Indemnizan a un almeriense absuelto de violencia de género que pasó siete meses en prisión preventiva

Pasó 224 días en prisión, algo más de siete meses entre rejas como sospechoso de un delito de violencia de género. Después de la absolución, la Audiencia Nacional ha acordado indemnizarlo por el daño moral y las consecuencias personales y familiares que le acarreó el ingreso en junio de 2021, dictado por el juzgado de Berja (Almería).

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente el recurso elevado por la defensa del perjudicado, el letrado Francisco Ferre, después de que el Juzgado de lo Penal número 3 de Almería absolviera a este ciudadano. La resolución de la Audiencia Nacional fija en 15.000 euros la cuantía total a percibir, de los que 4.800 corresponden al «daño moral» derivado de la privación de libertad.

Según señala Europa Press, que ha tenido acceso a la causa, el acusado ingresó como sospechoso de varios delitos de violencia de género, una situación que su defensa señaló como «injusta y evitable». A pesar de las peticiones para que se dictara la libertad, pasó siete meses en la cárcel, lo que derivó en una situación «irreparable» de «angustia» y «desazón» para el afectado. Su defensa pedía una compensación de hasta 33.600 euros.

Pérdidas económicas

El tribunal presidido por la magistrada Ana María Sangüesa añade a los 4.800 euros de «daño moral», un total de 10.200 euros más de intereses legales en concepto de lucro cesante, ya que este agricultor autónomo de Berja dejó de percibir ingresos en ese tiempo en que estuvo en el centro penitenciario.

El tribunal ha calculado esta cifra en base a la declaración de la renta de 2021 del perjudicado y en función de las circunstancias y el tiempo de duración de la medida cautelar. La cifra se situaría muy por debajo de los 55.600 euros que el demandante reclamaba en su cálculo de pérdidas al no haber podido afrontar la campaña de melón y sandía.

La Sala rechaza el resto de indemnizaciones solicitadas por el perjudicado, quien solicitaba casi 97.000 euros, al considerar que algunos conceptos como los gastos en defensa jurídica no son indemnizables en este tipo de reclamaciones acorde a la ley, mientras que otros conceptos, como los gastos familiares de desplazamiento que han tenido que soportar sus familiares para visitarlo en prisión, se basan en cálculos estimativos no contrastables.