El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en Caudete

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la inauguración del nuevo cuartel de la Guardia Civil en CaudeteEuropa Press

Marlaska sustituye a los 180 guardias civiles de uno de los municipios más inseguros en Andalucía por policías

«Nadie desmantela una unidad así por razones técnicas. Se desmantela por razones políticas», responden desde la AUGC (Asociación Unificada Guardias Civiles)

Adiós a la Guardia Civil en Roquetas de Mar. Luis Ortega, general jefe del instituto armado en Andalucía y José Antonio Carvajal, coronel de la Comandancia de Almería, comunicaron a la plantilla que la implantación de la Policía Nacional en la ciudad almeriense supone la salida forzosa de 180 agentes y sus familias, que serán reubicados en otros destinos como Vícar. Las asociaciones de la Guardia Civil han denunciado «el desprecio del Gobierno» con el cierre del Puesto Principal en Roquetas, donde la Benemérita ha ejercido sus competencias durante décadas.

Según denuncian, esta decisión de Interior no responde «a necesidad operativa alguna». Jucil, por ejemplo, ha exigido que se frene su cierre y se permita compartir competencias con la Policía Nacional, cuyo desembarco se prevé a finales de este año. Temen que eliminar a la Guardia Civil en un municipio «con elevados índices de criminalidad» suponga «un grave error operativo».

En consecuencia, añaden, se produce un «desmantelamiento» del Cuerpo. «Roquetas de Mar es una de las localidades con mayor crecimiento demográfico y mayores índices de criminalidad de Andalucía», razonan, al tiempo que lamentan una decisión que puede perjudicar «tanto a la seguridad ciudadana como a la eficacia de los dispositivos judiciales». Abogan por hacer frente al planteamiento de Interior con un modelo de competencias compartidas que permita aprovechar la experiencia, el conocimiento del territorio y la capacidad operativa de ambas fuerzas, como sucede en otros 25 términos municipales de Andalucía.

Razones políticas, no técnicas

«Hablamos de una de las unidades con mayor carga de trabajo de España», vuelven a la carga desde la AUGC, «con más de 12.000 diligencias y más de 1.000 detenidos al año».

«Nadie desmantela una unidad así por razones técnicas», denuncia la asociación. «Se desmantela por razones políticas. Y no es un hecho aislado: Roquetas se suma a una lista creciente de demarcaciones, sedes e instalaciones que la Guardia Civil va perdiendo sin explicación. Mientras se cierran cuarteles por un lado y la UCO soporta presuntas presiones e injerencias que ya investigan los tribunales por otro, es legítimo preguntarse si lo que se persigue no es, sencillamente, que la Guardia Civil desaparezca de hecho, trozo a trozo, sin necesidad de derogar ninguna ley».

A este problema logístico, se suman los casos individuales de cada agente afectado, puesto que la disolución de unidad no garantiza destino en la localidad y les deja a merced de las vacantes que la Administración decida publicar, por lo que muchas familias se verán obligadas a abandonar sus hogares donde han pasado los últimos años.

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), ha pedido al Gobierno central que «corte» con su intención de sacar a más de 180 agentes del Puesto Principal de Guardia Civil del municipio con la próxima llegada de la Policía Nacional y reconsidere su postura para que ambos cuerpos puedan trabajar en esta ciudad con más de 110.000 habitantes mediante distintas demarcaciones.

«Quien tiene la responsabilidad es el Gobierno central y nos está fastidiando», ha repetido hasta en tres ocasiones el primer edil roquetero en unas declaraciones remitidas a los medios, en las que afirma que le «duele» a él y «a todos los roqueteros» el anuncio realizado por el general jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, en un encuentro mantenido este miércoles.

Amat ha considerado que el anuncio realizado por el mando a nivel andaluz debía haberse «hecho antes» ante la «incertidumbre» a la que se ha sometido a los agentes y sus familias, si bien confía en que la situación pueda dar la vuelta, para lo que ha ofrecido «colaboración».
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