Zapatero y Sánchez contra las cuerdas: el ex presidente creó Análisis Relevante para cobrar el 1 % en diferido del rescate del Gobierno a las empresas que él señalara

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Plus Ultra', José Luis Calama, se asoma. este martes, al interrogatorio clave de la causa que se sigue contra el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero: el de su pagador, socio y considerado testaferro Julito Martínez Martínez. Lo hará con una confesión anticipada del empresario alicantino sobre su mesa dado que éste, una horas antes de la cita judicial, registraba un escrito en el que asegura que Zapatero estaba al frente de la «organización criminal» creada para blanquear dinero y que le permitió cobrar durante años el 1% de los rescates del Gobierno de Pedro Sánchez. Según la versión de Martínez, Zapatero «lideraba y dirigía la estrategia» del negocio y, a cambio, de una manera troceada y diferida, recibía sus comisiones irregulares de las ayudas concedidas.

Es decir, en el escrito dirigido por la defensa del empresario al magistrado y publicado por El Debate, Martínez se mostraba dispuesto a «colaborar y contribuir al esclarecimiento de los hechos que se investigan» y adelantaba que fue a propuesta del hombre de confianza de Zapatero, Javier de Paz, hoy presidente de Movistar+, por lo que se creó la empresa Análisis Relevante para que el ex presidente socialista cobrase 'mordidas' a cambio de conseguir que el actual presidente regase con dinero público a una serie de empresas que él señalaba.

No en vano, cabe recordar que Martínez es dueño de Análisis Relevante, investigada en el marco de la causa por los pagos bajo sospecha que habría realizado a Zapatero, a quien el magistrado sitúa como líder de una supuesta red de tráfico de influencias para obtener beneficios económicos a cambio de intervenir, presuntamente, en las concesiones de ayudas públicas a entidades españolas en apuros financieros, bajo el paraguas de la pandemia.

El primer cliente fue Plus Ultra

Así las cosas, la defensa de Martínez Martínez adelantaba en su escrito de seis páginas su intención de cooperar y reconocía que, en la supuesta trama orquestada por Zapatero, Plus Ultra fue uno de los primeros clientes. De hecho, la primera noticia que el empresario ha reconocido tener sobre la aerolínea se sitúa en mayo de 2020, «cuando Zapatero le adelantó que iba a recibir una llamada de los directivos de esta compañía». Y, sucedió, el 16 de mayo. Fue en dicha fecha cuando le contactaron Julio Martínez Sola, dueño de la misma y segundo delator del caso, y Roberto Roselli, el que fuera su CEO, también imputados, quienes le trasladaron «los problemas económicos de la empresa, de lo que ya le había puesto al corriente al expresidente Zapatero, y de la necesidad de buscar financiación» como fuera.

Una petición ante la que, de acuerdo al relato de la defensa de Martínez, el empresario «no tenía posibilidad alguna de obtener nada por sí mismo», por lo que «su misión consistía en intermediar entre cliente y consultor». Esto es, entre los directivos de Plus Ultra y Zapatero que era quien «marcaba los pasos a seguir» y que, en un primer momento, aconsejó a ambos directivos dirigirse, «de su parte», al vicepresidente del Banco Santander, en busca de un crédito ICO; y, también, solicitar apoyo a La Caixa, aunque «ninguna de esas vías dio resultado».

Fue entonces cuando tras crearse el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el 3 de julio de 2020, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuando «las gestiones de Plus Ultra se dirigieron a la obtención» de un rescate para lo cual a finales de ese mismo mes se firmó un contrato entre la aerolínea y Análisis Relevante -la empresa pantalla creada para la operativa irregular- en el que se fijaron «5.000 euros mensuales más el IVA» de honorarios.

Un acuerdo en el que su labor «consistió, fundamentalmente, en el acompañamiento del cliente» hasta conseguir el dinero necesario, mientras que «de todos los pasos que se iban dando estaba puntualmente informado Zapatero». El 26 de febrero fue el propio ex presidente quien le «comunicó» que «la SEPI iba a conceder el crédito solicitado por Plus Ultra» lo que Martínez, de acuerdo con su versión, «lo puso en conocimiento de los principales accionistas de la compañía aérea, Camilo Ibrahim y Rodolfo Reyes». El móvil de este último, analizado por los servicios de Inteligencia americanos y entregado por estos a las autoridades españolas es una de las pruebas críticas que incriminan al veterano socialista.

