Casi 25.000 millones, en vilo: las armas que puede activar Trump contra España pese al paraguas de la UE

Hasta 25.000 millones en juego entre exportaciones e inversiones americanas en España. La amenaza de Donald Trump de cortar relaciones con España por la negativa del Gobierno a permitirle usar las bases militares peninsulares para atacar a Irán ha puesto en vilo al 4,3 % de las exportaciones españolas, que encontraron como destino los puertos americanos en 2025.

En concreto, entre enero y diciembre de 2025 España efectuó exportaciones por valor de 16.716 millones de euros. La cifra es un 8 % inferior a la del año anterior, y acusa el impacto de los aranceles prometidos por Trump a la Unión Europea (del 15 %, según se pactó el pasado mes de julio).

Por el contrario, las importaciones de productos estadounidenses repuntaron el año pasado un 7 %, alcanzando un valor de 30.174,7 millones. De hecho, el año pasado el déficit comercial con el país se ensanchó un 34,4 %, hasta los 10.013 millones de euros.

EE.UU. se ha convertido además en los últimos años en el segundo proveedor de España en gas natural, por las sanciones a Rusia. El año pasado el gas natural procedente de Estados Unidos con destino a España se disparó un 98 %, hasta los 111.660 GWh, lo que equivale al 30 % del total de las compras al exterior.

Trump utilizó específicamente el término embargo, que implica, según de Omar Rachedi, profesor de Economía y senior fellow de EsadeGeo, prohibir totalmente las transacciones con el país objetivo, una medida que EE.UU. solo ha aplicado con dictaduras como Irán o Cuba, y que tendría complicado justificar en el caso de España.

El marco legal sería la IEEPA, la International Emergency Economic Powers Act (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional). «Es una ley que permite al presidente, tras declarar una emergencia nacional vinculada a una amenaza externa, restringir o bloquear transacciones económicas». Podría, por ejemplo, congelar activos bajo jurisdicción estadounidense, prohibir pagos, limitar importaciones o exportaciones en determinadas formas, y ordenar un marco regulatorio de sanciones, según Rachedi, pero solo si la amenaza es «inusual y extrema».

Esta se aplicaría por el Departamento del Tesoro que tiene el poder de definir qué transacciones están prohibidas, gestionar licencias (autorizaciones) para excepciones, publicar listas de personas/entidades sancionadas, y coordinar la aplicación con bancos y empresas. «Aplicarlo a España sería extraordinario: no solo por el umbral jurídico-político de justificar una emergencia de ese tipo frente a un aliado, sino porque generaría previsiblemente represalias y un choque sistémico con la UE».

Aranceles a productos españoles

La pertenencia de España a la Unión Europea protege además al país de la imposición de un arancel específico. Pero el país está expuesto a posibles aranceles de diseño que pusieran en el foco los productos que vende de forma preferente en América, como el aceite de oliva, el vino o los derivados del petróleo.

Ya ocurrió, por ejemplo, con la aceituna negra, que sufre un castigo arancelario desde 2018 por parte de la Administración Trump que Biden no levantó, por las supuestas ayudas de Estado a Airbus. Esta opción, como ya ha informado este periódico, requeriría no obstante de un largo proceso de análisis. Pero Trump tiene otras alternativas más rápidas y quizá más eficaces.

«Trump tiene muchas armas a su alcance. Puede retrasar licencias tecnológicas o endurecer los controles de inversión sobre España», destaca Rafael Pampillón, catedrático de la Universidad CEU San Pablo y del IE Business School. Cabe recordar que EE.UU. es, de largo, el primer inversor extranjero en España, con algo más de 8.182 millones en 2023, el 29 % del total, e importantes desembolsos en los últimos años en sectores como los centros de datos.

Además, como recuerda Pampillón, Trump puede establecer obstáculos no arancelarios: «Podría endurecer los controles a los barcos españoles cargados con mercancía. Si llega un barco cargado con aceite de oliva, quizá podría no desembarcar por controles administrativos, o porque la carga la tiene que examinar un técnico que no está disponible... eso es mucho dinero que no se está rentabilizando».

«[Un castigo a España]Es difícil por la unión aduanera que es la UE, pero podría recomendar no comprar productos españoles», añade José María Rotellar, economista y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. De igual modo también podría «exigir definitivamente que cumpla con su aportación a la OTAN» y, en suma, «hacer la vida imposible en todo lo que pueda».

Otra herramienta a su alcance es denegar a las empresas españolas la posibilidad de acceder a contratos públicos en EE.UU., algo que impactaría especialmente a las grandes firmas de ingeniería y construcción, con una presencia creciente en el país. También golpearía a Navantia o a Indra, que mantienen contratos de defensa o tecnología en el país.

«Ahí podría hacernos mucho daño», anticipa Pampillón, que también cree que Trump podría poner sobre la mesa en último extremo la posibilidad de limitar el acceso de la tecnología americana a las empresas y ciudadanos españoles.

La única defensa, señalan los expertos, sería que la Unión Europea recupere la posibilidad de utilizar el instrumento anticoerción, que contempla imponer aranceles recíprocos como castigo a Washington, además de limitar el comercio o sancionar a personas jurídicas o físicas. Pero Bruselas ya mostró grandes reticencias a utilizarla el año pasado, cuando entonces estaba en juego el pacto comercial con todo el bloque comunitario, como recuerda Pampillón, por temor a una escalada aún mayor entre ambas orillas del Atlántico.