El Supremo desmonta los trucos de Sánchez y le «invita» a defender el rescate de Plus Ultra en una vista pública

El rescate de la aerolínea Plus Ultra, que recibió 53 millones de euros a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en plena pandemia, ha llevado al expresidente Zapatero a estar imputado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales. Delitos que están siendo investigados, además de en España, por las fiscalías Anticorrupción de Suiza y Francia, como parte de una estructura criminal internacional, mientras el Gobierno pleitea en el Supremo para evitar que se haga público el expediente del rescate.

Los informes entregados al magistrado José Luis Calama hablan de la presunta existencia de una trama liderada por el expresidente socialista, gracias a la cual él y sus hijas habrían sido los destinatarios finales de las comisiones ilegales repartidas que ascendieron a más de 1.525.078 euros, para él, y hasta 423.779 euros, en el caso de sus descendientes.

Así, según el magistrado, se creó un entramado empresarial fuera de España para canalizar las presuntas mordidas por el rescate de Plus Ultra. Por instrucción del propio Zapatero, se constituyó una sociedad off-shore, «Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco», que estaba «participada al 100 %» por otra empresa llamada «Idella Consulenza Strategica». Esta última compañía firmó un contrato con Plus Ultra «para cobrar el 1 % del rescate (530.000 euros)».

A cambió el expresidente trató de conseguir «una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia». Una ayuda que recibió a pesar de que el informe confidencial que publicó en exclusiva El Debate dejaba claro que la empresa estaba quebrada antes de solicitar la ayuda pública y tenía muy poco de estratégica, pese a que, precisamente, la solvencia y el carácter estratégico eran condiciones imprescindibles para acceder a ellas.

De hecho, el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya reconoció la influencia del expresidente, aunque siempre ha sostenido que él no tuvo nada que ver con la concesión, pero ha reiterado en varias entrevistas que le presionó para la concesión de la ayuda, algo que el propio Zapatero negó en el Senado y acaba de reiterar tras conocerse su imputación.

Sin embargo, según el comisionista del ‘caso Koldo’, Víctor de Aldama, «Koldo dijo que Zapatero se había llevado diez millones de euros por el rescate y que estarían en Panamá», después de que Ábalos llamase a Pedro Sánchez para insistir en que había que rescatar Plus Ultra «sí o sí». El ministro, además, habría llamado a su compañera, la exministra de Hacienda y hoy en la oposición en el Parlamento andaluz María Jesús Montero, quien tranquilizó a Ábalos y le comunicó: «Yo me encargo de la SEPI y vamos a ayudar».

Además, junto a Zapatero, en la causa también están siendo investigados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez (amigo y pagador de Zapatero), entre otras personas. De hecho, este último sería la persona con la que el expresidente se reunió en las inmediaciones de El Pardo días antes de que se produjeran los primeros registros en la aerolínea. Tras este encuentro, el empresario detenido borró todos los mensajes de su teléfono.

Pero más allá de la influencia de Zapatero, todo apunta a que este rescate estuvo plagado de irregularidades, y de ahí el interés del Gobierno en mantener el expediente en el más absoluto secreto, pues, según ha confesado el responsable del seguimiento de la operación, José Ángel Partearroyo Martín, en la comisión del Senado creada para analizar el alcance de dichas irregularidades se autorizó, exclusivamente, en base a informes externos de la empresa, en los que no se analizó el estado real de sus cuentas.

«Nosotros partimos del informe del auditor externo de Plus Ultra y no lo podíamos poner en cuestión», ha apuntado, lo que entra en contradicción con lo que aseguró el vicepresidente de la sociedad, Bartolomé Lora, en el Senado. El máximo responsable de los rescates sentenció que sí que había informes, pero «los informes clave que justificaron el rescate de Plus Ultra, incluidos los de las direcciones financieras, iban sin firma», y que la única rúbrica que aparece es la suya en el informe que se eleva al Consejo Gestor para la aprobación definitiva del rescate.

Sin embargo, el Ejecutivo de Sánchez, acorralado por la corrupción, sigue utilizando los servicios de la Abogacía del Estado para ocultar el expediente completo de la concesión, que no solo incluiría el informe del Ministerio de Transportes desvelado por este periódico, sino todos los informes previos y los análisis necesarios para la misma y que podrían poner en evidencia el papel de Zapatero y de otros altos cargos.

De hecho, el Gobierno ha llevado el asunto hasta el Tribunal Supremo, que ya ha admitido a trámite un recurso de casación y ha señalado la existencia de una próxima vista, necesaria «dada la índole del asunto», para que el Gobierno defienda el carácter secreto del polémico rescate o si este debe hacerse público, como así lo estimó la Audiencia Nacional, amparando la investigación de El Debate.

En concreto, el Supremo tendrá que pronunciarse acerca de si el art. 2.17 del Real Decreto-Ley 25/2020, de 3 de julio, por el que se creaba el Fondo de Apoyo a las Empresas Estratégicas, y calificaba la información recabada para ello como reservada «con las excepciones previstas en la normativa vigente», «configura un régimen específico de acceso a la información u otorga a dicha información un carácter reservado que suponga su aplicación preferente sobre las previsiones de la Ley de Transparencia, a los efectos previstos en el apartado 2 de su disposición adicional primera».

