Presos 'tiktokers' en Almería: tres móviles retirados a la semana para evitar vídeos desde prisión

El Centro Penitenciario de El Acebuche, la cárcel provincial de Almería, se ha convertido en el paradigma de una realidad cada vez más extendida en las prisiones españolas, como es la presencia masiva de teléfonos móviles y su uso por parte de presos. Para colmo, algunos presidiarios difunden imágenes de su vida entre rejas a través de plataformas como TikTok, a pesar de la constante lucha de los funcionarios contra la entrada de dispositivos electrónicos en las instalaciones.

Basta un simple vistazo para comprobar todo este contenido publicado en TikTok. Las imágenes no deberían existir. Sin embargo, circulan libremente en redes sociales y tienen miles de visualizaciones. Lo que a primera vista podría parecer una escena cotidiana en un albergue o residencia de estudiantes –jóvenes relajados, compartiendo comida y risas– ocurre en realidad tras los muros de cárceles como El Acebuche, donde varios internos se muestran como si fueran influencers.

Y no es por una supuesta pasividad de la administración penitenciaria. De hecho, los funcionarios de El Acebuche denuncian esta realidad y se afanan por controlar la entrada de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos. Es la falta de personal y de medios materiales lo que convierte esta batalla en un desafío permanente, que obliga a redoblar esfuerzos para mantener la seguridad en el centro.

Los números reflejan tanto la intensidad del problema como el trabajo realizado. En 2025, la cárcel de Almería lideró las incautaciones de dispositivos electrónicos a nivel nacional, con 195 requisados en un solo año. En el último lustro, la cifra asciende a 756 móviles intervenidos, alrededor de tres cada semana, según datos del sindicato 'Tu abandono me puede MATAR' (TAMPM). Es decir, la vigilancia existe, pero el flujo de terminales es constante.

Las vías de acceso de estos dispositivos son múltiples y cada vez más sofisticadas. Por un lado, se detectan filtraciones a través de personas que acceden al centro y que, en algunos casos, no están sometidas a controles tan exhaustivos como los familiares. Por otro, la evolución tecnológica juega a favor del contrabando, con teléfonos de tamaño reducido, con componentes plásticos y capaces de esquivar detectores convencionales.

A estos métodos se suman otros más tradicionales y algunos emergentes. El lanzamiento de paquetes desde el exterior, lo que en el argot se conoce como volteo, sigue siendo habitual, mientras que el uso de drones introduce una amenaza creciente, al permitir el envío directo de dispositivos al interior de los patios. Todo ello configura un escenario en el que la seguridad se ve constantemente desbordada por la creatividad de quienes buscan burlar el sistema.

El problema se agrava por la obsolescencia de los recursos disponibles. El Reglamento Penitenciario vigente data de 1996, una época en la que la tecnología actual era inimaginable. Además, los inhibidores de frecuencia instalados en las cárceles, diseñados para redes antiguas, han quedado desfasados, dejando zonas sin cobertura bloqueada que facilitan la conexión a internet desde el interior.

Ante esta situación, los sindicatos han planteado soluciones concretas, como la incorporación de unidades caninas especializadas en la detección de dispositivos electrónicos. Estos perros podrían identificar baterías y componentes con gran eficacia, actuando como un refuerzo clave para los registros y reduciendo la carga de trabajo de los funcionarios en las requisas manuales. Toda medida es poca para acabar con esta realidad que circula por redes sociales cada vez con más frecuencia.