La pieza en cuestión investiga la ayuda de 1.180.000 euros concedida desde la Agencia IDEA a la sociedad cooperativa Cofrutex
Corrupción
El ex jefe jurídico de la Junta de Andalucía, amigo personal de Manuel Chaves, a un paso del banquillo
Francisco del Río fue absuelto en la pieza política del caso ERE, pero ahora se enfrenta a una casi segura investigación por «presuntos delitos de prevaricación y malversación»
El fundador del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, órgano que dirigió durante treinta años, con cuatro presidentes andaluces diferentes (1982-2012), está cerca de ocupar un puesto en el banquillo de los acusados.
El juez José Ignacio Vilaplana, que instruye el caso de corrupción de los avales de la Agencia IDEA (Innovación y Desarrollo de Andalucía), ha procesado a Francisco del Río Muñoz, premiado por el Gobierno de Zapatero con la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort en 2010, por la «posible perpetración de delitos de prevaricación y malversación», según pública ABC. La pieza en cuestión investiga la ayuda de 1.180.000 euros concedida desde la Agencia IDEA a la sociedad cooperativa Cofrutex.
Del Río era en 2008 vocal del consejo rector de esta agencia pública, que decidió conceder un aval millonario a esta cooperativa «de manera absolutamente injustificada y arbitraria», según se lee en el auto del juez.
En aquel acto en San Telmo, donde fue condecorado por el entonces Ejecutivo socialista, también estuvieron presentes Manuel Chaves, que se refiere a él como su «amigo», y el entonces presidente autonómico, José Antonio Griñán. Los tres acabaron compartiendo banquillo de los acusados en la pieza política del caso ERE. Si bien los dos expresidentes socialistas fueron condenados por fraude, el tribunal de la Audiencia de Sevilla absolvió a Del Río, así como al ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.
Durante aquel juicio, el antiguo jefe del Gabinete Jurídico de la Junta dijo que esos 700 millones del caso de los ERE se repartieron a espaldas del organismo que dirigía, asegurando que a él «nunca» le pidieron los preceptivos informes jurídicos. Además, contó al tribunal que su departamento no actuaba como órgano de control,, sino que solo intervenía «a demanda» cuando así se lo solicitaban desde la Administración.
