Moncloa no niega el uso del Falcon por las hijas de Sánchez y confirma que no registra ni destinos ni acompañantes en los vuelos

Era bien fácil de negar, pero La Moncloa no ha podido: por primera vez, y con documento oficial, no desmiente el uso de aeronaves oficiales por parte de las hijas de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez, de los cuales asegura no llevar registro de la cantidad, los destinos ni los acompañantes. Se repite así el insólito modus operandi ya desvelado por El Debate con respecto a la esposa imputada del presidente del Gobierno, de la que tampoco se niega la utilización del célebre Falcon o incluso del Airbus, los dos modelos asignados a la flota institucional, en plena polémica por la retirada judicial de su pasaporte.

La «confesión» de la propia Moncloa, tras una intensa disputa jurídica que El Debate ha ganado en aras a garantizar el derecho a la información, intenta proteger el uso indiscriminado de costosos recursos públicos por parte de la familia de Sánchez, para cuestiones privadas o en todo caso desconocidas, con una estrategia sorprendente: en lugar de negar los hechos, se limita a decir que, al no tratarse de cargos institucionales, no registra una actividad que sin embargo desarrollarían gracias a la condición del padre y marido de las afectadas.

Todo ello lo desvela este periódico en plena controversia por el uso de un Airbus por parte de Sánchez para acudir desde Ankara, sede oficial en Turquía de un importante cónclave de la OTAN, hasta Londres, para un asunto estrictamente privado relativo a la graduación de su hija mayor en una cara escuela privada, no muy distinta a las que el propio Sánchez tildó de «chiringuitos» para arremeter contra la educación alternativa a la pública.

La consecuencia de esa anomalía familiar sería, por ejemplo, que Begoña Gómez hubiera podido usar el Falcon para ir a la República Dominicana, donde la huella de aterrizajes de la aeronave es extensa, pese a no tener ningún rango oficial más allá de ser la mujer del presidente y que, continuación, La Moncloa hubiese prescindido de consignar esos desplazamientos como en realidad debiera hacer.

Y coincide también con la pregunta que se hace buena parte del país. ¿Begoña Gómez ha utilizado el Falcon para acudir la graduación de su hija en Londres o ha viajado en un vuelo comercial pagado por Presidencia? A cierre de esta edición, Moncloa no ha respondido a la pregunta planteada por este periódico, después de que el juzgado le permitiera salir de España rumbo a Inglaterra, pero no a la Cumbre de la OTAN en Ankara, dado que no ostenta cargo público ni condición de autoridad, por lo que no es necesaria su presencia.

Tras la exclusiva publicada por El Debate sobre el uso personal que sin ningún tipo de registro viene haciendo Begoña Gómez en su condición de mujer del presidente del gobierno, a resultas del juicio que se tramita ante el TSJM y que abocó a la Abogacía de Estado a admitirlo, Presidencia del Gobierno se ha visto obligada a reconocer el uso personal de las aeronaves del Estado por, entre otras, las hijas de Sánchez.

Y lo ha tenido que hacer al verse acorralada por el nuevo mandato legal de la RCTBG 40/2026 del pasado 19 de enero, por el que se obliga a Moncloa a desvelar el uso que de las aeronaves del Estado hace la familia del presidente, ante la inminente apertura de un procedimiento judicial si no daba respuesta, previo requerimiento instando el cumplimiento contenido en la normativa reguladora.

La respuesta final de Moncloa llegaba a este periódico mediante la Ejecución del fallo firme y no recurrido, en escrito de la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, con fecha 19 de mayo de 2026. A pesar de esconder el cómo y el cuándo, alegando que cualquier desplazamiento de este tipo pertenece a su «esfera privada y personal» y, por tanto, la fiscalización de su uso escapa de las facultades que el decreto 676/2025 de 25 de julio que regula la estructura de la Presidencia del Gobierno solo es la referida a la condición que ostenta Pedro Sánchez como jefe del Ejecutivo, Presidencia reconoce que no ejerce ningún tipo de control sobre el uso de las aeronaves por la familia de Pedro Sánchez porque «las personas que conviven con el jefe del Ejecutivo no ostentan ningún cargo público».

Solo lo hace cuando se trata de los viajes oficiales de Pedro Sánchez, que siempre lo son por el mero hecho de ostentar la condición de presidente del Gobierno desde que toma posesión del cargo hasta que cesa en el mismo, según la nueva «doctrina» legal creada ad hoc. Tanto el Título II del Buen Gobierno de la Ley 19/2013 de 9 de diciembre, como la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, consagran principios jurídicos muy claros al respecto del uso de los recursos públicos puestos a disposición del presidente del gobierno, imponiéndole la obligación de actuar on transparencia y responsabilidad, haciendo uso de los mismos en atención al interés general, actuando en todo momento bajo el criterio de austeridad e integridad.

