Sánchez mintió en el Senado para esconder los vuelos de Begoña Gómez en el Falcon y Moncloa ya lo reconoce

¿A qué obedece el empeño de La Moncloa en clasificar como «secreto de Estado» los eventuales traslados de Begoña Gómez en el Falcon? ¿Por qué ese empeño, ahora derrotado, en proteger esos desplazamientos si no hay nada que esconder? Lo cierto es que la Presidencia ha utilizado todos los trucos y recursos a su alcance para esconder esa información, sirviéndose de bulos difundidos incluso en sede parlamentaria, para reconocer ahora, forzada por este periódico, que la esposa de Pedro Sánchez no dispone de ese «derecho» a no dar cuentas por qué nunca se aprobó nada legalmente que se lo permitiera.

El Gobierno se negó a detallar en el Senado los viajes de Begoña Gómez en el Falcon al tratarse de «materia clasificada con el máximo grado de protección», citando para ello la Ley franquista de Secretos Oficiales y un acuerdo del Consejo de Ministros de 1986.

Un nuevo bulo que acaba de ser desmontado por este periódico, tras sostener Pedro Sánchez su lucha contra la desinformación y el «fango». Moncloa no ha tenido más remedio que confesar sus tretas.

Esta confesión queda plasmada en la respuesta dada por la directora jurídica de Moncloa, firmada este 22 de diciembre, después de que este periódico le solicitase expresamente la «copia del Acuerdo del Consejo de Ministros que declara como materia clasificada los vuelos de la mujer del presidente del Gobierno». Un acuerdo que no existe.

De hecho, este escrito en poder de El Debate sostiene todo lo contrario: de ser secreto de Estado los viajes en el Falcon de la esposa de Pedro Sánchez, a afirmar que todo el mundo tiene acceso a la información relativa a sus viajes de la esposa del presidente.

Según asegura, «doña Begoña Gómez Rodríguez únicamente viaja en aeronave de las Fuerzas Aéreas y del Espacio acompañando al presidente del Gobierno, y estos viajes son objeto de publicidad activa a través de la página web de La Moncloa».

Esta frase echa por tierra el bulo que ha sostenido el Gobierno ante los senadores y que comenzó tras una exclusiva publicada por este periódico, en la que desvelaba que la mujer del presidente del Gobierno dispone de un pasaporte diplomático y usa aeronaves del Ejército para viajes personales. Tras la publicación, los parlamentarios del PP preguntaron por ello en la Cámara Alta, encontrándose con la mentira como respuesta. Un bulo que este periódico ha desmontado.

En concreto, el Ejecutivo señaló que «en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales, y modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre, tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección».

Sin embargo, el Gobierno abandonó este argumento ante las investigaciones de El Debate, tal y como consta en la documentación que obra en poder de este periódico. En ella se revelaba la existencia de viajes personales, y jamás mencionó la existencia de dichas limitaciones amparadas en la Ley de Secretos Oficiales, puesto que carece de base legal para ello.

Es más, la doctrina dictada al respecto del derecho a la información pública, tanto por parte del Consejo de Transparencia, como de los órganos judiciales, deja claro que esta clasificación no puede ser general y aplicable a todos los movimientos de la esposa del presidente, como pretendía el Ejecutivo, ya que se hurtaría a la ciudadanía de un derecho de rango constitucional, sino que para que sean considerados ‘secretos’ ha de «cumplirse la premisa principal, que es la existencia de una previa declaración de secreto».

Sin embargo, en el Senado, ante la ausencia de un mayor control en las respuestas parlamentarias se permitió el lujo de hacerlo, poniendo de manifiesto que esta contestación no era más que un nuevo bulo para tratar de proteger a Sánchez y a la propia Begoña Gómez y zanjar un asunto incómodo para Moncloa.

Moncloa reconoció que Begoña usa el Falcon para sus viajes personales

De hecho, el recorrido que ha seguido este periódico para que Presidencia confesase la existencia de dichos viajes no ha sido fácil, pues Moncloa respondió a la cuestión de forma extemporánea y, únicamente, cuando se vio acorralada por la existencia de una demanda interpuesta por los servicios jurídicos que asesoran a El Debate y admitida a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Solo entonces remitió una lista de tales viajes entre los que se encontraban el desplazamiento del matrimonio al concierto de despedida de Serrat o al homenaje de Almodóvar, en ambos casos urdiendo la excusa de que se tratan de actos presidenciales, los únicos que aparecían en la agenda de Pedro Sánchez.

También reconocía que, a estos viajes, a los que sumaba otros de carácter ‘protocolario’ como la asistencia a determinadas cumbres internacionales, «habría que añadir los traslados habituales a las residencias oficiales de descanso del jefe del Ejecutivo en Lanzarote (la Mareta), Huelva (Marismillas) o, en su caso, Toledo (Quintos de Mora) que se realizan en aeronaves de las Fuerzas Aéreas y del Espacio».

La demanda se sustenta en que Moncloa ignoró la resolución 2024-1057, dictada el pasado 19 de septiembre por parte del Consejo de Transparencia, en la que amparaba a El Debate en su intento de acceder a la «relación de medios de transporte aéreos oficiales utilizados por la mujer del presidente del Gobierno, acompañando o si acompañar al Sr. Presidente, con indicación del medio de transporte empleado, destino del viaje, escalas efectuadas y motivo de dichos desplazamientos, así como de aquellos otros utilizados que no se hayan realizado en medios oficiales pertenecientes al ejército español».

Sin embargo, al cierre de esta edición aún no ha dado total cumplimiento de todos los puntos, por lo que la demanda sigue su curso en los juzgados.