Es decir, lo que tendrá que determinar el Alto Tribunal, dado que no existe jurisprudencia al respecto, es si prevalece el carácter reservado impuesto en el real decreto dictado por Sánchez durante la pandemia o si, por el contrario, la norma que rige es la establecida en la legislación vigente y que pretende garantizar el derecho constitucional a la información, tesis sostenida por la Audiencia Nacional en la sentencia que ahora el Gobierno trata de enmendar en el Supremo para esconder los entresijos de un rescate que no ha dejado nunca de estar bajo la lupa.

De hecho, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional tuvo que recordar al Gobierno el «papel de 'perro guardián' de la democracia frente a los abusos de poder» que tiene la prensa, tras casi cuatro años de litigios y recursos, pues la SEPI siempre se negó a hacer público el expediente del rescate solicitado por este periódico.

Además, respecto al asunto nuclear que ahora tendrá que decidir el Supremo, la Sala consideró que el Gobierno no puede restringir el acceso a tales documentos, puesto que dicho decreto «no tiene por finalidad alterar el régimen constitucional y legal regulador de la transparencia de la actuación de las administraciones públicas». Es decir, este decreto jamás puede colocarse por encima de la Ley de Transparencia, a lo que hay que añadir que ya existe una ley expresa, la Ley 9/1968, de 5 de abril sobre Secretos Oficiales, que recoge literalmente que solo podrán ser considerados como tales «los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado».

Sin embargo, el organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, lleva más de cuatro años poniendo todo tipo de impedimentos para que salga a la luz la realidad del rescate, argumentando que se trataba de información «de carácter reservado» y que, entre otras cosas, su divulgación pondría en peligro los intereses estratégicos y comerciales de una empresa que, para poder acceder a las ayudas, debería ser estratégica en nuestra economía, aunque en realidad no lo era.

De hecho, no es la primera vez que el rescate de la aerolínea está bajo escrutinio de la Justicia, pues en 2023 ya hubo una investigación abierta por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Sin embargo, tras la llegada del expediente a la Audiencia Nacional, la UDEF, en una operación coordinada por, al menos, tres fiscalías Anticorrupción, apuntalaba las evidencias en contra de Zapatero que, ahora, han motivado la decisión del magistrado Calama de imputar al expresidente.

Es más, la propia sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ahondaba en esta cuestión, pues consideró que «no resulta probado que se trate de una empresa estratégica (operaba un porcentaje mínimo del tráfico aéreo en España), como es notorio. Y su solvencia ha suscitado dudas desde su creación, como también es notorio».

Por lo tanto, continuaba, «resulta innegable que existe un interés público en conocer dicho expediente ante la importante cuantía de dinero público concedido a una entidad privada», pues, precisamente, uno de los fines de la Ley de Transparencia es «someter a escrutinio las decisiones de los responsables públicos», y las últimas imputaciones y la investigación abierta lo hacen aún más necesario.

No es la primera vez que El Debate se enfrenta a los intentos del Gobierno de esconder los entresijos del rescate. De hecho, hay que añadir las trabas que puso el Ministerio de Transportes, entonces liderado por el hoy imputado José Luis Ábalos, para acceder a los informes que emitió su departamento analizando la situación de la aerolínea. Tanto la SEPI como Transportes utilizaron todo tipo de estratagemas durante año y medio, que fueron desde apelar a la cita Ley de Secretos Oficiales hasta la judicialización del caso, para ocultar un informe que finalmente consiguió publicar El Debate, en el que se evidenciaba la fragilidad de la empresa, mucho antes de la llegada del covid.

Así, en este informe se señalaba que «Plus Ultra ha venido mostrando una posición débil en resultados desde el inicio de su operativa. Desde 2015, todos los años ha cerrado sus ejercicios con pérdidas. Dichas pérdidas fueron especialmente negativas en 2017», evidenciando un trato de favor más que evidente, pues las empresas rescatadas debían haber entrado en crisis por la influencia en su actividad de la pandemia, algo que deberían haber observado los responsables de la SEPI, pero que obviaron al no realizar informes económicos sobre la compañía, según las declaraciones de Partearroyo en el Senado.

De hecho, las dudas sobre la idoneidad o no de la concesión del rescate son muchas, pues el propio informe confidencial desvelado por este periódico ya mostraba la poca implantación de la aerolínea, al glosar la paupérrima cifra de negocio, de clientes y de presencia en el mercado de la compañía: «Tiene una cuota del 0.2 % en relación al volumen de pasajeros (…) y esta cuota se sitúa en el 0.1 % en términos de ingresos».

Incluso reseñaba que «la cifra de negocios de Plus Ultra se encuentra lejos de las de otras compañías españolas, no solo del nivel de Iberia, Air Europa o Vueling, sino también del segmento de compañías con un volumen de facturación del entorno de los 500 millones de euros (como Iberia Express, Air Nostrum o Volotea)», lo que dejaba claro el carácter marginal de la aerolínea rescatada.

Aun así, el Gobierno sigue pleiteando y recurriendo a la Justicia para ocultar cómo ha utilizado el dinero público para rescatar a determinadas compañías, que, como en el caso de Plus Ultra, podrían haberlo utilizado de forma ilícita con la presunta connivencia del expresidente Zapatero.