Un informe policial alerta que la regularización de inmigrantes puede favorecer la entrada de elementos «potencialmente terroristas»

Desde que el Gobierno anunció la regularización masiva de inmigrantes, numerosos informes y fuentes de la Policía, tal como ha venido contando El Debate, han alertado de los riesgos que esto puede traer, desde un efecto llamada que colapse los centros de inmigrantes –lo que está ocurriendo en Ceuta– hasta el desbordamiento del cuerpo policial. Ahora, un documento elaborado por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, al que ha tenido acceso El Debate, incide en esos potenciales problemas.

Concretamente, el informe, de carácter técnico y estratégico, sostiene que la regularización masiva prevista –a ejecutar en plazos muy breves– puede facilitar la entrada y posterior regularización de personas vinculadas «a actividades criminales o potencialmente terroristas», debido a la laxitud de los requisitos exigidos y a las dificultades materiales para verificar antecedentes penales en un volumen tan elevado de expedientes. También alerta que favorecerá «una sensación de inseguridad en la vía pública».

De hecho, uno de los aspectos más sensibles del análisis policial es el relativo al control de antecedentes y la dificultad del mismo. La vía de regularización denominada «única» exige acreditar una permanencia continuada en España de tan solo cinco meses, un plazo que los expertos consideran claramente insuficiente para detectar posibles causas penales abiertas o antecedentes en otros países. Además, la Policía alerta de que, en la mayoría de los casos, no constarán antecedentes penales en España simplemente porque no ha transcurrido el tiempo necesario para que un procedimiento judicial concluya. A ello se suma que el solicitante puede omitir su residencia previa en otros Estados, lo que impediría detectar antecedentes en terceros países de la Unión Europea.

Especial preocupación genera la posibilidad de suplir el certificado de antecedentes del país de origen mediante una declaración responsable, una opción que el informe considera inaceptable desde el punto de vista de la protección de los intereses generales. «No se puede dar por acreditada la carencia de antecedentes penales con la mera palabra del solicitante», advierte el documento, que subraya el riesgo de regularizar perfiles peligrosos sin una verificación efectiva.

Aunque el foco principal del informe es la seguridad, la Policía también desmonta las cifras manejadas por el Gobierno. Frente a las estimaciones oficiales de unas 500.000 personas, los cálculos internos elevan el número de beneficiarios directos hasta aproximadamente 1,25 millones, una cifra que podría incrementarse aún más si se tienen en cuenta las reagrupaciones familiares y los solicitantes de protección internacional que desistan de sus expedientes para acogerse a esta vía más rápida.

Según el análisis policial, este volumen –muy superior al previsto– multiplica los riesgos operativos y hace inviable un control riguroso de cada caso dentro de los plazos fijados.

El documento también alerta de un efecto llamada, alimentado por la difusión de la regularización en redes sociales y canales utilizados por mafias de tráfico de personas. La Policía advierte de la aparición de mercados negros de documentación falsa para acreditar estancias en España y del previsible desplazamiento de inmigrantes desde otros países del espacio Schengen hacia territorio español.

Colapso operativo en Extranjería

Por último, desde el punto de vista operativo, la Policía advierte de un colapso inasumible en las Oficinas de Extranjería y en las Brigadas de Extranjería y Fronteras. La expedición masiva de Tarjetas de Identidad de Extranjero, la tramitación de cédulas de inscripción para quienes carezcan de pasaporte y la elaboración de informes policiales individualizados sobre cada solicitante supondrán una carga de trabajo que el propio informe califica de «exorbitada».

Además, el texto cuestiona que el decreto se tramite por vía urgente, al considerar que la necesidad no es sobrevenida y que la Administración no está preparada técnica ni materialmente para aplicarlo de forma inmediata. Pese a todas estas advertencias, que se suman a las ya anunciadas previamente, el Gobierno parece seguir adelante con su idea.