La Abogacía del Estado cuestionó a un general de Marlaska por modificar la compra de un buque de 35 millones

Un general del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contrató un buque para el Servicio Marítimo de la Guardia Civil por más de 35 millones de euros que recibió una fuerte crítica de la Abogacía del Estado durante su tramitación. El órgano, que depende orgánicamente del Ministerio de Justicia, pero que actúa de forma independiente, manifestó sus dudas sobre si se había actuado de forma «diligente».

El contrato en cuestión es para un buque oceánico multipropósito para la Guardia Civil. El fin de este buque es «aumentar y renovar» las capacidades logísticas y operativas de control de la inmigración irregular, la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. También está destinado a la vigilancia de fronteras, la protección del medioambiente marino y, en general, el cumplimiento de las tareas que la Guardia Civil tiene encomendadas en el ámbito marítimo, según se explica en el informe de valoración de una de las ofertas presentadas.

El contrato en cuestión, que tenía un precio base de licitación de 35 millones de euros, se terminó adjudicando por 34.900.000 euros a Astilleros Armon Vigo «al haber obtenido la mayor puntuación en base a los criterios establecidos en el PCAP [pliego de cláusulas administrativas particulares]», señala el acta de la mesa de contratación por la que se propuso a esta empresa de Vigo como adjudicataria.

Repuestos contratados que no se van a usar

No una, sino dos veces el contrato sufrió modificaciones y fue la segunda la que levantó ampollas en la Abogacía del Estado. ¿Por qué? Porque manifestó sus dudas respecto a la diligencia con la que actuó la Administración al no prever los cambios que se exigían en la modificación.

En concreto, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil —aparte de introducir algunas mejoras técnicas— quitó una serie de repuestos porque, sostiene, «tienen una elevada probabilidad de no ser requeridos durante el ciclo de vida útil del buque». Se refería, en concreto, a no instalar el casquillo de respeto para el cojinete, a no suministrar dos palas de respeto de las hélices y a reducir repuestos de mantenimiento programado de 5.000 horas a 2.500 horas. En los dos primeros casos, la Guardia Civil señaló que ya no eran necesarios basándose en la «dilatada experiencia con buques similares», recoge el acuerdo de modificación.

¿Era imprevisible?

La objeción de la Abogacía del Estado se basa en que apuntar de repente que los repuestos ya no son necesarios no basta para justificar una modificación no prevista en el contrato. ¿Era realmente imprevisible cuando se licitó el contrato o se ha reconsiderado después? La crítica de la Abogacía del Estado no es menor porque los cambios no previstos en un contrato público son muy estrictos.

El propio acuerdo de modificación -firmado por el jefe de servicios económicos de la Guardia Civil, el general Miguel Garijo Pintos- cita el artículo 205 de la ley de contratos del sector público que dice que una modificación no prevista solo puede hacerse si responde a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, si no altera la naturaleza global del contrato y si no supera el 50 por ciento del precio inicial.

Si se quiere modificar un contrato porque han cambiado las circunstancias, se debe demostrar que una administración diligente no podría haber previsto esa necesidad. La Abogacía no se queda satisfecha porque detecta que respecto a los repuestos la justificación dada por la Guardia Civil no es suficiente: la experiencia sobre si estos repuestos se usan mucho o poco en buques parecidos podría dar a entender que pudo haberse valorado antes de licitar.

La objeción que plantea la Abogacía es esencial porque podría afectar a la legalidad de la modificación contractual. Si no se justifica correctamente, los cambios podrían indicar una alteración arbitraria del contrato después de haberse adjudicado.

Una vez pedidas más explicaciones, se dieron: el astillero ofrecía un periodo de cuatro años de garantía para los nuevos equipos, cuando el pliego de prescripciones técnicas solo exigía tres. Además, se explica que finalmente se eligieron motores distintos a los previstos inicialmente, lo que alteraba la necesidad real de ciertos suministros. Estas explicaciones sí valieron a la Abogacía del Estado, que emitió informe favorable.

Otra modificación por casi 600.000 euros

Esta modificación no suponía un euro más; hubo otra que sí. La primera modificación del contrato del buque fue por 582.871 euros, quedando el total de la oferta en 35.482.871 euros. En este caso se quiso mejorar la embarcación auxiliar de intervención propulsada por motores fueraborda que permitan alcanzar en pruebas los 60 nudos (en lugar de los 50 iniciales); una equipación para ocho tripulantes (en lugar de cuatro); motores de mayor potencia, etc. Otra vez se invocó el artículo 205: circunstancias sobrevenidas e imprevisibles; no se cambia la naturaleza global del contrato y no se superan los límites económicos.

Las lanchas de los narcos «tienen mayores prestaciones»

En la modificación del contrato justifican los cambios asegurando que las cosas cambiaron respecto a cuando se compró la embarcación. «La situación con respecto a los problemas asociados al control de la inmigración irregular, así como la lucha contra el tráfico ilegal de sustancias en diversas zonas de las costas españolas, se ha ido complicando, al emplearse para la comisión de estos actos ilícitos embarcaciones de mayores prestaciones que las utilizadas por la Guardia Civil y otros cuerpos policiales».