Imputan a varios ex altos cargos de la Junta socialista por unos avales millonarios a una empresa amiga

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha citado a declarar como investigadas a 18 personas, entre ellas varios ex altos cargos de la Junta de Andalucía socialista, como el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y los exviceconsejeros Jesús Rodríguez Román y Agustín Barberá, por la concesión «indebida» de un aval de 1,19 millones de euros por parte de la Agencia IDEA a la sociedad Grupo TPM.

El auto judicial, notificado esta semana a las partes personadas, atiende una solicitud formulada por la Fiscalía Anticorrupción en un informe fechado el 18 de diciembre de 2020. En esa resolución, el magistrado acuerda prorrogar la instrucción del procedimiento durante seis meses, fijando como nuevo límite el 21 de junio, y establece que las declaraciones de los investigados se realizarán entre los días 17 y 25 de febrero.

Así, Francisco Vallejo deberá comparecer el día 17, mientras que Agustín Barberá lo hará el 18 y Jesús Rodríguez Román, el 25. El juez considera necesario escuchar a los investigados para esclarecer las circunstancias en las que se otorgó el aval con fecha del 30 de septiembre de 2008 y la actuación de los responsables de la Agencia IDEA en su proceso de adjudicación, que se desarrolló entre los años 2008 y 2009.

Además, el instructor ordena librar oficio al actual director de la Agencia IDEA, Francisco Javier Peláez, para que remita, «a la mayor brevedad posible», toda la información y documentación relacionada con la concesión de ayudas al Grupo TPM. Entre los documentos solicitados figuran informes, borradores, comunicaciones, actas de reuniones, memorandos, correos electrónicos y cualquier otro soporte que permita reconstruir todo el proceso.

En concreto, el juez reclama datos sobre dos incentivos directos por importes de 1.040.366 euros y 106.639 euros, así como sobre dos incentivos reembolsables que ascienden a 10.159.820 euros y 903.717 euros. Asimismo, solicita un informe que aclare si dichas ayudas «han sido efectivamente abonadas por IDEA», acompañado de la documentación justificativa que acredite los pagos realizados durante los ejercicios 2008 y 2009.

El auto incluye también una orden dirigida a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que, a petición de la Fiscalía, deberá ampliar el atestado para identificar a los directivos, responsables o representantes del Grupo TPM que «habrían podido tener participación en la concesión, desarrollo, seguimiento y ejecución irregulares del aval».

El magistrado señala que en este procedimiento se investigan presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, que estarían vinculados con la concesión de avales al Grupo TPM «sin concurrencia o cumplimiento de los requisitos y presupuestos objetivos habilitantes para ello», como la situación de crisis empresarial y la previsión de viabilidad futura, según la Orden de 5 de noviembre de 2008 y normas sucesivas.

Estos avales se suman a otras 1,5 millones de euros en ayudas sociolaborales concedidas por la Consejería de Empleo, configurando una «inyección continuada» de dinero público a la empresa, que se había declarado en concurso voluntario de acreedores en 2005. Según el auto, hasta 19 empresas, además del Grupo TPM, podrían haber recibido fondos públicos en circunstancias similares, lo que refuerza las sospechas sobre la ilegalidad de los avales.