Investigan a un diputado del PSOE andaluz por su papel en un aval irregular de 1,3 millones de la Junta

El juez del caso Avales –procedimiento abierto por presunta corrupción en los avales concedidos por la Agencia IDEA durante la etapa de gobierno del PSOE en Andalucía– ha pedido permiso al Parlamento autonómico para investigar al actual diputado socialista Gaspar Llanes. La decisión se enmarca en una pieza separada sobre una ayuda presuntamente irregular de 1,3 millones de euros y adjudicada en 2005 a la empresa Pickman La Cartuja SA.

José Ignacio Vilaplana, magistrado de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dirige la investigación y atribuye al diputado posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. Cabe señalar que Gaspar Llanes, gurú económico del PSOE andaluz cuando Juan Espadas era su líder, fue secretario general de Economía de la Junta de Andalucía durante nueve años, entre 2010 y 2019, y adjunto en dos etapas anteriores (1994-1995 y 2000-2007).

En un auto fechado el pasado 21 de diciembre, el juez recuerda que Llanes ocupa un escaño desde las elecciones del 19 de junio de 2022, lo que activa «la prerrogativa del aforamiento que atribuye al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía la competencia para la 'inculpación, prisión, procesamiento y juicio' de Diputados autonómicos por la perpetración de 'actos delictivos cometidos en el territorio de Andalucía'».

Sin embargo, el magistrado considera que la causa puede seguir instruyéndose en su juzgado en esta fase inicial. Según expone, «resulta pertinente continuar con la práctica de diligencias (al menos, las pendientes de recepcionar y las que se acuerdan en la presente resolución), a fin de depurar la instrucción jurisdiccional y concretar los indicios de criminalidad que pudieran existir frente a dicho aforado».

Por este motivo, Vilaplana no estima necesario elevar todavía una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, encargado de juzgar a diputados autonómicos por su aforamiento. El juez invita, además, a Gaspar Llanes a declarar de forma voluntaria y a designar abogado para ejercer su defensa durante la instrucción, subrayando el carácter incipiente de la investigación y la necesidad de precisar responsabilidades concretas.

La investigación se centra en un «aval propio» concedido por la Agencia IDEA por valor de 1,3 millones de euros, con una duración de diez años y una comisión anual del 1,5 %, que fue aprobado el 21 de noviembre de 2005. Con ese aval, la Junta de Andalucía respaldó con dinero público un préstamo de 1.625.000 euros que la empresa Pickman suscribió con Caja San Fernando.

A pesar de la situación crítica de la empresa, el Consejo Rector de IDEA decidió refinanciar el préstamo en marzo de 2011. El juez indaga el papel desempeñado por Llanes en esa decisión, que habría provocado una pérdida de 1,3 millones de euros a las arcas públicas. Por lo pronto, en el auto se afirma que el aval se concedió por un «arbitrario voluntarismo» de antiguos altos cargos del PSOE.

En su resolución de 57 páginas, el magistrado concluye que la ayuda no se otorgó por «razones de legalidad» y que no existían «razones técnicas que permitieran, desde una perspectiva jurídica y financiera, justificar la concesión de esta ayuda». Además, señala que se conculcó la legalidad vigente y que existían evidencias de la imposibilidad de recuperar los fondos, que finalmente no fueron reintegrados.