Javier Aureliano García, expresidente de la Diputación de Almería, en una imagen de archivo
Javier Aureliano García camufló un viaje a Madrid para ir de compras cargándolo a la Diputación de Almería
La UCO eleva a 43 los investigados en el caso Mascarillas por presuntos delitos relacionados con la contratación pública
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investiga, en el marco del caso Mascarillas, la existencia de un flujo de dinero cuyos destinatarios finales fueron los propios cargos de la Diputación de Almería. Un informe destaca indicios sobre la percepción de fondos por parte del expresidente y exvicepresidente de la institución provincial, Javier Aureliano García y Fernando Giménez (PP).
La UCO ha podido detallar el modus operandi del que se sirvió la trama para integrar dichos fondos, que podrían provenir de los sobrecostes en los contratos de suministro de material sanitario, en el circuito legal. La operativa incluye el uso de cuentas de familiares y la instrumentalización de una comunidad de bienes «para canalizar dinero de origen desconocido».
Los agentes han puesto el foco en un viaje a Madrid que tuvo lugar en junio de 2025, cuyo coste cargó García, que viajó a la capital española «junto a una colaboradora de su equipo de confianza», en las arcas de la institución. El desplazamiento se justificó con una asistencia a una reunión en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que nunca existió. A cambio, lo que hubo fueron «actividades privadas» como comida y otras actividades de ocio, así como compras en el centro de la capital. La UCO ha concluido que no se pudo acreditar actividad institucional alguna vinculada a este viaje, que respondió única y exclusivamente a motivos personales.
Sube a 43 el número de investigados
Además, la investigación ha elevado a 43 los investigados en el caso Mascarillas, que analiza diversas líneas relacionadas con contratos públicos de la Diputación de Almería, según consta en un oficio policial remitido al juzgado instructor.
El documento, incorporado a las diligencias previas que instruye la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Almería, sitúa a los investigados en varias líneas de investigación vinculadas, entre otras cuestiones, a la adjudicación de contratos de suministro durante la pandemia y a otros expedientes tramitados por el Área de Fomento, Agricultura y Medio Ambiente de la institución provincial.
La cifra de investigados se desprende del informe elaborado por la UCO y remitido al juzgado dentro de las diligencias previas abiertas por presuntos delitos relacionados con la contratación pública, según la documentación judicial a la que ha tenido acceso EFE.
El juez instructor ha acordado la declaración como investigados de todos los señalados en el informe policial, incluidos administradores o representantes legales de las sociedades mencionadas en el mismo.
La vicesecretaria general y portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, ha advertido este lunes de que el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, «no tiene que estar muy tranquilo» tras las últimas informaciones publicadas sobre el caso, y ha añadido que «a ver los tentáculos de la mafia del Partido Popular en Almería hasta dónde llegan».
«Lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que el tiempo es el mayor aliado de la verdad», ha señalado Márquez antes de remarcar que «Almería entera sabe lo que pasa y lo que lleva pasando durante todos estos años en las instituciones donde ha gobernado el Partido Popular en Almería».
Tres grandes bloques
Este contrato, firmado en abril de 2020 por importe superior a dos millones de euros, habría servido para generar un retorno de fondos ilícitos mediante sobrecostes de aproximadamente un millón de euros. Según la UCO, este dinero se habría distribuido entre cargos públicos con la connivencia de Óscar Liria, entonces vicepresidente de la institución.
La segunda vía analiza una serie de contratos licitados por la Diputación que habrían permitido la adjudicación fraudulenta de expedientes a empresas como Pulconal u O.Y.C. Servicios Urbanos. La UCO ha indicado que estas sociedades formaban parte de un «plan preconcebido» para obtener lucro económico ilícito aprovechando la capacidad de decisión de Liria en materia de contratación.
En esta red habrían participado numerosos empresarios y otros cargos públicos, como el jefe de sección C.J.G.
El tercer bloque apunta a la existencia de un flujo de dinero en efectivo que acabó en los bolsillos de los dirigentes provinciales, como parece desprenderse del mencionado viaje a Madrid camuflado como trabajo.
