Montero respalda a Puente tras la tragedia de Adamuz: «Ha actuado con absoluta transparencia»

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado este jueves su apoyo explícito y ha enviado un mensaje de «ánimo» al ministro de Transportes, Óscar Puente, ante las dudas que hay en torno a su gestión de la red ferroviaria tras la tragedia de Adamuz (Córdoba), con 46 víctimas mortales y centenares de heridos de diversa consideración.

A preguntas de los periodistas en una rueda de prensa en Sevilla, en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Montero ha defendido que «nunca antes, ante una situación como la que hemos, desgraciadamente, tenido que ver» como consecuencia del accidente ferroviario, «ha habido ni tanta información ni tanta transparencia ni tanto avance de los estudios de investigación que se están realizando por parte de la Comisión Independiente de Accidentes Ferroviarios» (CIAF).

«Con ello lo que quiero decir es que el ministro Puente ha actuado con absoluta transparencia, con mucho rigor, anticipando información para dar certidumbre a la población, desplegando todos los medios necesarios para evitar, con motivo de los temporales, que haya nuevas incidencias» en forma, por ejemplo, del «corte de alguna línea, justamente por la situación que se ha provocado con motivo de la lluvia», ha añadido la dirigente socialista.

María Jesús Montero ha reivindicado que Óscar Puente ha estado «al frente de una situación muy compleja, que sobre todo ha supuesto mucho dolor a todas las familias que han perdido algún familiar, que han tenido algún herido o que tienen todavía algún herido» en proceso de una recuperación que ha deseado que «sea muy pronta».

La número dos del Gobierno ha asegurado que desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez seguirán «en esta dirección de esclarecer la verdad, trasladándole a la opinión pública todo aquello que se considere que haya podido estar involucrado en la causa del accidente, o medidas que se puedan poner en marcha, que nos permitan prevenir también para el futuro».

«Los primeros interesados en conocer lo ocurrido somos el propio Gobierno de España», según Montero, que ha defendido que «las recomendaciones que se planteen» por parte de la CIAF «será fundamental para desarrollar todas aquellas tareas adicionales» que desde dicha instancia entiendan que «podrían contribuir a que, en el futuro, acontecimientos y situaciones de este tipo no se pudieran repetir».

Comparación con la gestión en Angrois

La vicepresidenta ha querido trasladar «todo el apoyo al ministro Puente» y mandarle «todo el ánimo, porque el accidente que hemos vivido ha sido gravísimo», y «la gestión de esta catástrofe nada tiene que ver con la que se produjo» tras el siniestro ferroviario registrado en Angrois (Galicia) en 2013, en la etapa del Gobierno de Mariano Rajoy, cuando «en ningún momento ni se crearon comisiones de investigación ni se dieron explicaciones, e incluso todavía hay familias que no han cobrado las indemnizaciones».

En ese punto, Montero ha reivindicado la puesta en marcha, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, «de forma excepcional y pionera», de «un paquete de medidas y ayudas»y que el Ejecutivo va a anticipar el dinero correspondiente a la responsabilidad civil vinculada al accidente para posibilitar que, por ejemplo, aquellas familias con un fallecido en el siniestro puedan recibir una indemnización de «en torno a 215.000 euros».

La vicepresidenta ha puntualizado que desde el Gobierno van a ir «monitorizando» esta cuestión y se han desplegado «unidades de seguimiento, de apoyo, de atención» a víctimas en las subdelegaciones del Gobierno más afectadas, «sobre todo en la provincia de Huelva, que tiene un mayor número de personas afectadas, pero también en la de Málaga, y en otros lugares de España».

María Jesús Montero ha concluido apuntando que espera que «esa personalización en el trato permita que toda esta tarea que tienen que desarrollar las familias la hagan desde el acompañamiento, desde la empatía y con las menores dificultades posibles», desde la premisa de que el «objetivo» del Gobierno es «facilitarles las solicitudes y todo aquello para que no haya ninguna burocracia que retrase la llegada de esas ayudas».