El Gobierno reforma la Ley de Memoria Democrática para indemnizar a la familia de García Caparrós

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la ampliación de indemnizaciones aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez para las personas fallecidas o con lesiones incapacitantes «por su actividad en defensa y reivindicación de la Democracia» entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978.

Se trata de una disposición adicional que modifica la Ley de Memoria Democrática para ampliar esta compensación, que antes solo alcanzaba a quienes hubiesen perdido la vida entre 1968 y 1977, e incluir así como beneficiario a Manuel Jesús García Caparrós, el joven sindicalista que falleció por un disparo de la Policía durante la manifestación por la autonomía de Andalucía el 4 de diciembre de 1977 en Málaga, tras la negativa del Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, a concederle la condición de víctima del terrorismo.

La modificación también aumenta la cuantía de la indemnización, que la ley de memoria histórica de 2007 cifró en 135.286,50 euros por fallecimiento. Ahora alcanza los 250.000 euros, cantidad que recibirá la familia de García Caparrós, convertido con el paso de los años en una especie de mártir del andalucismo.

Además, el montante se incrementa de 90.191 euros a 180.000 por «incapacidad permanente absoluta» y de 135.286,50 euros hasta los 500.000 euros por «gran incapacidad». Los afectados que ya percibieran una indemnización en base a la normativa de 2007 podrán solicitar la diferencia.

El dinero está exento de tributación por IRPF y se abonará «directamente a las propias personas» en caso de lesiones y a los hijos y el cónyuge en supuestos de fallecimiento. Si no existieran, la percibirán –en orden excluyente– los padres, los nietos, los hermanos –en el caso de García Caparrós, sus hermanas– y los hijos de la persona conviviente.

El Gobierno de Pedro Sánchez afirma que las compensaciones establecidas en la ley de 2007 apenas alcanzaron «a la cuarta parte de las solicitudes presentadas» y «ha planteado dudas» sobre si «cubrió todos los supuestos» que «puedan considerarse adecuados» para quienes «lucharon por la libertad y la Democracia».

Así justifica la ampliación del marco temporal, al considerarlo «inferior» al que establece la Ley de Memoria Democrática de 2022, que lo fija entre el inicio de la Guerra Civil (1936) y la entrada en vigor de la Constitución (1978).

Las nuevas cuantías se han calculado «teniendo en cuenta el tiempo transcurrido» desde 2007, y «homologándolo con otros regímenes reparadores», según se recoge en el texto publicado en el BOE.