Adamuz, seis meses después: «Seguimos sin saber nada; nos asusta muchísimo que el proceso judicial se alargue»

En la tarde-noche del 18 de enero de 2026, un tren Iryo que cubría la ruta entre Málaga y Madrid, descarriló a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz, invadiendo el carril contiguo. Al poco, un Alvia que hacía la ruta desde la capital de España dirección Huelva impactaba contra él. El siniestro dejaba 46 muertos, múltiples heridos y unas cicatrices que no cierran. Este sábado se cumplen seis meses de la tragedia.

Con motivo de este aniversario, las víctimas han denunciado «el desamparo y la parálisis» que vienen sufriendo desde entonces. Critican que siguen sin saber qué paso aquel día que cambió sus vidas: «Necesitamos que esto se esclarezca lo antes posible», ha criticado Mario Samper, presidente de la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz.

En declaraciones a EFE, Samper también ha criticado que las cosas «siguen prácticamente igual» que el día después del siniestro. A ello hay que sumar el malestar para los miembros que componen su asociación «por la falta de asunción de responsabilidades políticas» y el «temor a un proceso judicial que se dilate demasiado en el tiempo». «Otras asociaciones de víctimas de catástrofes nos hablan de más de una década de años de trámites judiciales; esto nos asusta muchísimo».

Ademas, creen que la tragedia «no ha servido para nada» puesto que en España se sigue prestando «un servicio ferroviario inseguro». En este punto ha recordado el escrito remitido recientemente por la asociación al Consejo de Ministros y al titular de Transportes, Óscar Puente, exigiendo la paralización cautelar de la red ferroviaria hasta que no se garanticen las garantías básicas de seguridad: «La única respuesta al documento ha sido declaraciones de representantes del Gobierno en medios de comunicación defendiendo el servicio y su prestación».

Qué se sabe desde entonces (y qué no)

Medio año después, la causa sigue abierta en dos frentes. La investigación técnica intenta reconstruir qué ocurrió en el descarrilamiento para saber qué medidas adoptar para evitar otra tragedia similar, mientras que la investigación judicial determinará las posibles negligencias.

La primera trabaja con la hipótesis de la rotura del carril, el cual se habría fracturado antes de que pasara el tren de Iryo. Ello habría provocado el descarrilamiento del convoy y la posterior invasión de la vía. Sin embargo, es una explicación que aún no puede darse por definitiva. Falta por determinar si esa fractura fue súbita, y por tanto, imprevisible, o si por el contrario existían señales previas que pudieron pasar desapercibidas.

Mientras la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios) se encarga de la investigación técnica, en Montoro, la juez Cristina Pastor avanza en la judicial. La magistrada calificó el accidente, en uno de sus últimos autos, fechado en junio de este año, como «un presunto delito de homicidio» que conlleva responsabilidad penal. Es decir, lo sucedido implicaría «negligencia o falta de cuidado» con posibles responsables y condenas por los hechos.

Desgraciadamente para las víctimas, la investigación judicial, cuyo objetivo no es solo saber qué causó el accidente, sino determinar si alguien debió evitarlo, se alargará hasta 2027, puesto que el informe definitivo encargado por la titular de la plaza en Montoro se alargará hasta 2027 al llevar a los peritos designados por ella unos nueve meses de trabajo, debido a su complejidad.

Según recogía el escrito al juzgado, se prevé desarrollar el dictamen «en un periodo de nueve meses, contados a partir de la recepción de toda la documentación necesaria que forma parte de los archivos del procedimiento». Sin embargo, dicho plazo podrá acomodarse «en el tiempo a las necesidades del juzgado».

El informe de los peritos es independiente de los trabajos realizados por la Guardia Civil y la investigación de la CIAF. Los técnicos designados por el juzgado de Montoro calculan que necesitarán más de 1.500 horas para realizar todo el trabajo, desde el análisis de la documentación, a la revisión de pruebas y ensayos. El objetivo es contar con un dictamen definitivo que confirme la principal hipótesis con la que se trabaja: el origen del siniestro estuvo en la rotura de la vía, y así depurar responsabilidades, tal y como exigen las víctimas.

Mientras, las familias de las 46 víctimas, así como todos los supervivientes de aquella funesta y negrísima noche, siguen esperando respuestas.