Pedro Sánchez actualmente tiene abiertos varios frentes judiciales por el uso de los mismos: desobedece la obligación de identificar los acompañantes privados en 122 vuelos en el Falcon y se ha negado a detallar, incurriendo en desacato, la estancia secreta de su hermano en Moncloa mientras esperaba ser juzgado por el caso instruido por la Jueza Biedma por corrupción en la Diputación de Badajoz por su contratación. Asimismo ha protagonizado numerosos escándalos a cuenta de sus desmedidos gastos y lujos en sus vacaciones en La Mareta pagadas por los contribuyentes.

Cuando Moncloa manifiesta que no existen registros, trata de ocultar una relación de viajes que permitiría desvelar, por ejemplo, si las hijas se han servido del uso del Falcon por parte de las hijas para acudir a centros de estudios en el extranjero, o si su madre se sirve de los aviones presidenciales para ese mismo fin, una vez reconocido desde Moncloa que la mujer del presidente hace uso de ellos bajo estricto criterio personal, no sujeto a fiscalización alguna.

La Abogacía del Estado, a pesar de los intentos de Sánchez por ocultar los vuelos en Falcon de Begoña, admite que no los fiscalizan

Además, esta nueva confesión de Moncloa no hace más que reforzar la tesis de que Sánchez y su familia utilizan el Falcon sin ningún tipo de registro que permita trazar sus pasos, al igual que ya reconoció al respecto de los viajes de Begoña Gómez.

Según publicó este periódico, la esposa del presidente del Gobierno ha podido utilizar cualquiera de las aeronaves reservadas para la Casa Real y el Gobierno sin que se conste el número, la razón, el destino o los días de permanencia en el destino elegido, tal y como consta en un escrito presentado por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el marco de un procedimiento abierto por El Debate para garantizar el derecho a la información ante las reiteradas evasivas de Moncloa.

En concreto, para la Abogacía del Estado, la única actividad documentada que hay es «aquella generada por la Presidencia del Gobierno», quedando fuera de sus competencias hacer un registro de los actos y viajes de «personas que no ostentan la calidad de autoridad, cargo público o empleado público, cuando tal actuación es ajena al acompañamiento» del presidente o de su delegación presidencial, incluso aunque lleven aparejados el uso de recursos públicos de acceso tan limitado como este tipo de aeronave.

Además, añadía que los datos relativos a los viajes en Falcon de Begoña Gómez quedarían fuera de sus competencias, ya que «la actividad documentada es aquella generada por la Presidencia del Gobierno en el ejercicio de sus funciones y, en particular, los desplazamientos oficiales del presidente y su núcleo familiar», dejando a un lado cualquier otro traslado de carácter personal que pudiera realizarse.

Esta respuesta llegaba después de que la Abogacía del Estado pretendiera, hasta en dos ocasiones, dejar sin efecto el pleito abierto en el TSJM y tras la negativa reiterada de Moncloa a hacer públicos los viajes de Begoña Gómez, que, además, ha podido servirse durante todo este tiempo de un pasaporte diplomático, que le ha sido retirado como medida cautelar ante el procedimiento judicial que tiene abierto y por el que se le imputan los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

De hecho, el juez Peinado ha reiterado su posición en su respuesta al recurso del abogado de Gómez contra estas medidas cautelares, recordando la fuga de Bettino Craxi, líder del Partido Socialista italiano y primer ministro de Italia entre los años 1983 y 1987 para insistir en la necesidad de mantener estas medidas, ya que este dirigente huyó a Tunez en 1994 para evitar la cárcel por una trama de corrupción.

A esto hay que añadir el intento de Moncloa de hacer creer en el Senado que los viajes de la esposa del presidente son ‘secreto de Estado’, ya que «deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección». Sin embargo, El Debate pronto desmontó el ‘bulo’ orquestado para ocultar los viajes de la esposa del presidente, pues el Gobierno no tuvo más remedio que reconocer que no existía ningún acuerdo del Consejo de Ministros que los declarase como materia clasificada. Además, en el mismo escrito sostenía todo lo contrario, que «doña Begoña Gómez Rodríguez únicamente viaja en aeronave de las Fuerzas Aéreas y del Espacio acompañando al presidente del Gobierno, y estos viajes son objeto de publicidad activa a través de la página web de La Moncloa».