Plus Ultra, una historia de apaños, millones y oscuras conexiones

Más allá. Eso significa literalmente Plus Ultra, y eso parece haber hecho la trastienda de Zapatero, con la ayuda de Pedro Sánchez y un sinfín de complicidades del máximo rango a ambos lados del Atlántico, para transformar el rescate de una aerolínea sin aviones en el epicentro de una tupida red de presuntas corrupciones que amenaza con volar la estabilidad de la mismísima Moncloa. Esta es la historia.

Sánchez ha defendido desde Bruselas la «pulcritud» del rescate de Plus Ultra, ya que se otorgó «conforme a todos los parámetros y exigencias» requeridos por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la sucesión de hechos que han rodeado el préstamo de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en plena pandemia no dicen lo mismo, pues ahora sus dirigentes están bajo la mirada de la justicia que les atribuye la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales, organización criminal, apropiación indebida y tráfico de influencias, mientras el Gobierno intenta por todos los medios esconder el expediente completo que tramitó a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el punto de encuentro de las tramas de corrupción que acorralan al Ejecutivo.

De hecho, la detención de los responsables de la aerolínea y la reunión de uno de ellos, el empresario Julio Martínez, tan solo 72 horas antes de que fuera arrestado, con José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los hombres de máxima confianza de Sánchez, en una finca de Patrimonio Nacional blindada por sus escoltas no han hecho más que avivar las sospechas acerca de las irregularidades del caso.

Estas sospechas arrancaron con la propia concesión del rescate, lo que llevó a la jueza del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, a investigarlo, aunque en enero de 2023 acordó el «sobreseimiento provisional de las actuaciones» debido a que se había agotado el plazo para el desarrollo de las pesquisas. Sin embargo, en el auto dejó claro que cualquier responsabilidad está en el seno del Gobierno, pues el Consejo de Ministros «fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra».

Por ello, El Debate se encuentra inmerso en una batalla judicial en el Tribunal Supremo con el Ejecutivo de Sánchez, ya que la SEPI se ha negado una y otra vez a entregar a este periódico todos los informes que conforman el expediente íntegro del rescate, pese a que la Audiencia Nacional ya dio la razón a este periódico en su sentencia del pasado 22 de marzo al estimar que la actuación del Gobierno «vulnera el derecho porque no fomenta, sino todo lo contrario, la transparencia y buen gobierno en España».

Además, la propia Audiencia destacó que «resulta innegable que existe un interés público en conocer dicho expediente ante la importante cuantía de dinero público concedido a una entidad privada», y sobre todo, una vez que el Gobierno no pudo probar que fuera estratégica, ya que «su solvencia ha suscitado dudas desde su creación».

De hecho, el Ministerio de Transportes, entonces liderado por el hoy procesado José Luis Ábalos, también puso todo tipo de trabas para acceder al informe que emitió su departamento analizando la situación de la aerolínea en el que se evidenciaba la fragilidad de la empresa mucho antes de la llegada del covid, aunque finalmente El Debate pudo hacerlo público.

En este informe se señalaba que «Plus Ultra ha venido mostrando una posición débil en resultados desde el inicio de su operativa. Desde 2015, todos los años ha cerrado sus ejercicios con pérdidas. Dichas pérdidas fueron especialmente negativas en 2017», evidenciando un trato de favor más que evidente, pues las empresas rescatadas debían haber entrado en crisis por la influencia en su actividad la pandemia.

Sin embargo, la fragilidad de la compañía era evidente, ya que, según el análisis efectuado por el Ministerio, “la cifra de negocios de Plus Ultra se encuentra lejos de las de otras compañías españolas, no solo del nivel de Iberia, Air Europa o Vueling, sino también del segmento de compañías con un volumen de facturación del entorno de los 500 millones de euros (como Iberia Express, Air Nostrum o Volotea).

La presión de Zapatero para que el Gobierno concediera el rescate

Precisamente en este punto es donde entra en escena José Luis Rodríguez Zapatero, un expresidente que siempre ha estado en el punto de mira por sus lazos con Venezuela, y que, según las informaciones publicadas, presionó José Luis Ábalos para conceder el rescate, con la supuesta colaboración del entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, que era el encargado de conceder a Plus Ultra la categoría de «empresa estratégica», requisito indispensable para poder acceder al fondo de apoyo creado por la SEPI.

Según explicó Víctor de Aldama, el empresario implicado en el ‘caso Koldo’ en el programa ‘Horizonte’ de Iker Jiménez, Zapatero le dice a Ábalos que tenía que rescatar Plus Ultra y que era necesario ese rescate por orden del propio Pedro Sánchez. Una sucesión de hechos a la que hay que añadir los mensajes encontrados por la UCO de la Guardia Civil en los móviles de Ábalos y Koldo García. El cruce de mensajes entre ambos es concluyente: «Está Zapatero ahora mismo reunido con el ministro de Inclusión y Seguridad Social en el ministerio de Trabajo para que lo sepas…». En Transportes, Ábalos no lo tenía claro y retardaba las gestiones: «Zapatero me presionó-señala Ábalos- para que diese a Plus Ultra el rescate. Me exigió que fuese de inmediato».

