El expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García, en una imagen de archivoDiputación de Almería

Caso Mascarillas

El juez ordena a la UCO rastrear los móviles de seis empresarios de la trama del PP de Almería

La instrucción revela la «aparente existencia» de una dinámica de funcionamiento instaurada en la Diputación de Almería que «habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos»

El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso, clonado, volcado y visionado de los teléfonos móviles de seis empresarios del sector de la construcción involucrados en el caso Mascarillas, que investiga presuntas mordidas a través de contratos ligados a la Diputación almeriense y el Ayuntamiento de Fines.

El magistrado José Manuel Rey Bellot, encargado de la instrucción, accede a la petición efectuada por el departamento de investigación económica de la UCO a fin de elaborar un informe con el que tratar de esclarecer presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación de caudales públicos.

En un auto emitido el pasado 2 de enero, el magistrado facilita el acceso al contenido de los terminales de los empresarios investigados, quienes ya fueron llamados a declarar en dependencias policiales el pasado mes de noviembre cuando se detuvo al expresidente de la Diputación de Almería Javier Aureliano García y su exvicepresidente segundo, Fernando Giménez, entre otros.

La instrucción revela la «aparente existencia» de una dinámica de funcionamiento instaurada en el seno de la Diputación de Almería que, en términos generales, «habría permitido la adjudicación fraudulenta de contratos públicos, haciéndolo en base a intereses personales y económicos y sin tener en cuenta los principios rectores de la contratación pública».

En este sentido, la trama iría más allá de la adjudicación por más de dos millones de euros del contrato inicialmente investigado para la adquisición de mascarillas, guantes y otro material sanitario en la fase más aguda de la pandemia de covid-19, ya que, según los autos, se habría servido de otras adjudicaciones de contratos de obras y servicios.

Para ello, se observan indicios de una estructura formada por dos planos: el primero, una serie de cargos públicos que la habrían posibilitado y propiciado, beneficiándose también de la misma económica y personalmente, y el segundo, constituido por una serie de sociedades y empresarios que habrían participado de ella, bien como adjudicatarias de estos contratos, bien propiciando que otras empresas lo hicieran.

Beneficios para un hermano de Liria

La investigación se centra ahora en el papel de seis empresas y sus responsables, entre los que figura el hermano del exvicepresidente tercero y exdiputado provincial de Fomento de la Diputación, Óscar Liria, quien mediante la empresa Pulconal «tenía pleno conocimiento y percibía un cinco por ciento del beneficio de los contratos adjudicados por la Diputación Provincial de Almería a la sociedad».

También se apunta como una de las empresas con más intereses en la supuesta trama a la mercantil OYC Servicios Urbanos, cuya «verdadera titularidad» se atribuye al exalcalde de Fines y a su hijo, también investigados por este caso, si bien se investiga además a una pareja que actuaba como accionista de la empresa y como administrador solidario.

Junto con estas dos empresas, la investigación pone ahora el foco en otras seis mercantiles más, dirigidas por otros cuatro empresarios, quienes podrían haberse beneficiado de la trama mediante la adjudicación de contratos. Todos ellos «podrían disponer de indicios relevantes para el esclarecimiento» de los hechos, por lo que se autoriza la exploración de sus teléfonos.

La investigación nace de la adjudicación del contrato público de suministro de material sanitario concedido por la Diputación de Almería a la empresa Azor Corporate Ibérica a través de un decreto firmado por Javier Aureliano García el 8 de abril de 2020 por 2.036.186,24 euros partiendo la propuesta de Fernando Giménez.

Para el juez, «existen claros indicios de que tal contratación se produjo de forma ilícita», entre otros aspectos, ante el «vínculo familiar» entre Óscar Liria y el representante de la sociedad Kilian L. y ante la existencia de gestiones para la compra de material previas a la propia adjudicación del contrato.