El juez abre causa contra el expresidente de la Diputación de Almería por su viaje a Madrid con dinero público

El juez del caso Mascarillas de Almería ha acordado abrir una pieza separada para investigar un viaje a Madrid realizado en junio de 2025 por el expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García. Según el auto judicial, dicho desplazamiento se habría efectuado con dinero público sin que existiera «ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial» que lo justificara.

La decisión del magistrado se basa en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. En este documento, presentado el pasado 24 de febrero, los agentes ponían el foco en varios viajes abonados con dinero público pese a ser «personales». Estas conclusiones han llevado al juez a considerar que podrían haberse cometido irregularidades.

En concreto, el instructor aprecia indicios de posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. No obstante, también subraya que estos hechos son «completamente diversos de los que se investigan» en la causa principal del caso Mascarillas. Por este motivo ha decidido que esta nueva pieza se reparta entre otros juzgados de instrucción de Almería.

El informe policial detalla el viaje realizado los días 26 y 27 de junio de 2025, en el que el expresidente se desplazó a Madrid acompañado por su jefa de gabinete, María del Mar González Zamora. Los gastos de transporte y alojamiento, que ascendieron a 1.892,84 euros, fueron sufragados por la Diputación. Sin embargo, según la investigación, no existe constancia de la «causa legal que generó la autorización de tales gastos».

Si bien el viaje se escudó en una supuesta reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de la que García ocupaba por entonces el cargo de presidente de la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares, la investigación policial reveló que el expresidente no llegó a pisar la sede de la entidad ni mantuvo encuentros institucionales. En cambio, sí quedaron registrados movimientos como estancias en hoteles, paseos por la ciudad y una cena en un restaurante.

El gasto de este desplazamiento fue autorizado por el entonces vicepresidente segundo de la Diputación, Fernando Giménez, quien también figura como investigado en la causa. Este detalle refuerza las sospechas del juez sobre la posible utilización indebida de fondos públicos para fines ajenos a la actividad institucional.

Esta nueva investigación se separa del núcleo original del caso Mascarillas, que se centra en la presunta adjudicación irregular de contratos públicos durante la pandemia. En concreto, el origen del procedimiento está en un contrato de dos millones de euros para la compra de material sanitario en uno de los momentos más críticos de la crisis sanitaria.

A raíz de ese contrato, por el que fue detenido en 2021 el exvicepresidente tercero Óscar Liria, la investigación se amplió a otros acuerdos sospechosos. Según el juez, estos contratos habrían sido adjudicados «en consonancia con la participación de terceros y mercantiles que actuaron en connivencia con aquellos» con el objetivo de obtener beneficios ilícitos. Actualmente, la causa cuenta con 43 investigados.

Las pesquisas judiciales apuntan a posibles delitos de cohecho, blanqueo de capitales, fraude en la contratación pública y malversación cometidos entre 2016 y 2021. Entre los indicios figura el pago de comisiones de entre 200.000 y 400.000 euros vinculadas a la adjudicación «fraudulenta» de contratos a determinadas empresas.

Además, la investigación describe una dinámica «presuntamente ilegal» en la adjudicación de hasta 16 contratos a empresas que habrían simulado actividad. Este sistema, con la Diputación como «eje» de la trama, se habría llevado a cabo con el «pleno conocimiento, aquiescencia y participación» de responsables políticos.