que únicamente «organiza las actividades del jefe del Ejecutivo en el ejercicio del cargo y registra la información que de ellas pudiera derivarse», tal y como ya publicó este periódico.

De hecho, tal y como publicó El Debate, el presidente del Gobierno pasó el verano con su mujer, Begoña Gómez, y sus dos hijas, Ainhoa y Carlota, a las que también se sumaron sus padres, Pedro Sánchez y Magdalena Pérez Castejón; su cuñado, Miguel Ángel, y su concuñada, Fayette Proper, pero Moncloa, con la excusa de que solo se encarga de la agenda oficial de Sánchez no aclara si se sumó alguien más a la comitiva. Ahora tendrá que hacerlo. En otro caso, «Presidencia del Gobierno será demandada ante la Justicia, como ya ha ocurrido con el uso del Falcon y sus invitados, los 88 días de vacaciones a todo lujo que Pedro Sánchez oculta a la ciudadanía o la asistente de Begoña Gómez pagada con dinero público, por lo que ambas has sido imputadas por el Juez Peinado», aclaran las mismas fuentes jurídicas consultadas.

Moncloa ya utilizó la excusa de las cuestiones personales para falsear los gastos de Begoña

No obstante, la excusa esgrimida por Moncloa, alegando que solo organiza las actividades oficiales de Sánchez para evitar dar más explicaciones acerca de cómo utiliza los recursos públicos no es nueva, sino que ya la usó para negarse a revelar la relación completa de recursos utilizados por Begoña Gómez.

En concreto, Presidencia señaló entonces que las actividades de la esposa de Sánchez «pertenecen a su esfera privada y personal, por lo que este órgano no dispone de información sobre su actividad profesional ni, consecuentemente, genera gasto público asociado a la misma», aunque sí reconoció los costes derivados de su dispositivo de seguridad en los desplazamientos, «así como el uso de los sistemas de comunicación de la Presidencia del Gobierno».

Sin embargo, en esta respuesta obvió la existencia de su asesora personal, Cristina Álvarez, cuyo salario está sufragado a costa del Estado y, precisamente por ello, el juez Peinado, que atribuye a Gómez cinco presuntos delitos, –tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos–, solicitó a Moncloa las agendas y viajes realizados por ambas, con el objetivo de determinar «si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas a la vez, o solo por Álvarez, estaban en relación a actividades personales o profesionales de Gómez».

Aun así, Presidencia se ha hecho de rogar y solo después de que el juez instructor enviase una nueva petición avisando de que, en el caso de «no remitirlo ni alegar las causas que imposibilitan su remisión, se podría incurrir en un delito de desobediencia», ha claudicado y ha enviado a Peinado facturas de billetes de tren y de avión entre abril de 2022 y septiembre de 2023 con destino a Segovia y a Granada, que fueron gestionados por Viajes El Corte Inglés al entonces Ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes.

Moncloa se desentiende del cierre exclusivo del espacio marítimo de La Mareta para Sánchez y su familia

El dispositivo de seguridad establecido sobre La Mareta llevó implícito el cierre hasta el 31 de agosto de parte del espacio marítimo de la isla para su recreo vacacional, una superficie de algo más de 66 hectáreas marítimas por donde no podía navegar ninguna embarcación «por motivos de seguridad». Sin embargo, Presidencia del Gobierno se niega a reconocerlo en un escrito en poder de El Debate, firmado por su exdirectora jurídica este 12 de septiembre, en el que asegura que no posee ninguna información o documento al respecto de este cierre del espacio marítimo. Ni de quién lo ordenó, ni por qué, ni tiene ningún documento solicitando ese cierre.

Una respuesta sorprendente ya que, según el Real Decreto 676/2025, de 28 de julio, por el que se aprueba la estructura de la Presidencia del Gobierno, precisamente la Secretaría General de Presidencia del Gobierno es la responsable de la «organización y la seguridad de todas las actividades del presidente del Gobierno, tanto en territorio nacional como en sus desplazamientos al exterior» y, además, dispone de un Departamento de Seguridad creado específicamente para este fin.

Aun así, en todo caso, si Moncloa no sabe nada del cierre del espacio marítimo, el que tendría que ofrecer una explicación al respecto es Óscar Puente, pues la orden de prohibición de la navegación en la zona de La Mareta fue publicada por Salvamento Marítimo, organismo dependiente del Ministerio de Transportes.