Un barrio de inmigrantes magrebíes se convierte en zona restringida para las bicicletas eléctricas de Almería

Las llamadas 'no-go zones' son áreas donde se restringe el funcionamiento de determinados servicios porque se consideran problemáticas o de alto riesgo, generalmente por vandalismo o robos. Este fenómeno, documentado en varias ciudades europeas, ha llegado a Andalucía. En Almería, por ejemplo, el barrio de El Puche se ha convertido en una zona restringida para las bicicletas eléctricas de alquiler, que se desactivan automáticamente al entrar en ciertas calles.

El Ayuntamiento de Almería puso en marcha este servicio de bicicletas eléctricas de alquiler el pasado 12 de febrero. Se trata de un proyecto piloto que se desarrollará durante un año y que funciona a través de Hoppy y Bolt. Cuando una bicicleta se acerca a El Puche, la aplicación de Hoppy muestra el siguiente mensaje: «Zona prohibida. Tu vehículo dejará de funcionar aquí. Si eso sucede, abandona la zona para activarlo nuevamente».

La gestión de las 'no-go zones' depende de cada empresa. Hoppy bloquea directamente la asistencia eléctrica del motor al ingresar en una zona prohibida. Bolt mantiene activo el servicio, pero aplica sanciones económicas si se deja la bicicleta en alguno de estos lugares. «No puedes terminar el viaje aquí. Dejar el vehículo en esta zona conllevará una multa de 30,00 €», advierte la compañía estonia. Ambas utilizan un sistema de geovallado para rastrear cada unidad.

El Puche es el barrio con mayor concentración de población inmigrante de Almería. La mayor parte de sus residentes son de origen magrebí, principalmente de Marruecos, y musulmanes. Se da la circunstancia de que también registra la mayoría de los incidentes relacionados con robos y vandalismo de vehículos compartidos en la ciudad. No en vano las empresas operadoras decidieron aplicar restricciones de uso.

Estas limitaciones no se circunscriben exclusivamente a El Puche. Las aplicaciones muestran otras zonas de Almería con sombreado rojo, como partes de Pescadería, La Chanca, Las Trincheras y el mirador de San Cristóbal. Por el resto de la ciudad circulan actualmente unas 250 bicicletas. El objetivo es poner en servicio 600 unidades (300 de cada operador). La experiencia se evaluará al cabo de un año para decidir su continuidad y posibles ajustes en la política de restricciones.

Este tipo de exclusión técnica ya se ha implementado en ciudades europeas con alta concentración de población magrebí y musulmana, como París (Francia), Bruselas (Bélgica) o Malmö (Suecia), donde los servicios de movilidad compartida han renunciado a operar por el coste del vandalismo y los robos.

El Ayuntamiento de Almería reportó el robo de una bicicleta hallada en el maletero de un coche en el municipio vecino de Pechina pocos días después del lanzamiento del proyecto, llamado a hacer una ciudad «más limpia, silenciosa y humana» y a convertirse en «alternativa real para ir al trabajo, estudiar o realizar gestiones diarias», según la alcaldesa. Un modelo de movilidad que, al menos por ahora, no opera en barrios como El Puche.