Marlaska presume de inversión contra el narco en Andalucía sin atender el clamor de los agentes

Son constantes las quejas de sindicatos policiales y colectivos de profesionales sobre la falta de medios para combatir el narcotráfico en Andalucía. Esta situación se ha agravado recientemente con el uso de armas de guerra por parte de las mafias, que muestran una violencia y un sentimiento de impunidad que contrasta con la autocomplacencia del Ministerio del Interior, que saca pecho por los resultados de su plan de seguridad.

Tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno de España, en julio de 2018, el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska diseñó el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, una estrategia llamada a combatir el narcotráfico en una zona especialmente afectada por esta problemática.

El Organismo de Coordinación de Operaciones contra el Narcotráfico, más conocido como el OCON-Sur, formaba parte de este plan. Nació en noviembre de 2018 en el seno de la Guardia Civil como unidad de élite en la lucha contra los clanes de la droga, convirtiéndose en su criptonita. De hecho, en sus cuatro años de existencia protagonizó grandes operaciones, realizando más de 10.000 detenciones e incautando más de 1.400 toneladas de droga.

Sin embargo, en septiembre de 2022, Marlaska desmanteló el OCON-Sur por «cuestiones operativas», a pesar de sus resultados y de la oposición de los profesionales. En cierto modo, esta decisión, unida a la falta o la obsolescencia de medios en los cuerpos policiales, envalentonó a los clanes de la droga, que se sienten cada vez más impunes.

Así las cosas, con el tiempo se han producido diversos tiroteos con agentes heridos, además de la tragedia de Barbate, donde una narcolancha arrolló y acabó con las vidas de David y Miguel Ángel en febrero de 2024. Este suceso no ha supuesto el punto de inflexión esperado por sus compañeros, que no paran de reclamar más medios para enfrentarse a unas mafias cada vez más violentas y poderosas.

Promesa de refuerzos

La respuesta del Ministerio del Interior ha sido una nota de prensa emitida este lunes para anunciar la dotación del V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar para este 2026. Con 38,2 millones de euros, 1,3 millones más que el año anterior, se «financiarán el refuerzo de las plantillas policiales y la mejora de la dotación de medios materiales, tecnológicos y de apoyo a las actividades de investigación e inteligencia policial».

En concreto, las medidas de cobertura de plantillas y de refuerzo operativo cuentan con un presupuesto de 18,8 millones para 2026, mientras que se prevé destinar 19,4 millones a los medios materiales, que «se sumarán a los que ya están llegando a las distintas unidades (cascos y placas balísticas para los chalecos antibalas, transportes de intervención securizados y medios de investigación) en virtud de expedientes de adquisición tramitados a finales de 2025 por valor de 21.385.893 euros», según Interior.

El departamento de Marlaska también promete «un refuerzo de las medidas de autoprotección de los agentes durante sus intervenciones policiales, en las que deberán participar unidades tácticas con dotación armamentística adecuada al máximo riesgo previsible durante la actuación operativa»; así como intensificar «el control de las rutas fluviales de introducción de las sustancias estupefacientes en el país con recursos policiales aéreos, marítimos y terrestres, así como la investigación del tráfico ilegal de armas».

La nota de prensa también destaca los resultados del plan en años anteriores, con 47.862 operaciones policiales desde julio de 2018 hasta el pasado 31 de diciembre, de las que 33.463 ya están judicializadas. Además, se han intervenido 2.179.973 kilos de droga, la mayoría hachís, y 2.146.127 litros de gasolina para el petaqueo de narcolanchas.

Según Interior, «el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar ha permitido recuperar espacios antes dominados por redes criminales, debilitar la estructura logística y financiera del narcotráfico, incrementar la actividad policial con eficacia y continuidad, mejorar los recursos y capacidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y reforzar la presencia del Estado en un enclave estratégico»; un discurso que choca con la realidad operativa de los agentes.

Rafael Maldonado, secretario provincial de Jucil (Justicia para la Guardia Civil) en Almería, ha advertido recientemente en declaraciones a El Debate que los agentes trabajan con recursos muy inferiores a los que emplean los clanes de la droga, y también ha alertado de que «las narcolanchas llegan día tras día a la costa andaluza. Algunas se interceptan, pero muchas otras no».

Entre las medidas que reclama la asociación profesional se encuentra la restitución del OCON-Sur, no contemplada en el V Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, al igual que el reconocimiento de profesión de riesgo. Son dos de las reivindicaciones de quienes se enfrentan a diario a esta problemática, que está cada vez más presente en Andalucía, puerta de entrada de la droga –y de la inmigración ilegal, negocio incipiente del narco– en Europa.