Oleada de empadronamientos falsos de inmigrantes en Almería antes de la regularización masiva del Gobierno

Almería sufre una oleada de empadronamientos falsos de inmigrantes ilegales que coincide en el tiempo con los planes del Gobierno para regularizar a medio millón de extranjeros que viven actualmente en situación irregular en España. La Policía Nacional ha llevado a cabo en las últimas semanas varias operaciones que han destapado redes criminales que se dedicaban a obtener permisos de residencia de manera fraudulenta a personas sin papeles en la provincia.

La Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Almería ha recibido documentación que ha permitido a la Policía descubrir incluso casos de inmigrantes que habían sido empadronados en una vivienda con papeles de una persona fallecida. La investigación policial facilitó la identificación y posterior detención de los responsables de la trama como autores de delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

En otros casos ha sido el propio dueño quien se ha dado cuenta de que había inmigrantes empadronados en su domicilio sin permiso y lo ha denunciado ante la Policía Nacional, que ha podido así iniciar la pertinente investigación y desarticular a una banda criminal que pedía hasta 1.200 euros a cada extranjeros para obtener o renovar de forma ilícita sus autorizaciones de residencia.

El entramado captaba a ciudadanos extranjeros en situación irregular a través de dos intermediarios, quienes los ponían en contacto con un tercero encargado de gestionar la documentación necesaria para simular la residencia en determinadas viviendas.

El cabecilla de esta trama elaboraba contratos de arrendamiento, autorizaciones y otros documentos utilizando plantillas idénticas en las que únicamente variaban los datos de arrendadores y arrendatarios. También asesoraba a los interesados e incluso los acompañaba a dependencias municipales para formalizar los trámites administrativos, sin que los extranjeros llegaran a residir realmente en las viviendas en cuestión.

La Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) es la encargada de llevar a cabo este tipo de operaciones, con la colaboración de otros departamentos de la Policía Nacional. De hecho, una actuación del Grupo de Respuesta Nocturna –creado por la Comisaría Provincial en octubre– dio pie a la llamada operación Hurón, que ha servido para desmantelar otra red de empadronamientos falsos.

Todo comenzó cuando unos agentes que realizaban un control rutinario en pleno centro de Almería identificaron a un hombre que circulaba en un vehículo con actitud sospechosa. Entre sus pertenencias hallaron autorizaciones de empadronamiento correspondientes a un cortijo de la pedanía de Venta Gaspar donde figuraban inscritas varias personas de origen extranjero.

Los documentos presentaban claros indicios de manipulación, por lo que los policías procedieron a su intervención y posterior traslado al grupo UCRIF. Las pesquisas permitieron constatar que las autorizaciones habían sido falsificadas a partir de originales y confeccionadas por uno de los copropietarios del inmueble, quien imitó las firmas del resto de los dueños sin su consentimiento para empadronar a tres inmigrantes ilegales a cambio de importantes sumas de dinero.

Los certificados falsos fueron presentados primero en la Oficina de Recursos Demográficos del Ayuntamiento de Almería, logrando un alta indebida en el padrón con plena validez jurídica, y luego en la Oficina de Extranjería para solicitar la regularización. Dos de los extranjeros implicados fueron detenidos por un delito de falsedad documental al usar dichos papeles. Días después, fue arrestado el principal responsable de la trama por falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal.

Efecto llamada

Toda esta oleada de casos coincide con los planes del Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar de forma extraordinaria a inmigrantes que vivan actualmente en España de manera irregular. Basta con demostrar cinco meses de estancia en el país para obtener un permiso de residencia. Se prevé que la medida beneficie a medio millón de personas.

Los sindicatos policiales advierten de un colapso operativo sin precedentes en las unidades de Extranjería y Fronteras, así como del efecto llamada que puede provocar esta regularización. La Comisaría General de Extranjería y Fronteras eleva la cifra de beneficiarios directos hasta 1,25 millones, un número que podría incrementarse aún más si se tienen en cuenta las reagrupaciones familiares y los solicitantes de protección internacional que desistan de sus expedientes para acogerse a esta vía más rápida.

En un informe de la propia Comisaría General de Extranjería y Fronteras se alerta también de que la medida puede favorecer la entrada de elementos «potencialmente terroristas», debido a la laxitud de los requisitos exigidos y a las dificultades materiales para verificar antecedentes penales en un volumen tan elevado de expedientes.