Armengol propuso a Illa que avalara el uso de los test covid de la trama como vía para abrir los aeropuertos

el último informe de la UCO sobre la trama de las mascarillas que ha llevado a sentarse en el banquillo al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García Izaguirre, ahora, señala a la presidenta del Congreso de los Diputados, la entonces presidenta de Baleares, Francina Armengol, como mínimo como presunta conocedora de que era Koldo el hombre del Gobierno adecuado para la adquisición de material sanitario en pandemia. La relación de familiaridad que ambos mantuvieron en diferentes intercambios de Whatsapp ha llevado a los investigadores a apuntalar la tesis de que Armengol fue la vía por la que la red, presuntamente, corrupta accedió a hacer negocios con las administraciones del archipiélago.

De hecho, durante la peor fase de aquella época en la que se aprobó el decreto del confinamiento, en abril de 2020, el Gobierno balear que presidía Armengol compró 1,48 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión, la empresa vinculada a Víctor de Aldama y recomendada por Koldo, por el que se pagaron un total de 3,7 millones de euros.

El material llegó antes incluso de formalizarse el contrato pero, sin embargo, algún tiempo después se descubrió que no respondía a la calidad requerida dado que, si bien se solicitaron unidades FFP2, para su uso hospitalario, llegaron quirúrgicas, de baja protección, que se almacenaron en una nave hasta que el Govern decidió reclamar la devolución de 2,6 millones de los pagados, tres años más tarde, cuando Armengol perdió las elecciones autonómicas frente a la popular Marga Prohens.

No es el único rastro de las decisiones con las que Armengol, presuntamente, mantuvo intereses cruzados con la principal empresa investigada. Un mensaje remitido por la socialista a Koldo, de noviembre de 2020 ha puesto también en la diana los test de antígenos o pruebas PCR que, por aquel entonces, se convirtieron en un mecanismo a través del que garantizar la movilidad aún restringida de los ciudadanos. Tal es así que, según las conclusiones de los investigadores, la presidenta balear propuso al que era ministro de Sanidad, Salvador Illa, que respaldase el material de Soluciones de Gestión a cambio de reabrir los aeropuertos, cuyo tráfico estaba limitado como resultado del confinamiento.

«H! Me acaba de llamar Illa. Esta semana me contesta a nuestra propuesta. Le he visto más predispuesto (...) Tendremos que seguir insistiendo«, decía Armengol. A lo que Koldo respondía un escueto pero significativo: »Serás jodida".

Así las cosas, la UCO ha documentado ingentes mensajes directos entre Armengol y Koldo García. No en vano, el día 25 de abril de 2020, Koldo se presenta ante ella como hombre de Ábalos y le ofrece un «avión repleto» de mascarillas que su administración no rechaza. Lo deriva, sí, pero facilita el contacto con el Servicio de Salud de manera que las pesquisas la señalan, en el último atestado entregado al Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, como el elemento clave que permitió entrar a la trama en las islas y embolsarse 3,7 millones de euros.

Más tarde, la propia Armengol acudía a Koldo para «hablar con el ministro», para pedirle ayuda con mascarillas infantiles («te lo arreglo») o, incluso, con la intención de favorecer la apertura del tráfico de viajeros. Al día siguiente, el exasesor quiso saber si Armengol había logrado contactar con Ábalos, pero la socialista le comunicó que había enviado un mensaje sin respuesta.

A cambio, se produjo una llamada del entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura: «¿Pedro te solucionó?». «Me dijo que lo ve factible. El problema es Sanidad. Pedro lo vio bien», explicó, entonces, Armengol. «Ahora hablo con él», zanjó Koldo.

Mientras, también ha quedado constancia de cómo uno de los colaboradores más estrechos de Aldama, Javier Serrano, celebró las adjudicaciones «a dedo» del Govern. «La primera» de ellas, por valor de 18.500 euros.

Y, todo ello, mientras en agosto de 2020, cuando ya se sabía que las mascarillas eran defectuosas, Baleares emitió un certificado alabando el «suministro satisfactorio» para que la empresa pudiera seguir concursando en otras administraciones públicas.