El Gobierno mueve ficha por temor a la investigación de la Audiencia Nacional

El presidente del Gobierno decidió ayer cubrirse las espaldas en el Congreso por temor a que, en el marco de la investigación abierta en la Audiencia Nacional, surjan nuevos informes que señalen a Marruecos. Como el que el miércoles hundió el relato gubernamental, que consiste en exculpar al régimen de Mohamed VI y culpar a las mafias que trafican con inmigrantes por tergiversar una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de julio.

Ésa y no otra es la razón por la que Pedro Sánchez introdujo un matiz, o un futurible, en la versión que había venido manteniendo desde el 30 de julio y hasta ahora: «Si existieran pruebas sólidas contra Marruecos, actuaríamos con contundencia», prometió en su discurso inicial. Nada más empezar su segunda intervención, aseguró que el Ejecutivo actuará «con la debida contundencia cuando tengamos hechos contundentes, sólidos para poder concluir la autoría o la participación directa o indirecta de un tercer estado como es Marruecos, que a día de hoy no es el caso», afirmó, y añadió que ni siquiera el informe de la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras dice tal cosa. Aunque tanto la oposición como sus socios, incluido Sumar, han concluido que es evidente que los gendarmes marroquíes a los que alude ese documento seguían órdenes de arriba.

Las diligencias practicadas por la jueza María Tardón a petición del partido Iustitia Europa para esclarecer quién estuvo detrás de la invasión de la ciudad autónoma y si fue evitable o no han provocado una enorme preocupación en el Ejecutivo. Ello después de ver cómo un informe de la Policía Nacional que no pasó por las manos del director general de la Policía Nacional ni del ministro del Interior porque así lo ordenó la magistrada hacía añicos la versión oficial. De hecho, a Sánchez no le quedó más remedio ayer que reconocer por primera vez que la gendarmería marroquí «permitió el cruce de la frontera» el día 30 de julio, como sostiene el documento policial.

Y aún queda por conocer otro informe que Tardón encargó a la Jefatura de Información de la Guardia Civil el 4 de agosto para que le aclare si el Ejecutivo estaba avisado y no hizo caso de las advertencias. De ahí las cautelas de Sánchez, que por el contrario prometió publicar un dosier con todos los informes de situación que manejó el Ejecutivo en aquellos días. Pero es que el quid de la cuestión no está ahí, sino en los pasos que se den en la Audiencia Nacional.

El Gobierno ha decidido pasar a la acción para taponar una vía judicial que se le está complicando por momentos y que podría acabar en el Tribunal Supremo, como sostuvo este jueves Alberto Núñez Feijóo, dirigiéndose a Fernando Grande-Marlaska en su condición de aforado ante el Supremo. Por lo pronto, el líder del PP anunció que su partido se personará como acusación popular, como ya lo son Iustitia Europa y Hazte Oír.

Por un lado, y como contó El Debate ayer, la fiscal general del Estado decidió tomar el control de la causa después del informe del CENIF y, sobre todo, de sus consecuencias políticas. Teresa Peramato activó el artículo 25 del Estatuto Fiscal para poner el caso en manos del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Que releva así al fiscal en quien había recaído por turno, José Perals, quien ya se había mostrado partidario de abrir una causa por presuntos delitos contra la Seguridad del Estado y contra la Nación, que son los recogidos en la querella inicial.

En paralelo, el ministro Grande-Marlaska elevó una queja a la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo contra la jueza Tardón, por ordenar a los agentes que no compartieran con sus superiores la información que ella les había requerido como policía judicial. El responsable de Interior invocó el interés para la seguridad nacional de este caso. Sin embargo, Isabel Perelló lo frenó en seco: le devolvió la misiva recordando que la jueza de la Audiencia Nacional estaba en el «ejercicio de sus funciones constitucionales» y pidiendo el «máximo respeto» para ella.

El propio Sánchez sangró por esa herida en su comparecencia en el Congreso: «Tenemos que entender por qué el CENIF no remitió ninguna nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior. Por qué no se compartió con sus superiores ni con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado por parte de una jueza y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado», afirmó, encogiéndose de hombros. «Esto también tendrá que explicarse», avisó. O amenazó, más bien.

Como contó El Debate el miércoles, a través de sus terminales mediáticas habituales el Ejecutivo se está dedicando a desprestigiar a la Policía Nacional y a la jueza de la Audiencia Nacional, presentándose como una víctima de las cloacas policiales y judiciales. Nada nuevo respecto a lo que ya venía haciendo con los casos de corrupción que le afectan. Aunque casi al final del Pleno, de seis horas, Sánchez proclamó: «Dejemos trabajar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nosotros, absoluta transparencia».