Ceuta cortocircuita los planes del Gobierno y lleva la legislatura a su agonía final

Pedro Sánchez ironizó en varias ocasiones con que, después de hacer frente a una pandemia, a un volcán en erupción, a una dana mortífera, a las guerras de Ucrania e Irán y a incendios pavorosos, solo le faltaba una «invasión zombi». Y la realidad ha superado a la ficción. No con muertos vivientes, sino con los 80.000 inmigrantes que los días 30 y 31 de julio entraron en Ceuta con la complicidad, o la inacción al menos, de la Gendarmería marroquí. Parafraseando al propio presidente, ¿de quién depende la Gendarmería? Pues del régimen de Marruecos, obvio.

La invasión que profetizó el presidente no ha sido zombi, pero sí ha dejado zombi al Gobierno de España y a Sánchez. Hasta julio, el sanchismo fantaseaba con que a la vuelta del verano empezaría la recuperación. Sustentada, según decían sus feligreses, en cuatro fuerzas tractoras. Una, el acuerdo en torno a un real decreto ley sobre vivienda que esta vez sí fuera convalidado en el Congreso con los votos de Junts, no como los tres anteriores que ha llevado el Ejecutivo a la Cámara Baja este año. Dos, la aprobación en el Consejo de Ministros de unos Presupuestos de 2027 sumamente generosos, con un enorme gasto social, que sirvieran como reclamo electoral ante un hipotético adelanto de las generales.

Tres, el aval definitivo del Tribunal Constitucional a la aplicación de la ley de amnistía a Carles Puigdemont; toda vez que sus magistrados se reunirán el 22 de septiembre para empezar a estudiar los recursos de amparo presentados por varios cabecillas del procés contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar los delitos de malversación que estos cometieron. Y cuatro, el avance del nuevo modelo de financiación autonómica, que este viernes el ministro de Hacienda presentó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a las comunidades autónomas -a todas menos a Madrid, que no asistió- antes de elevarlo al Consejo de Ministros. Modelo que, recordado sea, fue pactado de forma bilateral con ERC. Ni siquiera con el Gobierno de Cataluña, que preside el socialista Salvador Illa.

Pero, como en el cuento de la lechera, el Gobierno tropezó con Ceuta y el cántaro de sus ilusiones quedó hecho añicos. El Pleno del pasado jueves mostró con toda su crudeza una legislatura que pide a gritos la hora porque no da más de sí. Mostró a un presidente acobardado frente a Marruecos, aferrado a un relato exculpatorio imposible y pagando su impotencia con la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Mostró a unos socios que no se creen una sola palabra suya.

También mostró a un Gobierno dividido, con la ministra de Defensa y el de Interior sin dirigirse la palabra ni molestarse siquiera en disimular su enfrentamiento, filtraciones envenenadas entre ministerios y los ministros de Sumar exigiendo a Sánchez que derive a la península a los inmigrantes ilegales que siguen en Ceuta, especialmente a los menores de edad. El gesto de Margarita Robles quedándose sentada mientras el resto del Gobierno y la bancada socialista fue significativo, pero más lo fue que un día después se hiciera público que, el martes 1 de septiembre, la ministra firmó el ascenso a coronel de la Guardia Civil de Antonio Balas y ratificó su continuidad al frente de la UCO. El azote de la corrupción sanchista, a quien Santos Cerdán y Leire Díez quisieron matar profesionalmente, seguirá haciendo su trabajo.

Mostró a un grupo parlamentario socialista exhausto, que aplaude mecánicamente. Ni Patxi López fue el jueves el que era. El recurso lacrimógeno del portavoz del PSOE a Aylan, el niño sirio ahogado en una playa de Turquía y cuya muerte conmovió al mundo hace 11 años, fue la señal inequívoca de que al PSOE no le quedan más cartuchos. Y mostró a una oposición pletórica, convencida de que Ceuta es el último clavo en el ataúd político de Sánchez.

Un desgaste que durará meses

Por lo pronto, el Ejecutivo ha asumido que el desgaste de esta crisis durará meses, tanto en el frente político como en el judicial y en el diplomático. En el primero, la Ley de Extranjería se ha convertido en un corsé legal y administrativo para el Gobierno, y las garantías que esta ofrece a los inmigrantes que siguen en Ceuta dilatarán las expulsiones. Que, además, han de estar sustentadas en expedientes individualizados. Eso con los mayores de edad, porque con los menores el proceso es aún más intrincado.

En el frente judicial, que como viene contando El Debate tiene muy preocupado al Gobierno, la investigación abierta por la jueza María Tardón en la Audiencia Nacional ha cogido vuelo. El Gobierno de Ceuta y el PP, que se han personado respectivamente como acusación particular y acusación popular, quieren que acabe en el Tribunal Supremo. Al informe del CENIF de la Policía Nacional le seguirá uno encargado por la magistrada a la Jefatura de Información de la Guardia Civil, que ya obra en poder de Tardón y en el que todas las miradas están puestas.

En el ámbito diplomático, el próximo jueves llegará al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva la proposición de ley que tanto enfadó a Marruecos una semana antes de la invasión, cuando fue aprobada en la Comisión de Justicia: aquella que otorgará la nacionalidad a los saharauis que nacieron en el territorio cuando era colonia española, así como también a sus descendientes. Con el 29 de septiembre de 1977 como fecha tope.

Sumar, el grupo proponente, había presionado mucho al PSOE para que la incluyera en el primer Pleno ordinario de septiembre a pesar de la coyuntura con Marruecos, y así será finalmente. No ha gustado a Marruecos eso ni tampoco el anuncio de la próxima visita de Felipe VI a Ceuta y Melilla, que según Sánchez será dentro de «semanas». Si son solo semanas, es imposible que para entonces la normalidad haya vuelto a la ciudad autonómica.

Con todo, en su entrevista de inicio de curso del lunes en la SER, el presidente abrió la puerta a lo que llamó un «adelanto técnico» de las elecciones con vistas a que se celebren antes de las municipales y autonómicas de mayo. Una opción que, tras lo ocurrido en Ceuta, es cada vez más factible.