Así, finalmente el rescate se consumó y 53 millones de euros fueron a parar a manos de Plus Ultra y, precisamente, el «uso indebido» de ese dinero es lo que ahora vuelve a investigar la jueza Esperanza Collazos en una pieza declarada secreta que ha iniciado tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción en la que asegura que el dinero «se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad (Plus Ultra) por otras de la supuesta trama delictiva», que conformarían una presunta organización criminal asentada en Francia, Suiza y España.

En concreto, el dinero público español se habría usado para devolver unos préstamos a una empresa radicada Suiza, y a través de este entramado se habrían llevado a cabo operaciones de blanqueo de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía (fondos públicos de programas de distribución de alimentos subsidiados -CLAP- y ventas de oro del Banco de Venezuela)».

La casa de Zapatero en Aravaca como punto de encuentro

A esto hay que añadir que, según ha publicado El Debate, Zapatero utilizó su vivienda de Aravaca (Madrid) como uno de los principales escenarios para mantener contactos discretos relacionados con la operativa financiera de Plus Ultra. En concreto, entre los meses de septiembre y diciembre de 2023, periodo que coincide con las investigaciones en marcha, se celebraron cinco reuniones en esa vivienda.

La operativa consistía en que Zapatero se reunía con Julio Martínez, el empresario posteriormente detenido, en un camino del monte de El Pardo, en el que se marcaban los pasos a seguir y, tras ese encuentro inicial, el directivo se desplazaba para reunirse con Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, en restaurantes de La Moraleja, donde se afinaban los detalles y se trasladaban las directrices recibidas. Una vez concluida esa reunión, el empresario regresaba de forma inmediata a la vivienda de Zapatero.

No obstante, meses después de ese periodo de encuentros, y coincidiendo con una referencia relevante en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Zapatero vendió la vivienda de Aravaca y se trasladó a un chalet en Las Rozas, además de solicitar al Ministerio del Interior un refuerzo de su dispositivo de seguridad.

María Jesús Montero ayudó a Ábalos a dar 53 millones a Plus Ultra con el pretexto de la pandemia y a esconder el rescate

Pero al margen de Zapatero y Ábalos hay otra persona que aún permanece en el seno del Gobierno vinculada con el rescate de la que se habla poco. Se trata de María Jesús Montero, la responsable última de la SEPI y, por tanto, su voz en el seno del Consejo de Ministros, «el órgano que acordó y aprobó la subvención», según señaló la jueza.

De hecho, según explicó Aldama en ‘Horizonte’, tras las presiones de Zapatero y al ver que las cuentas de Plus Ultra no cuadraban, el ministro Ábalos llamó a la ministra de Hacienda, «que tenía auténtica pasión por José Luis, y le pide ayuda: «No te preocupes -le dice Montero, según Aldama- yo me encargo de la SEPI y te vamos a ayudar».

Además, tal y como ha publicado El Debate, Montero ayudó a Ábalos como nadie en el Gobierno para que prosperara la ayuda a la empresa hispanovenezolana y también hizo todo lo posible para esconder el expediente justificativo del costosísimo rescate, convirtiendo a la SEPI en una especie de «abogado defensor» de Plus Ultra en la negativa de la compañía a ofrecer explicaciones detalladas de su rescate con dinero público.

En concreto, la número dos de Sánchez se sirvió, para ese fin, del secretario de su consejo y director de asuntos jurídicos, Javier Morales Abad, que en un largo informe de 16 páginas de fecha 11 de enero de 2022, defendía que hacer públicos los entresijos del rescate supondría un «daño directo» para la aerolínea ya que implicaba «facilitar información comercial sensible relativa a sus estrategias comerciales y sobre sus relaciones comerciales, para su posterior divulgación en un medio de comunicación accesible al público, que sin riesgo de duda perjudicaría gravemente la capacidad competitiva y su posición negociadora en el mercado». Finalmente, y pese a la resistencia del ministro caído en desgracia y de la ministra ascendida luego por Sánchez, este periódico pudo acceder al expediente íntegro del rescate.

La SEPI está en el centro de las tramas que acorralan al Gobierno

No obstante, el papel de la SEPI en el rescate de Plus Ultra también es clave, pues el gran entramado empresarial público español está en el epicentro de gran parte de las presuntas tramas de corrupción que acorralan al Gobierno. Desde allí, por ejemplo, también se canalizó el rescate forma de préstamos por valor de 615 millones de euros a Air Europa y que el juez Peinado sigue investigando, ya que ha solicitado a la UCO que le informe sobre si han aparecido «nuevos» indicios sobre la posible vinculación de Begoña Gómez con la operación.

Además, a esto hay que añadir la polvareda desatada después de que Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI y nombrado tres semanas después de llegar Pedro Sánchez al poder, fuera detenido junto a Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE, y Joseba Antxon Alonso, vinculado a su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, por presuntas irregularidades en contratos públicos estimados en casi 133 millones de euros por los que habrían cobrado en torno a 750.000 euros en mordidas.

De hecho, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil practicó un total de diecinueve registros en Sevilla, Zaragoza y en Madrid, en búsqueda de documentación en Sepides, Enusa, Cofivacasa, Mercasa, y también en la propia SEPI, donde Guerrero siguió siendo de facto el presidente durante los casi 18 meses que el holding público estuvo sin dirección, cuando precisamente se llevó a cabo el rescate de Plus Ultra.