La concesión del polémico rescate de Plus Ultra se aprobó en Consejo de Ministros el 9 de marzo de 2021, previa aprobación del FASEE el 2 de marzo, y con ello en el órgano colegiado que preside Pedro Sánchez quien podría verse comprometido, de manera formal, si se acredita que la inyección del erario a la aerolínea se produjo como resultado de la influencia de Zapatero en uno o varios ministros de su Ejecutivo.

El mecanismo para ocultar la 'mordida'

«En cuanto al cobro de los honorarios pactados» y como puente a la presión mediática que en aquel momento existía sobre la financiación pública concedida a la aerolínea, la decisióm pasó por «diferir el pago a lo largo del tiempo, hasta 2026, y que parte de esas cantidades se facturaran a través de otras empresas relacionadas» con Zapatero. Un total de 71 facturas distintas generadas a lo largo de cinco años, entre julio de 2020 y noviembre de 2025.

«La cuantía abonada en concepto de honorarios por mediar en la obtención de la ayuda pública ascendió, aproximadamente, al 1% de la cantidad obtenida conforme a lo acordado», reza el escrito consignado por la defensa de Martínez. Lo que significa que, sobre un rescate de 53 millones de euros, la comisión pactada ascendió a 530.000 euros.

Sin embargo, el desglose total se artículó en 249.000 euros abonados al expresidente del Gobierno por Análisis Relevante -facturados de forma mensual como «honorarios por elaboración de informe»-, 110.799 euros atendidos por IOT Domotic Europe -como «gestión de vuelos operado por SACSA»-, 98.617 euros más de Voli Analítica -contra «servicios de gestión de vuelos Madrid-Caracas»- y, los 69.000 restantes, en especie, mediante 46 billetes de avión valorados en 1.500 euros cada uno, en clase bussiness, para vuelos trasatlánticos, con una sola factura, sin fecha de viaje asignada.

Todos ellos conceptos «inciertos» porque, entre otras evidencias, en los escritos entregados al juez Calama se reconoce que los presuntos dossieres de consultoría cobrados a Plus Ultra o bien «no existieron» o, en su caso, «eran irrelevantes para la aerolínea».

Ya en el auto en el que imputó a Zapatero, el juez situó a Martínez Martínez como interlocutor habitual de los clientes de la presunta red, como supuesto receptor y ejecutor de instrucciones directas del expresidente y como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.

Calama destacó entonces que Análisis Relevante había pagado un total de 490.780 euros a Zapatero y otros 239.755 euros a la sociedad What The Fav, esta última de las hijas del expresidente, por unos trabajos que, según el magistrado instructor, habrían sido ficticios y ocultarían, en el fondo, una contraprestación económica por su intercesión para la concesión del rescate público a la aerolínea.

Zapatero lo niega y pide la nulidad

En contra de lo anterior, durante su declaración como imputado, Zapatero reconocía haber recibido pagos de la sociedad de Martínez Martínez a cambio de la realización de trabajos de consultoría y negaba que el empresario fuera su «testaferro» o su «asistente». «Eso es radicalmente falso», resolvió el exdirigente socialista frente al juez Calama. Y hasta defendió quee la agencia de marketing de sus hijas había realizado trabajos reales para la empresa de Julito por lo que no se trataba de ninguna sociedad instrumental sino que los ingresos de la misma respondían a una actividad profesional,

Zapatero sí reconoció al magistrado que había sido él quien le había propuesto a su socio la prestación de «una colaboración formal con Análisis Relevante, a través de sus hijas, por servicios de comunicación que incluían un pago anual de 90.000 euros. Pero el ex presidente negó haber firmado para ello ningún contrato dado que por la «confianza» que ambos tenían, se hizo todo de manera verbal. Un extremo que el propio instructor le replicó sosteniendo que a sus ojos y a los de Hacienda esa operativa no era lo «normal».

Según el juez, también hubo una comida en el restaurante Portonovo de Madrid entre el empresario y Tomás Guerrero, a quien el expresidente calificó como «un compañero del PSOE» para la creación de una empresa offshore en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) por orden, supuestamente, del mismo Zapatero, a través de la cual se habría canalizado el cobro de presuntas comisiones ilegales por la presunta mediación en el rescate de Pluz Ultra. Al respecto de esta cuestión, el exlíder socialista aseguró que nunca había hablado con nadie sobre la creación de ninguna sociedad de ese tipo, negando la mayor e insistiendo, hasta la fecha, en la petición de nulidad de la causa.